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Bruselas obligará a informar desde 2016 de los pactos fiscales de empresas

Juncker presenta una propuesta para limitar la ingeniería fiscal tras el escándalo Luxleaks

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker AFP

La crisis plantea cuestiones fundamentales sobre la forma de vida europea. Europa envejece, es menos pujante que otras zonas del mundo, su banca sigue despertando dudas y, en fin, lleva un lustro de Gran Recesión. Pero por el lado fiscal, que ha provocado draconianos ajustes, la crisis obedece básicamente a dos factores. Uno coyuntural: la UE ha rescatado a sus bancos y eso ha disparado la deuda pública. Y otro estructural: Europa permite a sus grandes empresas que paguen muy pocos impuestos de forma legal. La Comisión Europea de Jean-Claude Juncker, asediada por el escándalo Luxleaks, presenta este miércoles una vuelta de tuerca legislativa para tapiar ese segundo agujero: Bruselas propone, según los documentos a los que ha tenido acceso este diario, que todos los Estados se retraten en las prácticas ventajosas que permiten a las multinacionales asegurarse un pago testimonial de impuestos (por debajo del 1% de sus beneficios en los casos más flagrantes) a costa de hurtarle esos ingresos a otros países.

El brazo ejecutivo de la UE presentará a mediodía de este miércoles una de las prioridades de Juncker: impedir los ventajosos acuerdos legales que permiten a las grandes compañías eludir prácticamente toda la tributación. El documento de la Comisión supone un primer paso importante —aunque la ambición final está aún por definir y dependerá de los Gobiernos— en esta dirección, aunque solo cubre un aspecto determinado de esa erosión fiscal que deja cada año sin ingresar alrededor de un billón de euros en toda la UE, según datos del Ejecutivo comunitario.

A partir del 1 de enero de 2016 los socios de la UE deberán desvelar esos marcos hechos a medida (los llamados tax rulings) para que las empresas alivien su carga fiscal. Cada país trasladará al resto la información relativa a dos tipos de acuerdos, los que Bruselas considera más dañinos: los tax rulings transfronterizos y los acuerdos sobre precios de transferencia. En el primer caso, se trata de esquemas legales que permiten a una multinacional desviar el beneficio allí donde la tributación es más ventajosa: Apple paga el 2% en Irlanda incluso por las compras que hace en España, y McDonald’s el 1,4% de sus beneficios en Luxemburgo, según la propia Comisión. A través de complejas operaciones entre matrices y filiales (por ejemplo, préstamos), las empresas consiguen situar sus bases sujetas a tributación donde les conviene.

En el segundo caso, se trata de los acuerdos previos que fijan precios ventajosos de transferencia —para compraventas y otras operaciones entre empresas del mismo grupo— y que pueden ser abusivos desde el punto de vista del mercado. Los países deberán proporcionar esa información al menos de manera anual y de forma homogénea. Ese será uno de los principales problemas porque hasta ahora los Estados miembros tienen cientos de esquemas similares, pero con características muy diferentes. La Comisión Europea deberá tener acceso a esos datos y elaborará un informe periódico sobre las diferentes prácticas.

Bruselas obligará a informar desde 2016 de los pactos fiscales de empresas

El simple intercambio de información suena poco coercitivo para impedir unas prácticas que laminan sensiblemente los ingresos públicos, pero Bruselas cree que constituye una herramienta eficaz para luchar contra la evasión fiscal. Con esos datos, “los Estados miembros tendrán la información necesaria para decidir si tienen derecho a gravar al beneficiario de un tax ruling de otro Estado miembro”, asegura el texto. Esa transparencia “permitirá fijarse en las lagunas existentes que algunos contribuyentes usan para desviar el beneficio de un Estado a otro”. Es decir, la Comisión confía en que si España descubre, por ejemplo, que una determinada multinacional desvía artificialmente el beneficio generado en España a Luxemburgo, pueda reclamarle que abone lo que debe.

Hasta ahora los Estados no tenían obligación de informar sobre esas prácticas, salvo petición expresa. De este modo, los Veintiocho tendrán una perspectiva clara de las ventajas fiscales excesivas de cada país. Los datos preliminares de la Comisión muestran que este tipo de esquemas son numerosos: solo en precios de transferencia previamente pactados, Bruselas contabiliza 545 acuerdos: una quinta parte, en Luxemburgo. España es el cuarto país con un mayor número.

Es probable que los Estados miembros consideren invasiva esta reclamación de información, que pese a todo tiene un gran potencial para elevar los ingresos públicos de cada país. No resultará sencillo. El Consejo —esto es, los Veintiocho— estudian desde hace tiempo una propuesta de la Comisión para armonizar las bases imponibles del impuesto de sociedades, un proyecto estancado.

Bruselas cree que este es el momento de ponerle el cascabel fiscal a las multinacionales tras el estallido del escándalo Luxleaks, que destapó acuerdos entre 400 empresas (entre ellas Amazon o Disney) y el Gobierno luxemburgués para aligerar su factura fiscal. Bruselas ya investiga esos acuerdos desde la órbita de Competencia. Pero la Comisión subraya el alto grado de “insatisfacción social” entre los contribuyentes, “que ven cómo los impuestos sobre el trabajo están en torno al 35%, el IVA ha subido del 19% al 21,5% desde 2000” y en cambio las empresas, con un tipo efectivo medio superior al 20% en sociedades, pactan acuerdos “que llegan a reducir su imposición efectiva al 1%”, según la propuesta.

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