Andorra interviene BPA por blanqueo de capitales
EEUU acusa a la entidad de canalizar dinero del crimen organizado
El Gobierno de Andorra ha intervenido este martes la Banca Privada de Andorra (BPA) tras recibir un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que define al banco como “una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”. Las autoridades norteamericanas acusan a tres “altos ejecutivos” de BPA de haber facilitado, a cambio de sobornos y comisiones, operaciones vinculadas a la actividad de grupos criminales, en especial de Rusia y China. BPA, propiedad de la familia Cierco, es una de las cinco entidades que operan en el Principado.
El jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí, ha explicado las medidas adoptadas tras ser alertado el lunes, por el Tesoro, de la inminente publicación del informe. Martí trasladó el caso a la Fiscalía y al Instituto Andorrano de Finanzas, que designó a dos interventores. Éstos deben “garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana”, añadió Martí. BPA aclaró que el Consejo de Administración sigue en sus funciones y que abrirá una “investigación interna”. BPA entró en España en 2011 con la compra de Banco de Madrid, que fue la entidad utilizada por la familia Pujol para regularizar los fondos depositados en Andorra y que había mantenido ocultos a Hacienda durante más de 30 años.
La firma en la que confió la familia Pujol
El nombre de Banca Privada de Andorra (BPA) pasó a ser el centro de atención el verano pasado, cuando el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, confesó haber tenido dinero sin regularizar en Andorra procedente de un legado de su padre. Ese dinero estuvo en Andbank, pero fue transferido a BPA. Esta entidad se había hecho en 2011 con Banco Madrid —a través de la cual adquirió la sociedad de valores Interdin—, de modo que fue la plataforma que la familia Pujol usó para regularizar la fortuna. Así lo hicieron en julio de 2014 Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos (Marta, Mireia, Pere y Oleguer), que traspasaron cuatro millones a cuentas Banco Madrid para regularizarlos luego con declaraciones complementarias.
El Tesoro de EE UU señala, en un informe contundente, que durante años “altos ejecutivos” de BPA facilitaron transacciones a “blanqueadores que actuaban en beneficio de organizaciones criminales transnacionales”. “La corrupción de los ejecutivos y la debilidad de los controles para luchar contra el blanqueo han convertido a BPA en un vehículo fácil para el lavado de capitales procedente del crimen organizado y de la corrupción”, afirmó en un comunicado Jennifer Shasky, la directora de FinCen, el organismo contra la corrupción del Tesoro. Esos fondos acabaron “en el sistema financiero norteamericano”, al que BPA accedía mediante cuentas en cuatro bancos.
Los fondos depositados en el BPA pueden esconder, según el informe, dinero de grupos criminales de China y Rusia. El documento señala, en concreto, a tres altos ejecutivos de la entidad que diseñaron “servicios financieros a medida” para disfrazar el origen de los fondos. Uno de ellos “proporcionó ayuda fundamental” a Andrei Petrov, que en febrero de 2013 fue detenido en España por blanqueo de capitales en una causa en la que está imputado el exalcalde de Lloret y diputado Xavier Crespo (CiU). Según las autoridades americanas, Petrov también es sospechoso por sus vínculos con Semion Mogilevich, una de las diez personas más buscadas por el FBI.
El informe acusa a ejecutivos del banco de aceptar sobornos
Un segundo directivo del banco, subraya el informe, aceptó “sobornos” a cambio de gestionar enormes transferencias de dinero para la red de Gao Ping, el presunto cabecilla del caso Emperador. El informe denuncia que el empresario chino blanquea capitales para una organización dedicada, entre otras actividades ilícitas, al tráfico de seres humanos. Ping también “pagó exorbitantes comisiones” al BPA para que aceptara el dinero sin apenas controles. El Tesoro señala a un tercer ejecutivo que también aceptó comisiones para gestionar transacciones —por un valor de hasta 2.000 millones de dólares— relacionadas con el “desvío de fondos” de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El Tesoro de EE UU propone dos medidas para limitar la “capacidad operativa” de BPA en el futuro, que resolverá en dos meses. En concreto, plantea prohibir a las entidades norteamericanas la apertura o mantenimiento de las transacciones que involucren al BPA y, además, aplicar una vigilancia adicional.
