Así se intenta tapar agujeros hasta que se hunde un banco
Las actas muestran que Catalunya Banc refinanció créditos y hasta pagó los intereses
En la literatura económica sobre las crisis financieras se dice que el primer síntoma de que un banco que va camino de la quiebra es que concede créditos y paga los intereses que corresponden a los clientes. Es una prueba irrefutable de que no confía en recuperar ni el dinero prestado ni el coste del crédito. Se crea una bola de nieve que, en la mayoría de los casos, acaba en la quiebra, salvo que llegue una meteórica recuperación económica que lave los trapos sucios.
Desde el punto de vista contable, supone un engaño porque la entidad se anota como ingresos unos intereses que son ficticios, ya que los paga el propio banco. Es una cadena de destrucción porque tampoco se anotan las provisiones necesarias, el ratio de morosidad es incorrecto y se reflejan unos beneficios irreales.
El banco ha supuesto una pérdida de 11.000 millones a los contribuyentes
Adolf Todó, presidente ejecutivo de Catalunya Banc al sustituir a Narcís Serra; y Jaume Masana, ex consejero delegado de la entidad (y hoy en Caixabank), llegaron a la caja en el primer trimestre de 2008. Sustituyeron a Josep Maria Loza, director general durante la década anterior. Se sentaron sobre una gran masa de créditos para suelo y ladrillo, con más de 40 sociedades inmobiliarias compartidas al 50% con socios, que hacían viviendas, campos de golf y puertos deportivos en España, Portugal y Polonia.
Al inicio de 2008, estas sociedades, agrupadas en Procam, una sociedad del grupo, sumaban activos superiores a los 6.900 millones, según el Informe Financiero de ese ejercicio.
Lejos de levantar las alfombras, admitir la mala situación de los socios y la poca posibilidad de recuperar el dinero, dieron oxígeno a promotores y constructores. El 19 de enero de 2010 el consejo aprobó renovar un “préstamo personal de 20,6 millones” para Torca Procam Polska, cuyo destino era “pagar la parte pendiente de la adquisición de un solar en Cracovia”, según las actas del consejo, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. El consejo aprueba “la renovación y ampliación de un préstamos personal de 2,3 millones para cancelar el préstamo personal vigente de 1,3 millones. Fiador: Inmonau, Habitatges de Badalona y Mateu Hernández Bosch. Destino: pago de intereses”.
Pasado casi un año, y según las actas, la situación es peor. El 13 de octubre de 2010, el consejo renueva un préstamo personal a Torca Procam Polska de 96 millones. La garantía seguía siendo de Inmonau y Mateu Hernández. El objetivo es “sustituir la financiación otorgada por parte de Procam a la sociedad participada”.
A continuación, se renovaba otro préstamo de 20,6 millones a Torca Procam Polska para “atender el pago pendiente de un solar en Cracovia”. La misma operación que en enero de 2011. Y el documento sigue con una “renovación y ampliación de un préstamo personal de 6,4 millones”, cuyo “destino es el pago de intereses”. Es decir, aquel crédito de 2,3 millones ya se había convertido en uno de 6,4 millones para abonar intereses. Por último, fuera de Polonia, a Torca Procam se renueva un préstamo más de 4,1 millones también “para el pago de intereses”. Todas las ampliaciones eran cada tres meses, el plazo que el Banco de España fuerza que empiecen a provisionar.
Catalunya Banc evita la separación, liquidación o venta de estas sociedades para no tener que reconocer pérdidas en el balance consolidado de la caja. En muchas ocasiones, optó por comprar la parte de la sociedad que controlaba el socio externo o aceptar la dación en pago a cambio de la financiación otorgada al socio. Así, Catalunya Banc acababa controlando el 100% de la sociedad y lo mantenía todo en el balance.
“Lo hacían muchos y lo sabía el supervisor”
Adolf Todó ha declinado realizar comentarios sobre estos hechos. Sin embargo, consultados otros ejecutivos competidores, coinciden en señalar que la práctica de Catalunya Banc “era habitual en muchas entidades. El problema fue que la enorme concentración de créditos malos en el ladrillo de ese banco y que no llegó la tan anunciada recuperación económica en 2011”, apunta un alto ejecutivo en activo.
Y añade: “Estos hechos están en las actas del Consejo, que se entregan al Banco de España, luego es imposible que no conociera esta práctica. Lo mismo que el fondo de rescate, el FROB, que inyectó dinero del contribuyente”.
Además de los 11.000 millones definitivamente perdidos con esta quiebra, otro problema es que el banco emitió preferentes y deuda subordinada. Esos años de refinanciaciones interminables provocaron que estos activos tuvieran una valoración irreal. Se podían haber amortizado cuando se vio el desastre, evitando que se hundiera su valoración en diciembre de 2011, cuando el FROB publica las verdaderas cuentas: no había 97 millones de beneficios sino 1.335 millones de pérdidas.
Solo en dos operaciones puntuales, Armilar y Alcalá 120, la entidad asumió 450 y 410 millones en créditos destinados al ladrillo. Entre 2008 y 2011 (en septiembre de ese año el FROB toma el control) además de estas empresas, la entidad catalana compra el 100% de estos grupos, Prasa, Testa (filial de Sacyr), Cerbat, Puerto Ciudad Las Palmas, grupo Espais, Pronorte, grupo Sanyeres y la citada Torca Polska. Los socios acabaron yéndose sin deudas o incluso con plusvalías, mientras que el banco asumía las facturas.
Todó crea una sociedad holding, Gescat-Gestió del Sol, al inicio de su mandato, donde ubica los grandes terrenos de estas sociedades, lo que dificulta el seguimiento de estas empresas a través de los informes financieros. Además, 28 sociedades —la mayoría del ladrillo— aparecían en la memoria tras un epígrafe que decía: “A continuación se facilita información relevante no auditada sobre las sociedades que componen el epígrafe Participaciones-Entidades asociadas”.
Con esta política, Todó como presidente y Masana como consejero delegado consiguen presentar unos beneficios de 95 millones en septiembre de 2011. Ese mes el FROB (el fondo de rescate bancario depediente del Gobierno) toma el 90% del capital. Se reformulan las cuentas y se pasa a unas pérdidas de 1.335 millones. El informe admite “correcciones de valor por deterioro” sobre sociedades inmobiliarias del grupo por 2.074 millones. Al año siguiente, las pérdidas se elevan a 11.854 millones.
La inyección de dinero público no evitó seguir prácticas tan arriesgadas
No hay negocio que se hunda a esa velocidad. Ni siquiera el de Catalunya Banc. Por eso, Juan María Hernández, consejero del FROB puesto por el Banco de España, declaró ante la comisión de investigación del Parlamento de Cataluña que el beneficio se hundió “porque no se hacían las dotaciones. Y en 2012 seguimos poniendo la sociedad en su verdadera situación”. Es decir, antes, las cuentas no reflejaban la situación verdadera. Un diputado preguntó si esta situación podría justificar que un accionista demandara a los responsables por el “cambiazo” contable y Hernández respondió: “Posiblemente”.
Esta historia acabó con la venta de Catalunya Banc al BBVA por un máximo de 1.187 millones, una pérdida de 11.000 millones para los contribuyentes, y el despido de los directivos, pero no sin sus indemnizaciones: Todó y Masana ha ganado el juicio en primera instancia que les permite cobrar 600.000 euros cada uno por abandonar su puesto.
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