La brecha entre las leyes de EE UU y UE retrasa el ‘macrotratado’ comercial

El Congreso estadounidense debe decidir si da a Obama libertad para negociar

Una manifestación en Bruselas contra el tratado de comercio entre la UE y Estados Unidos celebrada el pasado 4 de febrero. afp

La cooperación regulatoria entre Estados Unidos y la Unión Europea —la armonización de leyes que afectan directamente a la producción y el comercio— se ha convertido en el centro de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés). La octava ronda de conversaciones, que se celebró a principios de febrero en Bruselas, culminó “con avances importantes”, pero con un largo camino aún por recorrer, según las partes involucradas. Aunque la propia comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, admite que el tratado “no estará listo para finales de 2015” como estaba previsto, los defensores del TTIP reman a contrarreloj para alcanzar los objetivos establecidos lo antes posible, según Dan Mullaney, negociador estadounidense.

Este mes entra en juego un factor clave para el avance de las negociaciones: el fast track. En marzo, el Congreso de EE UU —con mayoría conservadora— tendrá que decidir si concede libertad total al Gobierno de Barack Obama para cuanto pueda conseguir en las negociaciones de este acuerdo comercial. El Gobierno demócrata quiere impulsar el TTIP antes de las elecciones de 2016. “Los republicanos son más favorables al libre comercio”, coinciden los defensores del TTIP. Según todos los expertos consultados, los republicanos estarían a favor de un tratado comercial con la UE pero eso podría cambiar. “Es un arma electoral muy potente”, explica Lora Verheecke, de Corporate Europe Observatory (CEO), una ONG anti lobbies con sede en Bruselas.

Cecilia Malmström, comisaria de Comercio. B.D.C / N.D.M

Aunque este acuerdo galáctico —ambas potencias amasan el 60% del PIB mundial y el 45% del comercio internacional— avanza poco a poco, aún debe superar tres trabas por las que los opositores se disponen a dar la batalla; la cooperación regulatoria (armonización de leyes), el tribunal de arbitraje (ISDS, por sus siglas en inglés) y la liberalización de algunos sectores, como el agua, la sanidad y los servicios financieros. Estos dos últimos aún no se han abierto, y están “en fase de consultas”, según los negociadores, pero se auguran complicados.

Evitar duplicidades

La cooperación reglamentaria es el foco de todas las miradas. El TTIP pretende equiparar las leyes de ambos bloques de un plumazo “para evitar duplicidades”, según sus defensores. Y abaratar los trámites de convalidación de un producto al otro lado del Atlántico. “Esto siempre significaría rebajar la calidad europea [mucho más exigente en materia agraria]”, sostiene el eurodiputado Ernest Urtasun (Verdes).

El negociador de la UE, Ignacio García Bercero —que ya despejó esta incógnita el pasado diciembre en una entrevista a EL PAÍS— lo volvió a repetir: “De ninguna manera cambiaremos los estándares ni perjudicaremos a la gente”. Lo cierto es que con un TTIP como el que está planteado, las exportaciones de EE UU a la UE se incrementarían un 116%, mientras que en la otra dirección lo harían solo un 56%, según un informe del Parlamento Europeo de 2014, lo que significaría que los productores europeos deberán competir con nuevos —y más baratos— productos que llegan de EE UU. “Esto se traducirá en pérdida de empleo para los productores europeos”, coinciden los detractores.

Helmunt Scholz, eurodiputado y miembro del Comité de Comercio Internacional. B.D.C / N.D.M

Con este capítulo abierto de par en par, parte de la oposición al TTIP exige la creación de un órgano que supervise la armonización de regulación en la producción de cada producto a ambos lados del océano y, según fuentes directas en la negociación, la UE ya ha puesto encima de la mesa esa propuesta, informa Natalia de Miquel. El “truco”, según el eurodiputado Helmut Scholz que pertenece también al Comité de Comercio Internacional de la Eurocámara, está en “quién va a ostentar el control” del nuevo organismo. Este cuerpo de cooperación reglamentaria (RCB, por sus siglas en inglés), “involucrará a todas las partes interesadas”, según un documento de trabajo de la Unión Europea que no especifica, sin embargo, quienes serán los involucrados. La oposición sí lo tiene claro: las multinacionales. “Son las que mandan y las que se benefician de la rebaja de estándares”, defiende Ernest Urtasun, eurodiputado de Los Verdes. “Si se armoniza todo, saldrá perdiendo”, advierte Verheecke en la misma línea. En las 130 reuniones de septiembre, 119 fueron en presencia de grandes corporaciones, según la Corporate Europe Observatory.

Dudas sobre el impacto en el empleo

En medio de una crisis que aún afecta a los ciudadanos europeos, los impulsores del tratado anuncian creación de empleo como atractivo del macrotratado. El Gobierno europeo asegura que el TTIP creará 1,3 millones de puestos de trabajo, algo que ponen en duda los detractores del acuerdo. Susan George, presidenta del comité de planificación del think tank Transnational Institute, con sede en Ámsterdam, asegura que “el crecimiento del que hablan [del 0.5% del PIB anual europeo, es decir, 120.000 millones de euros en 10 años] será equivalente a una taza de café semanal por ciudadano en 2027, en el mejor de los casos”, matiza. Franziska Keller, vicepresidenta del grupo de los Verdes piensa que “con el TTIP se perderán de 600.000 a 1,7 millones de empleos”.

Está todo, pues, bastante en el aire ante la próxima ronda —la novena— que se celebrará esta primavera en Washington. Se seguirá desarrollando la idea de armonizar las leyes en ambos lados del océano y habrá que ver si el Congreso otorga a la administración Obama plenas facultades para seguir adelante con las negociaciones. El tribunal de arbitraje y la liberalización de algunos sectores quedarán, previsiblemente, relegados a un segundo y tercer plano hasta que este primer capítulo de la equiparación de leyes no esté cerrado del todo.

Secretismo y máxima seguridad

Son apenas seis metros cuadrados decorados con una mesa de oficina, una silla y una lámpara. No hay ventanas. Se trata de la famosa reading room (sala de lectura) del edificio Paul-Henri Spaak del Parlamento Europeo (en Bruselas), el único espacio al que apenas 150 eurodiputados —de más de 751— pueden acceder para leer, solo leer, los documentos de negociación del acuerdo comercial entre EE UU y la UE (el llamado TTIP, por sus siglas en inglés).

Sin teléfonos, ni tabletas, ni cuadernos, ni ordenadores ni, por supuesto, móviles. Antes de entrar a la sala, uno debe despojarse de lo que pueda resultar una herramienta de filtración. “Es lógico que haya secretismo en un tratado de este calado”, sostiene Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, durante una conferencia realizada a principios de febrero.

La paranoia por proteger las conversaciones es tal que hasta existe un curso/taller de 45 minutos, según varios europarlamentarios que han estado allí, sobre “seguridad obligaciones y consecuencias” que podrían pesar sobre uno si se filtran informaciones. “Incluso te acompaña un vigilante durante todo el tiempo que permaneces en el interior”, sostiene el europarlamentario. “Para tomar notas te dan un papel con marca de agua para tener todo controlado”.

En EE UU, cuenta Lora Verheecke, de la ONG Corporate Europe Observatory, “las medidas de seguridad son mucho mayores”, sostiene. “¡Un congresista podría ir a la cárcel por filtrar documentos involucrados en este tratado!”, exclama.

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