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El Gobierno descarta acudir como perjudicado por la amnistía del PSOE

Santamaría pide cuentas a los socialistas por el supuesto trato de favor a decenas de defraudadores de la 'lista Falciani'

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. EL PAÍS

El Gobierno no tiene la más mínima intención de personarse como perjudicado en el caso que investigará a dos ex altos cargos de Hacienda durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) por la supuesta amnistía fiscal de defraudadores de la lista Falciani. La Audiencia de Madrid ha ordenado investigar a los exdirectores de Gestión e Inspección de la Agencia Tributaria que en 2010 ordenaron no abrir inspección contra decenas de supuestos evasores con cuentas en la filial suiza del HSBC, lo que permitió a estos últimos librarse de condenas por delitos fiscales y afrontar sanciones mucho más livianas. Fuentes del Ministerio de Hacienda justifican la decisión de no acusar en el proceso porque, afirman, sería como ir contra la propia institución.

El Ejecutivo considera que personarse como acusación supondría  ir contra la Agencia Tributaria

Durante todo el día de ayer se sucedieron las reacciones a la noticia de la reapertura del caso. Una de las más sonadas fue la de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cargó contra el PSOE por su actuación al recibir la lista de defraudadores de parte de las autoridades francesas en mayo de 2010.

"El Gobierno anterior (del PSOE) tras una labor de identificación y de depuración de información formuló un requerimiento para la presentación de declaraciones complementarias a un determinado número de contribuyentes a efectos de que regularizaran esa situación sin perjuicio de que en otras cuestiones se abriera expediente sancionador o de delito fiscal", puntualizó la vicepresidenta tras publicar EL PAÍS, que la Audiencia de Madrid investiga la supuesta amnistía a los que figuraban en la lista Falciani. Cuando se le preguntó por qué el Ejecutivo había sido tan laxo con estos contribuyentes, Santamaría afirmó: "La respuesta la tienen que dar los correspondientes responsables de PSOE".

Gestha intentará demostrar que otros cargos decidieron no abrir inspección

Los responsables del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), el autor de la querella contra los ex altos cargos que la Audiencia de Madrid ha obligado ahora investigar, mostraron su satisfacción con la decisión de reabrir el caso. "Los magistrados han confirmado la opinión de los técnicos de que existían indicios suficientes de prevaricación”, explicó José María Mollinedo, su secretario general, que aseguró que la decisión de Hacienda de avisar a los defraudadores de la lista Falciani fue “algo más que un trato de favor” hacia estos grandes evasores.

Sobre los siguientes pasos a dar por el sindicato, Mollinedo aseguró que el colectivo solicitará al juez que instruirá el caso “una serie de diligencias probatorias para ver qué personas, además de los exdirectores de Gestión e Inspección, participaron en la decisión de no abrir inspección a los miembros de la lista”. Esa decisión les permitió en muchos de los casos eludir una condena por delito fiscal castigada con penas de hasta seis años de cárcel. “Los imputados tendrán que decir cuáles de sus superiores decidieron ese modo de actuar”.

Los inspectores creen que la decisión de Hacienda fue desafortunada pero consideran que no hubo dolo

El responsable de Gestha también se refirió al anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de emprender acciones penales contra el HSBC, el banco que ocultó en su sede de Ginebra (Suiza) los fondos de estos presuntos defraudadores. “Nos alegramos de que el ministro haya decidido actuar, pero la investigación de la que habla quedará incompleta si no se investiga a las divisiones de fiscalidad internacional de los grandes despachos de asesoría fiscal que operan en España, que son los que han aconsejado a estas personas que saquen su dinero de España”, concluyó.

Desde el colectivo de los inspectores, la reacción fue más tibia, aunque también contundente. “Como advertimos desde el primer momento, la decisión de no abrir inspección y enviar cartas de aviso a estas personas nos parece un procedimiento muy inapropiado y desafortunado”, explicó Ramsés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. “Sin embargo, nosotros consideramos que no existió dolo, por lo que difícilmente pudo cometerse prevaricación”, añadió. Para Pérez Boga, este episodio “evidencia la necesidad de una agencia tributaria más independiente”, por lo que animó al Gobierno a aprobar un estatuto jurídico que garantice esa independencia.

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