Insistiendo en la deuda pública
Cuando por fin parece que incluso las autoridades internacionales admiten el inicio de la recuperación de la economía española, es necesario continuar insistiendo en los desequilibrios que persisten y que hay que corregir en los próximos años para conseguir un crecimiento estable. Conformarse con un crecimiento entre el 2% y el 3% del PIB y generar un millón de empleos no es suficiente para conseguir que los ciudadanos españoles recuperen todo lo perdido durante esta prolongada crisis. En este artículo nos referiremos a uno de los desequilibrios pendientes de corregir: el elevado volumen de deuda pública, las causas de haberlo aumentado durante estos años y su posible reducción en el futuro.
El punto de partida está en explicar el rápido aumento de la deuda pública durante los años de crisis. La deuda pública española en 2007 significaba el 36% del PIB, ratio inferior al que soportaban entonces nuestros socios de la Unión Europea, pero rápidamente comenzó a crecer y cuando en 2011, se firmó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en la UE que fijó el límite del 60% del PIB para esta magnitud, España ya lo superaba. Actualmente nos movemos en el entorno del 100% del PIB. Este proceso de crecimiento de la deuda pública fue generalizado en los países de la UE, incluso en países como Estados Unidos y Japón, dando lugar a lo que se vino en llamar "crisis de la deuda soberana", forzando a establecer un compromiso para su reducción en el seno de la Unión.
En cada país los motivos del aumento de la deuda pública variaron en función de su propia estructura y del comportamiento del déficit público y del PIB durante estos años. En España, una parte importante de las causas que han motivado el aumento de la deuda reside en la propia crisis con la caída de la actividad económica y del empleo reflejada en los datos del PIB, ya que ha provocado una reducción importante de la recaudación de impuestos necesarios para financiar los gastos públicos y generando por tanto un aumento del déficit que alimenta la propia deuda. En el déficit público debemos distinguir entre lo que es el llamado déficit primario y el correspondiente al pago de los intereses de la propia deuda. Durante los años de crisis, el aumento del déficit primario ha sido el responsable del 70% de dicho aumento mientras que la carga de intereses lo ha sido en un 20%. Por lo tanto mirando hacia el futuro es importante analizar la evolución del déficit primario con el fin de reducirlo e intentar llegar al equilibrio del mismo. El pago de intereses depende en gran medida de la composición de la deuda según los plazos a los que se emitió, ya que los tipos de interés están abaratando el endeudamiento actual frente al emitido en años anteriores con plazos más largos. Con datos del Banco de España al final de 2014 de los 1.023 miles de millones de euros de Deuda PDE (criterio de la UE), 740.000 millones —el equivalente al 72% del total— corresponden a deuda en valores de medio y largo plazo y solo un 7,5% a valores a corto plazo. El resto corresponde a los préstamos. En los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno para 2015 se estima una carga en gastos financieros de 35.500 millones de euros (3,2% del PIB). Dicha carga previsiblemente deberá reducirse como consecuencia de la evolución actual de los tipos de interés.
Otro factor importante en el aumento de la deuda pública, ha sido el endeudamiento de las comunidades autónomas y las corporaciones locales durante el periodo de crisis. Además de la necesaria financiación del Estado de parte del déficit generado por las administraciones territoriales según lo establecido en el Sistema de financiación acordado, la puesta en marcha por parte del Estado de mecanismos que permitiesen la financiación de proveedores es otro factor explicativo del aumento del peso de la deuda del Estado sobre el conjunto. Con los últimos datos disponibles del Banco de España, la final de 2014, la deuda correspondiente al Estado ha alcanzado el 84,3% de la deuda total y la de las CCAA el 21,8%. Aunque hay que tener en cuenta que parte de la deuda del Estado ha sido la generada por las Administraciones territoriales pero financiada por él. En el análisis de la deuda también cuenta la deuda generada por las empresas públicas que sean soportadas en más del 50% por el Estado ó por las administraciones territoriales y que se sitúa en torno al 4% del PIB.
A diferencia de Grecia, España no va a tener problemas a la hora de pagar sus intereses
Un aspecto interesante de la composición de la deuda pública que a veces lleva a confusión en los análisis más superficiales, es la distribución por tenedores de la misma. Con los últimos datos del Banco de España del tercer trimestre de 2014, el 60% de la deuda está en manos de residentes españoles, correspondiendo el 45% a instituciones financieras y el 15% al resto de sectores residentes. El 40% restante es el que está en manos del resto del mundo. Parte de la deuda en manos de organismos internacionales corresponde a los préstamos otorgados para la restructuración bancaria española. Así, 45.516 millones de euros (4% del total de la deuda) corresponden al FROB (en gran parte al MEDE) que son los organismos encargados de financiar la restructuración bancaria. Esta distribución de tenedores de la deuda entraña una gran dificultad al plantearse (como algunos pretenden) una negociación en la refinanciación de la misma.
En conclusión, la economía española tiene un problema como consecuencia del intenso crecimiento soportado por la deuda pública durante los años de crisis, aunque a diferencia de lo que ocurre en Grecia, no existe un problema para el pago de los intereses que genera. Durante los próximos años no será suficiente con estabilizarla en torno al 100% del PIB sino que habrá que reducirla a niveles inferiores al 60% acordado en la UE. Para ello, ayudará el mayor crecimiento del PIB y la mayor recaudación de impuestos generada por una mayor actividad en los próximos años pero esto no será suficiente y es necesario alcanzar el equilibrio del déficit primario. Para ello es fundamental el control de los gastos del Estado y de las Administraciones territoriales y evitar todo tipo de gasto superfluo e improductivo así como la corrupción y la evasión de impuestos.
Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística.
