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El Estado asume la mayoría del coste judicial por la salida a Bolsa de Bankia

BFA, la firma pública matriz del grupo, pagará entre el 60% y el 80% del coste de las reclamaciones judiciales

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, durante la presentación de los resultados correspondientes a 2012

El Gobierno tiene decidido evitar que Bankia se vea obligada a ampliar capital para asumir las posibles demandas judiciales por la salida a Bolsa en julio de 2011. El plan establecido, según fuentes conocedoras de la operación, es que el holding público Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que controla el 62 % de Bankia, pague la mayoría de las reclamaciones, entre el 60 % y el 80 % del coste.

Todavía no está decidido el porcentaje exacto que asumirá el Estado porque se está calculando el posible montante de las demandas. Se espera una solución para mediados de mes. Bankia, que al igual que BFA está presidida por José Ignacio Goirigolzarri, ha suspendido la presentación de resultados hasta conocer estos detalles. La incertidumbre creada ante esta situación ha hecho que la acción de Bankia caiga un 5,7 % en las cinco últimas sesiones.

Fuentes del mercado también apuntaron este lunes que se podría seguir un criterio similar al de las preferentes. En aquella ocasión, el Gobierno estableció que Bankia pagara 246 millones y todo lo que excediera de esa cantidad, lo asumiría BFA, que destinó unos 1.600 millones.

De los 3.092 millones que Bankia captó en su salida a Bolsa en julio de 2011, el 60 % correspondía a los inversores minoristas, por lo que se estima que el tope máximo del volumen de demandas es de 1.855 millones, ya que no se esperan reclamaciones de inversores institucionales. La entidad cree que parte de los inversores vendieron poco después de la salida a Bolsa, por lo que no reclamarán, y otros realizaron pequeñas compras y no les compensará asumir los costes judiciales.

Los clientes que acudieron a la OPV de Bankia han perdido el 99 % de la inversión. Tras el informe de los peritos del Banco de España, que destapó errores contables, en la propia entidad se cree que se multiplicarán las demandas y quieren acotar el problema para evitar la incertidumbre a los inversores. Algunas fuentes judiciales estimaron este lunes el volumen de potenciales demandas a entre 800 y 1.000 millones.

Según la agencia Reuters, “los costes del grupo BFA-Bankia por las posibles demandas de inversores minoristas por la controvertida salida a Bolsa de Bankia de hace tres años y medio podrían ascender a entre 300 y 500 millones, según tres fuentes conocedoras de las negociaciones”.

El fondo de rescate, el FROB, que pertenece al Estado, es el dueño del 100 % de BFA. Así, serán los contribuyentes los que asuman la mayor parte del coste de las demandas, aunque no será necesario poner nuevo dinero para financiarlo. BFA hará frente a esta contingencia con sus recursos propios, como hizo en el caso de las preferentes. Según los cálculos iniciales, BFA tiene margen para asumir esta factura sin necesitar una nueva inyección de recursos tras haber recibido 22.424 millones de los contribuyentes.

El Gobierno considera que esta solución es la más favorable para todas las partes, aunque a corto plazo suponga la asunción de un pago inicial que puede ser importante.

¿Por qué no se carga todo sobre Bankia si fue la entidad que salió a cotizar? La respuesta es que si Bankia tiene que ampliar capital para pagar esta factura, se generaría una gran incertidumbre en el mercado, con la posibilidad de que no consiga todo el dinero deseado. También se considera que podrían llegar demandas de los inversores que hace un año compraron el 7,5 % del capital de Bankia porque no fueron advertidos de estos riesgos. Esta circunstancia podría dañar futuras colocaciones. El Gobierno quiere evitar estos problemas, sobre todo en un año electoral, donde Bankia estaba llamada a ser un ejemplo de buena gestión.

Después de analizar diferentes posibilidades, se ha llegado a la convicción de que hay que proteger a la entidad cotizada, a Bankia. Para calcular cuánto puede ser la factura se está realizando un informe sobre las demandas ya presentadas ante los tribunales que ascienden a algo más de 100 millones. El análisis consiste en conocer a qué tipo de inversor los jueces han dado la razón para compararlo con toda la cartera y realizar una proyección que ayude a estimar el importe de las posibles reclamaciones.

La situación ha generado tensiones en el consejo de administración de Bankia que quiere evitar verse envuelto en reclamaciones judiciales. En el banco también se considera que el Gobierno ha tardado en tomar una decisión, pese a que avisaron de estos posibles problemas poco después de las declaraciones de los peritos, a principios de diciembre. Bankia asume otro capítulo más en su particular culebrón.

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