Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Europa quiere un campo verde

La reforma de la PAC prevé abonar 1.450 millones de euros este año en ayudas a la agricultura sostenible

Un granjero trabaja con su tractor en Torrelaguna (Madrid).
Un granjero trabaja con su tractor en Torrelaguna (Madrid).

La Unión Europea quiere que los 252.000 millones de euros que va a invertir en el campo hasta 2020 a través de la Política Agraria Común (PAC) sirvan para algo más que para engordar los balances de los agricultores. Con la reforma que ha entrado en vigor con el nuevo año, el 30% de los fondos europeos están destinados a ayudar a los propietarios que apliquen el greening: medidas de agricultura sostenible que tengan un efecto positivo en el clima y el medio ambiente.

Aunque la reforma de 2014 ya incluía estas ayudas, con el nuevo reglamento europeo la sostenibilidad medioambiental se ha convertido en una parte mucho más importante de la PAC. No es solo que ahora un porcentaje mucho más importante de los pagos esté ligado al greening; además, los requisitos para acceder a esas subvenciones se han endurecido. Para poder acceder a una parte de esos 1.453 millones de euros que, este año, se dedicarán al greening en España, agricultores y ganaderos deberán cumplir, desde esta sementera, una serie de condiciones.

Los ejes de la reforma

A pesar de que la Comisión Europea había pedido que, para cobrar las ayudas, bastase con mantener en buen estado los pastos o superficies de labranza, el Real Decreto que aplica la reforma de la PAC exige que los receptores de subvenciones sean agricultores activos: es decir, que tengan una explotación en donde las ayudas representen un 80% o menos de los ingresos. Además, su actividad real debe estar registrada con justificantes de roturación o certificados de que los responsables mantienen los pastos y gestionan ganado; en este último caso, como mínimo debe haber una unidad de ganado mayor (equivalente a una vaca adulta) cada cinco hectáreas.

Los que quieran solicitar los subsidios deberán pedirlos en su plazo, del 1 de marzo al 15 de mayo del año que viene. Además de ser agricultores activos, los peticionarios deben haber recibido ayudas de alguna clase en los dos últimos años. Las ayudas se calculan sobre el número de hectáreas explotadas en 2013, salvo que la superficie se haya reducido desde entonces.

Otra de las prioridades de Bruselas es recortar las diferencias entre regiones a la hora de asignar ayudas. La Comisión pretende que las 24 regiones agrarias españolas se conviertan en más de 50. El objetivo es que para 2019 las ayudas más bajas equivalgan, como mínimo, a un 60% de los subsidios medios. Además, se pretende reducir gastos administrativos eliminando los pagos directos de menos de 100 euros —la idea es que varios agricultores puedan pedirlas de forma conjunta—.

La Comisión también podrá recortar todos los pagos de más de 2.000 euros para crear un fondo de emergencias.

La primera exigencia es que el 5% de la extensión de las propiedades de más de 15 hectáreas deberá estar destinado a "superficies de interés ecológico". Este concepto incluye tierras en barbecho, reforestadas o con cultivos fijadores de nitrógeno, que pueden ser leguminosas en grano (como judías o garbanzos) o forrajeras, como la alfalfa.

El siguiente foco del greening es la diversificación de cultivos, con el fin de reducir su impacto ambiental. Los diferentes cereales cuentan como cultivos distintos, pero no las variedades del mismo grano (como pueden ser los trigos blandos o duros). Las exigencias son diferentes conforme el tamaño de la explotación: en los terrenos entre 10 y 30 hectáreas debe haber al menos dos cultivos, sin que el principal supere el 75% de la superficie total. Pero si la explotación supera las 30 hectáreas, son obligatorias tres variedades de cultivo; ninguna de ellas puede ocupar más de tres cuartas partes del terreno, y la suma de las dos más importantes no puede ser mayor a 95%.

Por último, la reforma obliga a fijar cuál es la superficie del territorio permanentemente dedicada a pastos, que son importantes en el control del dióxido de carbono en la atmósfera. España definirá esa cifra a lo largo de 2015, y es la Administración la que debe controlar que, en los años sucesivos, esa extensión no se reduzca más de un 5%. Si eso sucediera, el Estado está obligado a adoptar medidas para recuperar esos terrenos perdidos, lo que obligaría a restaurar superficies roturadas como pastos.

No todas las explotaciones están sujetas a estas exigencias medioambientales. Están exentos los pequeños agricultores, es decir, los que cobren ayudas directas por valor de menos de 1.250 euros al año.

Además, las nuevas reglas no se aplican a los agricultores dedicados a los cultivos ecólógicos ni los que exploten cultivos permanentes como olivar, viñedo, frutales o cítricos, por ser superficies que ya están contribuyendo a la mejora del medio ambiente. Por el mismo motivo, tampoco deben cumplir las dedicadas a la explotación forrajera y las de cultivos sumergidos como el arroz, así como explotaciones situadas total o parcialmente en zonas de conservación ambiental.

Pese al nuevo énfasis medioambiental, la mayoría de las ayudas europeas (un 56%) siguen siendo pagos de base, ayudas al agricultor sin más requisitos que la actividad. Otro 12% de los fondos se pagarán como ayudas asociadas a diferentes producciones agrícolas y ganaderas, mientras que el 2% restante tiene como destinatarios específicos los agricultores jóvenes.