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Parche a la financiación regional

Hacienda desembolsa más de 93.000 millones para las comunidades

Aplaza la reforma del sistema de reparto por las elecciones pero prepara nuevas ayudas

Parche a la financiación regional

Hace ahora tres años la Comunidad Valenciana estaba al borde de la quiebra. Tenía que afrontar el vencimiento de un préstamo de 123 millones con el Deutsche Bank y no tenía dinero con qué pagarlo. La situación era tan comprometida que el Gobierno tuvo que salir en su auxilio. La Generalitat valenciana, al igual que otras como Cataluña, Murcia, y Castilla-La Mancha, acumulaban cuentas millonarias con sus proveedores y su deuda era considerada bono basura por las agencias de calificación. No podían pagar a las farmacias, a las que debían más de 2.000 millones. En aquella época cerca de un millar de boticarios amenazaron con cerrar sus puertas en Castilla-La Mancha porque no aguantaban más sin cobrar. Las autonomías ni siquiera podían liquidar las facturas más insignificantes, tardaban en pagarlas casi seis meses, según los registros de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

Tres años después la situación ha mejorado. Y no porque las comunidades perciban los efectos de la incipiente recuperación, ni porque hayan conseguido fulminar sus números rojos, sino por los más de 93.000 millones en créditos inyectados por el Estado a las autonomías y a los ajustes que conllevaban estos créditos. Este manguerazo de liquidez materializado a través de las dos fases del Plan de Pago a Proveedores y de los tres tramos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ha aliviado las enfermizas cuentas regionales.

En 2012, cuando el Gobierno puso en marcha el plan de pago a proveedores que inyectó algo más de 30.000 millones de euros a las comunidades para que liquidaran 5,6 millones de facturas, muchas escondidas en los cajones o aplazadas reiteradamente, pocos podían imaginar que estos instrumentos extraordinarios de liquidez se prolongarían durante toda la legislatura.

Estos enormes créditos del Estado han calmado, en cierto modo, las ansias políticas de los barones regionales de reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica. Aunque no han cesado las voces que reclaman con insistencia una reforma del modelo de financiación, lo cierto es que sin estas muletas la revuelta autonómica hubiera sido insostenible.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció a finales de verano que aplazaba la revisión del sistema por el que se reparten los recursos a las comunidades para que puedan pagar los servicios que prestan. La excusa del Gobierno es que no hay dinero suficiente, pero también admite que la proximidad de las elecciones podría pervertir todo el debate que se genera en torno a este tema tan sensible para las comunidades. A cambio, el Ministerio ultima una batería de medidas para aliviar aún más las maltrechas cuentas autonómicas entre las que se encuentran un nuevo fondo de liquidez y un mecanismo para mutualizar la deuda regional. Además, ha suavizado sus exigencias sobre el ritmo de los ajustes a las comunidades.

El tono severo que Hacienda utilizaba con las comunidades a principio de la legislatura para que podaran sus gastos ha cambiado por una voz de comprensión y apoyo. Lo cierto es que los problemas de las comunidades no se deben solo al derroche del que les culpaba el Ejecutivo popular a principios de la legislatura. La crisis ha destapado las carencias del sistema de financiación y ha revelado que comunidades como la Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y Andalucía reciben menos recursos por habitantes que la media, según un reciente informe elaborado por Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Casualmente, a pesar de los insistentes ajustes, estos territorios son los que registran déficit reiterados.

Para paliar esta situación Montoro parchea el sistema de financiación a cambio de ofrecer más créditos y de otras medidas de liquidez para las autonomías. De esta forma gana tiempo mientras pasan las elecciones y mejora la economía, lo que permitiría aportar más recursos al sistema de financiación.

Alain Cuenca, profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza, se muestra crítico con esta estrategia de aplazar la reforma del sistema de financiación a cambio de garantizar la liquidez. Se pregunta qué incentivos tienen las comunidades para ajustar sus cuentas cuando el Gobierno les está financiando el déficit y además cuando tienen que empezar a devolver los fondos se les aplaza el reembolso y solo tienen que pagar los intereses.

Una de las medidas que aprobará el Gobierno en las próximas semanas, a cinco meses de las elecciones regionales y locales, consiste en un nuevo Fondo de Liquidez Autonómico, que ha bautizado como FLA bueno.

Cuando en 2012 el Gobierno puso en marcha este mecanismo para asistir a las comunidades, las primeras que se sumaron fueron las que tenían las puertas de los mercados casi cerradas: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Andalucía... Comenzó a extenderse con razón la idea de que el FLA era en realidad un fondo de rescate para las comunidades en apuros. Varios Gobiernos autonómicos como Madrid, Castilla y León o Galicia rechazaron la ayuda porque argumentaron que suponía un perjuicio reputacional, ya que lanzaba la imagen de que estaban arruinados. Desde entonces el Ejecutivo central ha ampliado estos créditos que financian tanto los vencimientos de la deuda de las comunidades como el déficit —cuando los gastos públicos superan a los ingresos— hasta los 63.000 millones de euros a cambio de medidas de ajuste.

Montoro ultima un fondo de liquidez para las autonomías más saneadas

Lo que prepara ahora el departamento que dirige Montoro es una nueva línea de crédito para aquellas comunidades que tengan las cuentas más saneadas. Pretende trasladar las buenas condiciones que ofrecen los mercados financieros —el Tesoro se financia con los menores tipos de su historia— a estas administraciones y rebajarles de esta forma sus costes financieros.

Los gastos que las autonomías destinan a pagar los intereses de la deuda se han duplicado durante la legislatura. En 2011 las comunidades destinaron unos 4.500 millones a pagar los costes financieros. Este año esos gastos ascenderán a más de 9.000 millones. Este aumento se ha tragado algunos de los recortes y lastran las políticas de los Gobiernos regionales.

Para mejorar la liquidez, Hacienda también estudia un mecanismo para mutualizar la deuda de las comunidades. “A finales de año pondremos en marcha un nuevo sistema de mutualización de deuda para que las comunidades puedan financiarse a través del Tesoro Público”, dijo el ministro hace unas semanas durante un encuentro con el sector sanitario. Aún no están cerrados los detalles de este proyecto. En Hacienda hablan de algún tipo de reestructuración de la deuda regional acumulada, pero no hay ninguna decisión tomada. Lo único claro es que se quiere seguir facilitando financiación al menor coste posible. Y que el objetivo del ministerio es que el gran volumen de la deuda y los ajustes para cumplir el déficit no colapsen la economía regional en un momento en que se enfila la recuperación.

En 2015, se reduce la carga financiera de las regiones en unos 5.000 millones

La deuda regional ha crecido en los últimos años a gran velocidad: ha pasado de 137.049 millones en 2011 a 219.560 millones al cierre del tercer trimestre de este año, lo que supone un aumento del 60%, según los registros del Banco de España. El pasivo de las administraciones regionales se ha disparado tanto por la acumulación de los sucesivos déficits como por el peso de los fondos extraordinarios que el Gobierno ha entregado a las autonomías. Al fin y al cabo las comunidades tienen que devolver tanto el plan de proveedores como el FLA, salvo que el Ejecutivo haga caso a algún político regional que ha reclamado que el Estado se haga cargo de una parte de la deuda de las comunidades.

Lo que sí ha hecho Montoro ha sido prolongar los periodos de carencia del plan de proveedores y de los FLA. Es decir, las comunidades no tendrán que empezar a devolver la nueva deuda con el Estado hasta dentro de cuatro años. Además, ha rebajado las condiciones de financiación que exigía por el FLA (solo pide un interés del 1%), lo que algunos expertos califican como subvención encubierta. Y les ha concedido más plazo, hasta 20 años, para devolver las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009. En total, estas medidas significan que las comunidades dispondrán de unos 5.000 millones más de liquidez en 2015.

El Fisco estudia un mecanismo para mutualizar la deuda regional

Por otro lado, aunque Hacienda niegue que ha suavizado la exigencia de los ajustes a las comunidades, lo cierto es que este año apenas han reducido sus desviaciones presupuestarias. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo que vela por la sostenibilidad de las cuentas públicas, alertó hace unas semanas sobre los reiterados incumplimientos de los objetivos presupuestarios de las comunidades. Remitió una carta al Ministerio de Hacienda en la que advertía de que comunidades como Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha presentarán a final de año unos números rojos superiores a los previstos. Recordó que pese a que estos territorios ya rebasaron los límites del año pasado, aún no se les ha aprobado los Planes de Equilibrio Financiero (PEF) con los recortes que tienen que acometer para equilibrar sus cuentas. Además, la Autoridad Fiscal solicitó al Gobierno que comenzase a aplicar las medidas preventivas que contempla la Ley de Estabilidad —la norma aprobada a toda prisa en 2012 para tratar de ordenar el desbarajuste en las cuentas públicas y que prevé que en último término se pueda intervenir a una administración que incumpla reiteradamente con los niveles de déficit y deuda marcados por Bruselas—.

El Ejecutivo busca abaratar la emisión de deuda de las administraciones

El Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago, lanza una reflexión sobre el asunto: “Es verdad que las que más están acudiendo al FLA y las que están incumpliendo reiteradamente el objetivo de déficit tienden a ser las peor financiadas. Pero esto puede generar un problema de reputación al Gobierno porque el FLA ha sido regulado también como un instrumento de control de los presupuestos autonómicos. Y si el Gobierno central admite los incumplimientos sistemáticos, traslada la imagen también al exterior que es incapaz de ejercer ese control”.

Algunos de los Gobiernos regionales más rigurosos con la austeridad consideran que los incumplimientos reiterados suponen un parche al sistema de financiación, porque consideran que benefician a las que incumplen —gastan más de lo que ingresan— que aquellas que se ciñen a los objetivos presupuestarios.

Ángel de la Fuente rechaza que el hecho de entregar fondos a través del FLA y permitir reiteradamente déficit a las mismas autonomías forme parte de una financiación encubierta del Gobierno a comunidades más afines o para suavizar problemas políticos. Considera que hay que desligar las políticas de apoyo a la liquidez con las presupuestarias. De la Fuente, sin embargo, desconfía de la bondad de mutualizar la deuda. Considera que cada comunidad debe hacerse responsable de sus gastos y no depender siempre de “papá Estado”.

El hecho de aplazar la reforma del modelo de financiación a cambio de ofrecer créditos baratos y abrir la mano no soluciona los problemas del sistema: “Todos estos mecanismos tienen su justificación y valor en tiempos revueltos y extraordinarios, pero no pueden ser vistos como una solución estructural. La solución pasa por la reforma del sistema de financiación autonómica que normalice la situación financiera de muchas autonomías y genere una distribución más equitativa de los recursos”, concluye Lago.

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