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Industria redactó una orden para recobrar 3.000 millones a las eléctricas

Un borrador de 2008, que el equipo de Sebastián paró, incluye la fórmula para recuperar el dinero que las compañías facturaron de más a los consumidores

Miguel Sebastián (primer plano), y Pedro Rivero (enfrente, en el centro), entonces presidente de Unesa, en 2008 EFE

El Ministerio de Industria elaboró en mayo de 2008 un borrador de orden ministerial para reclamar a las eléctricas lo cobrado de más a los consumidores durante una década en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC). El borrador, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que nunca vio la luz, es clave en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre por qué el Gobierno del PSOE perdonó esa cantidad a las eléctricas, un importe que Industria estimaba en 3.000 millones. El entonces ministro, Miguel Sebastián, asegura que nunca le elevaron esa orden y que desconoce su existencia.

En 2008, antes de que Sebastián sustituyera a Joan Clos como ministro de Industria, el problema de los CTC estaba muy presente en el ministerio. José Montilla, titular de la cartera hasta septiembre de 2006, había cancelado los pagos en junio de ese año mediante un decreto ley. Lo hizo cuando su equipo vio que desde 2005 las eléctricas cobraban por el mercado mucho más de los 36 euros por megavatio hora calculado en 1997 como retribución por los CTC. Esos 36 euros por megavatio hora era la cantidad garantizada al sector en previsión de que perdieran dinero con la liberalización del mercado que llevó a cabo el Gobierno de Aznar. Sin embargo, al cancelar los CTC, Industria había dejado pendiente la liquidación, el sistema que debía calcular y exigir a las eléctricas lo cobrado de más.

La nota del director general recordaba que la CNE había pedido la liquidación

En 2007, el entonces secretario general de Energía, Ignasi Nieto, encargó al director general de Energía, Jorge Sanz, una orden ministerial que calculara cuánto debían devolver las eléctricas a los consumidores. Lo más complicado era dar con la fórmula para computar las plusvalías obtenidas por Endesa con la venta de Viesgo a Enel. Además, Nieto pidió al abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes, un dictamen para ver si su pretensión de recuperar los CTC tenía respaldo jurídico.

Jorge Sanz, economista del Estado, comenzó a trabajar en la orden a la vez que la abogacía del Estado culminaba un informe en el que avalaba pedir la devolución. El dictamen de la abogacía entró en el Ministerio de Industria el 13 de marzo de 2008, cuatro días después de las elecciones generales de ese año. Ese dictamen considera que hay que hacer una liquidación final y que deben devolver lo cobrado de más porque sería un “enriquecimiento ilegítimo”. Da de plazo para pedir la devolución hasta junio de 2010, cuatro años después de que se suprimieran los CTC.

El exministro: “Nunca se tramitó y un ministro no puede firmar eso”

El borrador de orden ministerial llega solo unas semanas después. El 5 de mayo de 2008, Sanz eleva a Fernando Calancha, abogado del Estado y entonces jefe de gabinete del secretario general, una “nota interior” con la “propuesta de orden por la que se establece el procedimiento para la liquidación definitiva de los CTC”.

Las fechas son importantes. Cuando se remite el escrito, Miguel Sebastián lleva tres semanas en el cargo y su secretario de Energía, Pedro Marín, dos. Después de que tomaran posesión, este diario publica un largo artículo sobre el tema subtitulado: “La abogacía del Estado informa de que las eléctricas deben liquidar los CTC”.

El borrador de la orden ministerial explica con claridad toda la tramitación de los CTC desde que fueron creados en 1997 por el Gobierno de Aznar como compensación a las eléctricas por la liberalización. El texto señala que “la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha reiterado al Ministerio de Industria la necesidad de regularizar la situación de los CTC”. Añade que “una vez suprimidos los CTC procede abordar la liquidación final de los mismos”.

La orden no da cifras pero sí el sistema de cálculo que debía aplicar posteriormente la CNE. Y contempla la devolución si salía que las eléctricas habían cobrado de más. “Si el monto total de los ‘cobros materiales’ percibidos por la empresa en el total del periodo ha sido superior a la cifra de ‘derecho máximo corregido’ resultante para esa empresa, esta deberá reintegrar la diferencia”. La orden va acompañada de una “nota explicativa” con los antecedentes y el detalle de las fórmulas.

La propuesta, muy avanzada, se elevó a la Secretaría General de Energía

La orden tiene el día del mes de abril en blanco, pero sí incluye el pie para la firma de “el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián Gascón”. Esto es, estaba ya muy avanzada, lista para que se iniciara su tramitación.

La Fiscalía Anticorrupción interroga desde hace semanas a los responsables de la época como testigos para averiguar por qué nunca se tramitó esa orden. Lo hace a raíz de una denuncia presentada en julio de 2013 por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Sebastián insistió el pasado viernes en que nunca conoció ese borrador y que no fue un asunto que estuviese sobre su mesa. “Esa orden nunca se tramitó, cosa que no me corresponde, y un ministro no puede firmar una orden no tramitada”. La versión de su equipo es que esa orden se perdió en el traspaso de poderes y que, como esas, hay muchas. El entonces secretario de Estado, Pedro Marín, afirmó hace semanas no recordar apenas nada del caso y recordarlo como un asunto muy complejo.

Los funcionarios niegan al fiscal que hubiera presiones del sector eléctrico

Sin embargo, los anteriores responsables, también del PSOE, recuerdan con precisión fechas y detalles sobre el intento de recobrar los CTC. El secretario general de Energía entre 2006 y abril de 2008, Ignasi Nieto, afirmó hace semanas a este diario que entonces estimaban que lo cobrado de más rondaba los 3.000 millones. La CNE calculó en 2008 que eran 3.400 pero no hay forma de saberlo con precisión porque nunca se aplicó la fórmula de la nonata orden ministerial.

El fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol ha interrogado en secreto a Sanz, Calancha, el actual abogado del Estado jefe de Industria y al abogado general del Estado entre 2004 y 2012, Joaquín de Fuentes Bardají, que firmaba el dictamen sobre los CTC.

Entre los documentos esgrimidos por el fiscal durante las pesquisas están el borrador de la orden ministerial y el informe de la abogacía del Estado. Y, entre las preguntas formuladas, también se inquirió sobre si habían recibido presiones de las eléctricas, algo que los interrogados negaron.

Un portavoz de la patronal eléctrica (Unesa) se desmarcó el viernes de la investigación: “No hacemos las leyes. Siempre hemos cumplido la normativa a rajatabla y en este caso también”.

Pendientes de Bruselas

El ministro de Industria, José Manuel Soria, confirmó el pasado 26 de noviembre en el Congreso la investigación de Anticorrupción adelantada por este diario. Soria declaró que cuando en 1997 se aprobaron los CTC “se estableció un mecanismo para garantizar que se vendería al menos a ese precio [36 euros por megavatio/hora], pero la propia disposición establecía que si se vendía por encima y habían percibido de más, tendrían que devolverlo, y si habían vendido por debajo, se les tendría que abonar cantidades en función de esos costes de transición a la competencia”.

Soria señaló que en 2012 pidió a la abogacía del Estado que le informara si aún se podía recuperar el dinero pero que ya estaba prescrito. “¿Y cómo es que prescribió? Prescribió porque realmente [existía] la orden ministerial para que pudieran percibirse esas cantidades abonadas de más en concepto de costes de transición a la competencia, pero no se abonaron. ¿Y por qué no se recuperaron? Eso es lo que está investigando la fiscalía. Lo desconozco”.

Añadió que en el expediente hay “una estimación de los saldos pendientes por cada una de las empresas; es decir, se hizo un cálculo de cuáles eran esos saldos. De la misma estimación resulta que casi todas las empresas estarían obligadas a reintegrar parte de los cobros recibidos de la tarifa por este concepto debido a que los altos precios del mercado en 2005 y 2006 reducen drásticamente la cifra máxima de cobro a la que tienen derecho”. El diputado de ICV Joan Coscubiela ha anunciado que pedirá una comisión de investigación en el Congreso.

Además, la plataforma que denunció el caso a la fiscalía ha anunciado que planea llevar el caso a Bruselas. En 1997, la Comisión Europea autorizó el esquema de los CTC pero advertía de que “la ayuda no podrá superar en ningún caso el importe de los costes de transición a la competencia elegibles”. Su pretensión es que incluso si está prescrito en España, podría no estarlo en Bruselas.

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