Los empresarios ofrecen un plan para crear dos millones de empleos

Ven “viable” reducir la tasa de paro al 11% en 2018 si se afronta una reforma institucional

El director de inversiones del Santander, José Manuel Campa; el director general del CEC, Fernando Casado, y el presidente de Telefónica y del CEC, César Alierta. EFE

Aunque las mayores compañías del país no son ajenas a la alarma social por la corrupción y la incertidumbre ante el nuevo mapa político que se adivina, con el surgimiento de nuevas fuerzas como Podemos, ajenas al bipartidismo entre el PP y el PSOE, consideran que el principal problema que aqueja España es su elevada tasa de desempleo y entienden que la tarea prioritaria es reducirla a niveles dignos de un país desarrollado.

Las cifras del plan

El plan prevé reducir la tasa de paro al 14,2% en 2018, y a menos del 11% si se aflora el empleo sumergido. Las medidas son:

  •  Aumentar el tamaño de las empresas y su productividad. 400.000 empleos.
  • Apuesta por la internacionalización de las empresas. 700.000 empleos.
  • Mejorar el nivel educativo con mayores recursos y cualificación especializada. 200.000 empleos.
  • Acelerar la economía del conocimiento con el desarrollo digital y del I+D. 130.000 empleos.
  • Una política energética sostenible. 100.000 empleos.
  • Afloramiento del trabajo sumergido. 800.000 empleos.
  • Crecimiento económico. En torno a 600.000 empleos.

Bajo esa premisa y con ese convencimiento, el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), que agrupa a las 18 mayores empresas españolas, hizo público el informe España 2018, un plan de choque con medidas de carácter económico e institucional que permita la creación de 2,3 millones de empleos hasta 2018, y la reducción de la tasa de paro por debajo incluso del 11%.

El presidente de Telefónica y del CEC, César Alierta, considera que este plan es “factible” y “viable” para ofrecer a los ciudadanos una salida a su mayor inquietud: el paro. También cree que “las instituciones funcionan y seguirán funcionando”, pese a los casos de corrupción, tal y como comentó durante la presentación del informe.

La medida más atrevida que le lanzan al Gobierno, y a la vez un guiño ante esa inquietud social por la corrupción, es que combata denodada y eficazmente la economía sumergida. Para ello, el CEC pide que se aumente el número de inspectores laborales, se incentive fiscalmente la transición hacia contratos formales, y se cambien las actitudes frente al fraude. Los empresarios sostienen que con estas propuestas se pueden aflorar 827.000 empleos sumergidos hasta 2018, lo que redundaría en una recaudación fiscal adicional cercana al 1% del PIB.

Según las pesquisas del CEC, 307.000 trabajadores cobran el desempleo aunque trabajan en negro y otros 275.000 empleos sumergidos corresponden a la inmigración ilegal. Estas cifras sitúan a España con tasas de empleo irregular que duplican las de países como Alemania, Francia y Holanda.

El documento defiende también un ajuste fiscal adicional de 30.000 millones de euros, que se centre más en la reducción del gasto que en el aumento de los ingresos, dejando recaer el esfuerzo fiscal en los impuestos indirectos, en lugar del IRPF. En ese esfuerzo por mejorar las cuentas públicas, el CEC no se olvida del fraude fiscal, que puede generar una recaudación adicional de 20.000 millones si se implementan controles más efectivos.

307.000 trabajadores cobran el desempleo aunque trabajan en negro y otros 275.000 empleos sumergidos corresponden a la inmigración ilegal

Otra medida propuesta por las grandes corporaciones del Consejo Empresarial —las mayores del Ibex 35 entre ellas—, es aumentar el tamaño de las empresas españolas para conseguir que sean más productivas, competitivas y se internacionalicen. Por eso, demanda del Gobierno la mejora del marco institucional con la aplicación efectiva de la ley del mercado único, mayor flexibilidad laboral para el traslado geográfico, agilidad en los tribunales y rebajas fiscales. El objetivo es duplicar el número de empresas de más de 250 empleados y aumentar el 60% el número de empresas medianas (entre 50 y 250 trabajadores), lo que produciría la generación de más de 400.000 empleos.

El informe apunta a medidas políticas como aumentar el tamaño medio de los municipios para ahorrar 6.000 millones al año, la implantación “más acelerada” de la reforma del sistema de pensiones, y un plan de privatizaciones para recaudar 35.000 millones de euros.

En materia de educación, se precisa concentrar los recursos en educación infantil y primaria, mayor control de las becas aunque se incremente su cuantía e introducir la competencia entre los centros educativos.

Las medidas energéticas harían posible otros 100.000 nuevos empleos entre 2015 y 2018 fundamentalmente a mediante la reducción de la factura para las empresas y con la atracción de inversiones para la actividad exploratoria (fracking del gas).

Los empresarios se marcan también como objetivo reducir la deuda por debajo del 90% del PIB y la reestructuración del sector público y la Administración para reducir el gasto corriente en 17.500 millones.

Ni una palabra sobre Podemos

La presentación del informe del CEC, realizada este lunes en el Distrito C, sede central de Telefónica, corrió a cargo de los representantes de las mayores entidades empresariales: BBVA, banco Santander, Iberdrola y la propia Telefónica. Pero ninguno de ellos quiso responder a la pregunta más insistente que hicieron los periodistas: el ascenso electoral de Podemos a la vista de las últimas encuestas.

El presidente de Telefónica y del CEC, César Alierta, eludió hasta por cuatro veces pronunciarse directamente sobre el crecimiento de Podemos, sus propuestas programáticas y la posibilidad de que gobierne en un futuro. “Nos preocupa un país en que todo el mundo viva bien y es lo que hay que solucionar y lo que quiere la gente. Y este informe no trae recetas milagrosas sino realidades y medidas que son posibles”, indicó Alierta, en una de sus respuestas,

Respecto a la situación institucional, el presidente del CEC prefirió centrarse en las medidas contenidas en el informe España 2018 , sobre el que insistió en que todas las propuestas son viables, y que la intención es mejorar el bienestar social y económico del país y ponerlo entre los mayores del mundo.

Cuando se le preguntó sobre la corrupción y las medidas que se deberían adoptar para atajarla indicó: “Todo en la vida tiene solución y los problemas que tiene el país son solucionables”. También se mostró confiado en que “las instituciones funcionan y seguirán funcionando”

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