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Las calificadoras aprueban a México pese a los episodios de violencia

Los analistas aseguran que habría más crecimiento al reducir la inseguridad

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Un hombre pasa frente a la sede de Moody's en Nueva York.

México es y seguirá siendo destino de las inversiones extranjeras. Las agencias calificadoras han dado un espaldarazo al Gobierno mexicano, pese a los recientes episodios de violencia que han sacudido al país —la matanza de Tlatlaya a mano del Ejército y el caso de los normalistas de Ayotzinapa—. Las reformas estructurales, aprobadas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, han animado a los inversores y han colocado en un sitio privilegiado a este país de América Latina que ha sumado más de 13.000 desaparecidos y más de 100.000 homicidios desde 2006, cuando inició la guerra contra el narcotráfico

Incluso en países en donde se ha dado un golpe de Estado hemos mantenido la calificación

Alberto Jones, director general de Moody's México

“Los temas de inseguridad que se han vivido recientemente, como el caso de los normalistas, son hechos relativamente aislados”, sentencia Shelly Shetty, la principal analista de la agencia Fitch Ratings para México, que en 2013 elevó la calificación del país a BBB+, la misma nota otorgada a España. Alberto Jones, director general de Moody's México, da el mismo veredicto: “Los problemas de violencia que se viven son preocupantes y nos apenan mucho, pero no inciden de manera directa o indirecta en la fortaleza del país”. 

México se ha convertido en uno de los principales países receptores de inversión extranjera (IED) en el mundo. En 2013 ocupó el décimo puesto al acaparar más de 35.000 millones de dólares y se confirmó como segunda economía con más atractivo en América Latina, después de Brasil. 

Las versiones y el optimismo llegan a cuentagotas en algunas esferas del Gobierno. Si Agustín Carstens, Gobernador del Banco Central, comentó en una reciente entrevista al periódico El Universal que la violencia y la inseguridad no desincentivarán la entrada de riqueza procedente del exterior, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, reconoció que eventos como los de Iguala pueden afectar la imagen del país ante los inversionistas extranjeros. 

Jones comenta que las agencias como Moody’s ponen la mira solo en el riesgo crediticio. “Nuestras calificaciones son juicios sobre la capacidad de una empresa, Estado o gobierno para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones financieras”, detalla. "Las buenas perspectivas del país impulsaron a subir la nota hasta A3 el pasado febrero”, explica, y subraya que esta nueva evaluación, dictada por el potencial de las reformas, “es muy alta”. Jones argumenta que los hechos de violencia no serán factores que afecten la decisión. “Para que ocurra una modificación tendría que pasar una serie de sucesos, todos ellos encadenados. Incluso en países en donde se ha dado un golpe de Estado hemos mantenido nuestra calificación”, enfatiza. 

Los analistas, por otro lado, apoyan la visión de las calificadoras, pero amplían el debate más allá de los recientes casos de violencia. Si por un lado reconocen que la tragedia de los normalistas no modificará el flujo de inversiones a largo plazo, por el otro subrayan que el país podría obtener muchos más beneficios si solucionara los problemas de inseguridad. 

Duncan Wood, director del Instituto de México del Wilson Center, coincide en que el país no es menos competitivo después de Iguala, pero al mismo tiempo garantiza que la seguridad impacta “claramente” sobre los negocios. “Las empresas necesitan invertir más”, zanja. 

México recibiría dos o tres veces más inversiones si disminuyera la inseguridad

Luis de la Calle, economista 


En 2013, el costo de la violencia en México sumó 172.785 millones de dólares, lo que equivale al 15,8% del PIB, según datos publicados por el Institute for Economics and Peace, un think tank que cada año elabora un mapa mundial acerca del impacto económico de la violencia. El estudio detalla que los Estados que en 2003 se clasificaron como los más pacíficos del país crecieron hasta un 9% en una década, contra el 4% de los más violentos. 

“México recibiría dos o tres veces más inversiones de las que obtiene si disminuyeran los niveles de inseguridad”, asegura el economista Luis de la Calle. De acuerdo con un informe publicado por el Banco de México, los analistas identifican los problemas de inseguridad pública como el principal obstáculo que podría frenar el crecimiento económico del país, por encima de las medidas fiscales o de la inestabilidad financiera internacional. 

“Obviamente las regiones que eran competitivas seguirán siéndolo, pero hay que ver en qué medida el caso de Iguala se puede transformar en un catalizador para invertir en seguridad”, lanza el economista.

Estado de derecho, motor de la competitividad

El caso de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa no solo evidencia un elevado índice de violencia, sino la gestión de lo ocurrido refleja el alto riesgo de impunidad y falta de instituciones fuertes y estabilidad jurídica, elementos que según los analistas minan la competitividad del país. “Tenemos a un crimen de primer mundo y a unas instituciones de tercero”, afirma Luis de la Calle, economista especializado en políticas públicas. “Creo que el caso de Iguala es un llamado de atención para que México invierta más en el Estado de derecho, que tiene que convertirse en una ventaja competitiva”, remacha.

Duncan Wood, director del Instituto de México del Wilson Center, interpreta el episodio de Iguala como un eventual “parteaguas por lo que quiere ser el Gobierno y el Estado de derecho”. Wood reitera que el Ejecutivo “tiene que ponerse las pilas” para garantizar la seguridad a todos los ciudadanos y aplicar más esfuerzo en la reforma judicial. “Aunque Guerrero no es un Estado económicamente muy importante, sí que por ejemplo Veracruz y Tamaulipas destacan desde un punto de vista energético. Por esto un plan de seguridad tiene que arrancar ya, porque es fundamental que en el largo plazo los inversores vean que sus capitales son más estables y sus derechos respetados en los tribunales”, remata.

El mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha puesto énfasis en el tema. Durante la XII edición de México Cumbre de Negocio, celebrada el pasado 28 de octubre, insistió en la necesidad de redoblar los “esfuerzos a fin de asegurar la vigencia plena del Estado de derecho en todo el territorio”.

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