Ajuste a la francesa

La economía francesa, la segunda de la eurozona y la quinta del mundo, no ha sufrido tanto la crisis como las de la periferia, pero ahora no crece, amplía sus desequilibrios, sus empresas pierden competitividad, la confianza se debilita. Pero la respuesta a esa etiología no van a ser las terapias ensayadas en otras economías de la eurozona.

Ha debido ser la experiencia de sus socios de la periferia de la eurozona la que ha pesado a la hora de que el Gobierno francés procure responder a sus problemas con terapias menos agresivas e indiscriminadas. No comprometerá reducciones del déficit público tan severas ni reformas que generen mayor inestabilidad social, como las que afecten directamente a una excesiva flexibilidad del mercado de trabajo o la reducción de rentas de los trabajadores, como las que han tenido lugar en el Sur. Tratan de evitar cualquier decisión que acentúe el cuadro de estancamiento que sufre esa economía. Se trata de un equilibrio difícil de conseguir, en ausencia de actuaciones expansivas de otras economías de la eurozona con mayor margen de maniobra que la francesa.

El primer ministro francés, como antes lo hiciera el italiano, ha rechazado cualquier asimilación a las políticas practicadas en España o en Grecia. En concreto, sus autoridades tratan de que el saneamiento de las finanzas públicas tenga lugar precisamente como consecuencia de un mayor crecimiento económico y de la recaudación asociada al mismo. Con todo, las diversas actuaciones sobre el presupuesto prevén en Francia unos recortes de 50.000 millones en el gasto público de aquí a 2017. Casi la mitad de esas reducciones serán en gasto social (sanidad, pensiones, ayudas a las familias…), y el resto, en la Administración central y en Ayuntamientos, departamentos y regiones. Recortes en otras partidas como el gasto sanitario es mucho más medido y gradual. De cierta consideración son aquellas reformas destinadas a la liberalización de servicios profesionales o de los horarios de establecimientos comerciales.

No es fácil que la flexibilidad presupuestaria que reclaman las autoridades francesas de Bruselas y Berlín sea concedida sin poner sobre la mesa proyectos de reforma que, por otro lado, disponen de amplio consenso en el propio país. El problema, lógicamente, es el calado de esas reformas y su calendario. Es comprensible, por tanto, que el Gobierno francés esté tratando de forjar alianzas con sus colegas italianos con el fin de anticipar decisiones de estímulo en el conjunto de la UE y una interpretación más flexible del Pacto de Estabilidad, frente a la intransigencia de las autoridades alemanas.

Que Francia acierte no solo será bueno para los franceses. La definitiva normalización de la eurozona, el propio futuro de la moneda única y de la UE no son concebibles sin una fortaleza mínima de la economía gala. Además, economías como la española, con un elevado volumen de intercambios comerciales, financieros y humanos, pueden verse seriamente afectadas por el impacto de decisiones allí adoptadas. Las autoridades francesas deben asumir sus compromisos con la estabilidad de la región, y las reformas forman parte de ello, pero harán bien en sacar provecho de las experiencias de aquéllas que se anticiparon en economías que sirvieron de experimento de una austeridad que no ha resultado tan expansiva como se anticipó.