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Las comunidades incumplirán el objetivo de déficit público de 2014

La desviación presupuestaria de las autonomías alcanzó en julio el tope anual

Jesús Sérvulo González
Ferre entre Sánchez Llibre y Martínez Pujalte.
Ferre entre Sánchez Llibre y Martínez Pujalte.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

Las comunidades autónomas acumulan un déficit público —la diferencia entre gastos e ingresos públicos— del 1% del PIB hasta julio, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Hacienda. Esta cifra es el equivalente a unos números rojos de 10.658 millones de euros, un 23% más que el mismo periodo del año anterior. La cifra de desviación presupuestaria recoge ya el cambio estadístico de la revisión del producto interior bruto realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este organismo ha revisado la cifra de la riqueza nacional al incorporar una nueva metodología contable impulsada por Bruselas (SEC 2010) y ha recogido la valoración de actividades ilegales (drogas, prostitución y contrabando).

El gasto regional crece tras mayores subvenciones y transferencias

El dato de déficit de las comunidades complica la consecución del objetivo presupuestario para este año, en el 1% para 2014. En los primeros siete meses del año, las autonomías ya han alcanzado el techo de desfase para todo el ejercicio. Tradicionalmente las autonomías nunca han conseguido rebajar el desfase a partir de la mitad de mitad de año, porque suelen concentrar importante partidas de gasto en el último tramo del ejercicio. Además, en 2015 está prevista la celebración de elecciones autonómicas y locales, lo que tradicionalmente ha disparado el gasto.

Fuentes del Ministerio de Hacienda admiten la desviación, pero recuerdan que las comunidades aún tienen margen para ajustar sus cuentas, ya que tienen inversiones presupuestadas que aún no han ejecutado. Asimismo, recuerdan que este año los anticipos a cuenta del sistema de financiación van con más retrasos que en ejercicios anteriores.

Los ingresos caen levemente por las menores entregas del Estado

En general, todas las autonomías han aumentado el gasto impulsado por el coste de intereses (un 12,3% más) de la deuda regional, que no ha parado de crecer en la crisis. Aunque siguen reduciendo la inversión, las comunidades han aumentado también las subvenciones y las transferencias a otras Administraciones, entre las que se encuentran organismos autónomos dependientes de ellas. Por el contrario, los ingresos regionales caen un 0,6%, mermado por una caída de la recaudación del impuesto de patrimonio y por las menores entregas a cuenta del Estado por el IRPF.

Las mismas fuentes de Hacienda admiten que podría haber una ligera desviación en el déficit de algunas comunidades pero descartan que esta circunstancia vaya a afectar al objetivo global para el conjunto de las Administraciones Públicas. Confían en que el superávit registrado por los Ayuntamientos y el mayor margen que podrá aportar el Estado contribuirá a diluir el déficit de las comunidades.

Las comuniades más incumplidoras

Las más rezagadas en el cumplimiento de los objetivos presupuestarios son Extremadura, con una desviación presupuestaria del 1,93%; Murcia, 1,42%; Castilla-La Mancha, 1,4% y Andalucía, que ha registrado un déficit hasta julio del 1,39%. Navarra se ha apuntado una desviación durante los siete primeros meses del 2,59%, pero tiene un calendario distinto de imputación de gastos e ingresos por su particular carácter de comunidad foral.

Algunas de estas comunidades —Extremadura y Castilla-La Mancha— han aprobado rebajas de impuestos que lastrarán aún más sus cuentas públicas. En cambio, Baleares, con un déficit del 0,01%; Asturias (0,27%), País Vasco (0,62%) y Canarias (0,3%) son las más avanzadas.

En total, el déficit público del conjunto de las Administraciones públicas hasta julio ascendió al 3,87% de PIB, cuando el límite para todo el ejercicio es del 5,5%, por lo que se espera que el Gobierno pueda acercarse a dicho objetivo.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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