Los grandes partidos de México admiten la necesidad de elevar el salario mínimo

El salario mínimo ha ido escalando peldaños en la agenda política mexicana hasta colocarse en el centro del debate político. A menos de un año para las elecciones federales y ante las alertas de distintas organizaciones internacionales, los tres grandes partidos del país han marcado en rojo la tarea de elevar el suelo fijado para los asalariados en un país con 53 millones de pobres y una de las brechas por desigualdad más grandes del mundo. Los trabajadores que reciben las rentas más bajas de México no llegan si quiera a cubrir sus necesidades de básicas personales. Trabajan, pero son pobres.

La primera bola sobre la mesa la colocó el Gobierno del Distrito Federal (del Partido de la Revolución Democrática, PRD). En la simbólica fecha del uno de mayo, día Internacional de los Trabajadores, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera anunció su voluntad de aumentar el salario mínimo de manera inmediata. Su propuesta, elevar ya en 2015 un 23% los sueldos mínimos de los trabajadores de la Ciudad de México e ir subiéndolo progresivamente durante la próxima década, fue pronto recogida por su partido a nivel federal. El PRD, a la izquierda de la paleta política, presentó la semana pasada una iniciativa en el Senado en este sentido. “El planteamiento es garantizar que a partir del mes de enero el salario mínimo deje de ser de 67,2 pesos (cinco dólares) diarios, y pasar a 82.86 pesos (siete dólares)”, declaró en la cámara Armando Ríos Piter, portavoz de la propuesta.

México ocupa el último lugar en la lista de países de la OCDE sobre ingresos mínimos 

La batalla contra la inflación y las consiguientes políticas de austeridad salarial instaladas en México durante las últimas décadas han hundido el poder adquisitivo de los trabajadores con rentas más bajas casi un 80% desde el 1976. El país norteamericano ocupa el último lugar de la lista de la OCDE sobre ingresos mínimos. La propuesta del PRD llama a alcanzar un “acuerdo nacional”, dado que la tarea es de una envergadura técnica considerable. Los salarios mínimos son usados como un índice o unidad de cuenta. Es decir, están vinculados a una multitud de referencias, como pensiones, subsidios, tasas o multas, que se verían afectadas en caso de una subida brusca de las retribuciones.

Por eso, es una condición casi indispensable desindexar, es decir, desatar al salario mínimo de otros precios y variables ajenas al mercado laboral. El PRD insta a aprobar un nueva Ley General de la Unidad de Cuenta, tomando como ejemplo el caso de Uruguay, que llevó a cabo esta reforma durante la década pasada con efectos positivos tanto en la distribución de la renta como en la contención de la inflación, otro de los peligros más cacareados ante una hipotética subida.

La propuesta del PAN, la segunda fuerza política en el congreso mexicano, es llevar el tema a una consulta popular en junio próximo coincidiendo con las elecciones federales y estatales. El partido de la derecha mexicana ha recabado ya 2,5 millones de firmas que aún han de ser validadas. Con su consulta, el PAN busca el respaldo y la legitimidad previos a abordar un cambio en la Ley Federal del Trabajo que irremediablemente pasará también por desconectar los salarios de otras referencias.

El Gobierno del PRI ha sido el último en sumarse a la partida. El propio presidente del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto anunció durante la reciente presentación del segundo informe presidencial que su partido tiene preparado ya un plan para mejorar el poder adquisitivo del salario mínimo. La iniciativa, que será enviada antes de octubre al Congreso, contempla la eliminación de las dos zonas salariales hasta ahora vigentes (urbana y rural) y la inevitable desindexación.