El Gobierno rectifica y permite a los despedidos jubilarse a los 61 años

Empleo revisará la denegación de la pensión a 1.500 afectados y cambiará la ley en un futuro

Tomás Burgos (2i), durante su reunión con los agentes sociales.

El Ministerio de Empleo y los sindicatos han llegado este miércoles a un acuerdo para rectificar la orden de la Seguridad Social que amenazaba con impedir a 30.000 trabajadores jubilarse a los 61 años pese a que ya habían ganado el derecho para ello. Además, según ha anunciado el secretario de Estado, Tomás Burgos, la institución actuará de oficio para revisar el caso de las 1.500 personas que ya han visto denegada su pensión tras el cambio de criterio de la Seguridad Social el pasado junio.

En aquellas fechas, una orden de la dirección general de ordenación obligó a dar de alta a los trabajadores de más edad que, tras ser despedidos individualmente antes de la última reforma de las pensiones —abril de 2013—, firmaron un convenio con la Seguridad Social para poder seguir jubilándose a los 61 sin una excesiva merma de la pensión. El problema era que el alta les impedía acogerse a las excepciones previstas en la reforma para eludir las nuevas condiciones que, como mínimo, restringen la edad de retiro a los 63 años.

Con vistas al futuro, Burgos también ha adelantado tras reunirse con los agentes sociales que el Gobierno ha consensuado un nuevo criterio para interpretar la legislación que sustituye al impuesto en junio y que incluso había llegado a revisarse de forma más restrictiva en agosto. Este cambio normativo evitará que los trabajadores que están pagando de su bolsillo las cotizaciones a la Seguridad Social pese a no trabajar y cuyos expedientes siguen pendientes de tramitación vean retrasada su jubilación.

A este respecto, el secretario de Estado ha reducido la cifra inicial de afectados que ofreció el Ministerio de 35.000 a 30.000 personas durante los próximos cuatro años, que es el periodo transitorio aprobado en su día para la entrada en vigor de la reforma de las pensiones. Burgos ha reconocido que el cambio persigue respetar el principio de "confianza legítima" que había trastocado el cambio administrativo y cuyos efectos "no eran los que perseguía la legislación aprobada". Los sindicatos, por su parte, han valorado la celeridad del Gobierno en la corrección de la situación generada.

Ahora, la Seguridad Social se pondrá en contacto con los afectados durante los próximos días para informales del cambio de criterio y del mantenimiento de su derecho a la jubilación anticipada en los términos que tenían previsto. En cualquier caso, el responsable de la Seguridad Social ha matizado que la rectificación no supondrá ningún coste adicional para las arcas de la institución, que ya están en una situación delicada y cerrarán el ejercicio con un déficit equivalente al 1% del PIB.