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Argentina se enfrenta a una crisis de deuda que durará al menos hasta 2015

El fracaso de la banca internacional para solucionar el conflicto con los ‘fondos buitre’ eleva la presión sobre la divisa argentina y abre la puerta a otra fuerte depreciación como la de enero

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández EFE

Argentina entró el pasado 30 de julio en una crisis de deuda que los mercados apostaban a que fuera corta, solo por unos días o semanas. Confiaban en las gestiones que cuatro bancos internacionales —Citigroup, JP Morgan, HSBC y Deutsche Bank— habían iniciado aquel día para comprarle a los fondos buitre norteamericanos la deuda argentina impaga desde 2001 y desactivar así el bloqueo judicial de EE UU que rige sobre el pago del pasivo refinanciado en 2005 y 2010 hasta que se abone a estos inversores especulativos. Pero la gestión de la banca internacional fracasó, según certificó este viernes el fondo NML. Y ahora analistas prevén que lo que el Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner se niega a considerar un impago parcial de la deuda reestructurada se extienda por lo menos hasta enero de 2015.

Fernández se ha negado a pagar los fondos buitre con dos argumentos. El primero es que el 7,6% de los tenedores de deuda impaga de 2001 que rechazó la reestructuración de 2005 y 2010 no debe beneficiarse con el pago del 100% de lo reclamado cuando el restante 92,4% que aceptó esa refinanciación se resignó a una quita que en 2005 era del 65% y que en la actualidad, por la apreciación de los bonos de Argentina en los últimos años, equivale al 25%.

El segundo argumento para no pagar a los fondos buitre es que hasta el 31 de diciembre próximo rige una cláusula por la que si Argentina ofrece una mejor compensación a los que se opusieron a la quita, debe proponer lo mismo a los que la aprobaron. Eso se traduciría en un desembolso multimillonario, con lo que caería en saco roto la reestructuración que ha permitido la recuperación económica del país tras la debacle política y socioeconómica de hace 13 años.

Los mercados esperaban una crisis de deuda de semanas, pero ahora prevén que siga al menos hasta enero

La fecha límite para esa cláusula de igual pago a todos los acreedores, fijada en el 31 de diciembre, es lo que hace pensar en un tope a la crisis de deuda en enero del 2015. Pero la duda de los inversores —incluidos los bancos internacionales que querían comprar la deuda a los buitres— radica en si, incluso entonces, el Gobierno de Fernández podría seguir aferrado al primero de sus argumentos y no pagar la deuda, según explica un informe de la consultora ACM. La presidenta argentina finaliza su mandato en diciembre de 2015, lo que lleva a barajar también enero de 2016 como posible fecha final para la crisis, cuando ya gobierne el ganador de los comicios presidenciales de octubre del año próximo.

Depreciación del 11% en una semana

Frente a la perspectiva de que el impago se extenderá en el tiempo, el peso ha comenzado a devaluarse en los mercados cambiarios paralelos a la controlada plaza oficial. Los inversores esperaban que un arreglo de la crisis de deuda provocase un ingreso de capitales a Argentina, que ahora ha quedado descartado. Más allá de la subida de la cotización del dólar en el pequeño mercado ilegal, también se ha incrementado en la última semana el 11%, hasta 11,70 pesos por dólar, en la plaza en que empresas e inversores sofisticados se hacen de divisas en el extranjero mediante la triangulación con acciones y bonos.

Estos movimientos crean expectativas de depreciación de la moneda argentina en el mercado oficial, en el que el dólar cotiza a 8,28 pesos. Ya sucedió en enero pasado, mes que había comenzado con la moneda norteamericana a 6,51 pesos en la plaza regulada y terminó por encima de ocho pesos. Cuando hay perspectivas de devaluación, los exportadores agrícolas retrasan sus ventas y los importadores intentan adelantar las compras.

Ahora se suma el hecho de que la soja, principal exportación de Argentina, está sufriendo la misma caída de precio que las demás materias primas, lo que afecta también al resto de Latinoamérica. La economía de Brasil, mayor comprador de manufacturas exportadas por Argentina, está estancada. Ante ese contexto, el Banco Central ha retrasado la venta de divisas a empresas que han importado bienes por 4.000 millones de dólares. Las industrias, incluidas la de coches, han reclamado que la restricción de importaciones excluya la de insumos para su producción.

Riesgo de mayor inflación

Una nueva depreciación como la de enero volvería a elevar la inflación, que en la actualidad supera el 31%, profundizaría la recesión —en mayo pasado la actividad cayó 0,2% respecto del mismo mes del año anterior— y afectaría a la clase media y a las más pobres.

Frente a esa perspectiva, el Gobierno de Fernández está adoptando medidas para evitar una mayor contracción económica. Ha anunciado la ampliación del subsidio a empresas con riesgo de despidos y la construcción de 105.000 viviendas sociales hasta 2015, elevó el gasto público el 56% en junio pasado y ha bajado los tipos de interés, lo que se ha interpretado como una victoria del ministro de Economía, el heterodoxo de izquierda Axel Kicillof, sobre el más conservador presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. El Ejecutivo además ha impulsado reformas de las leyes de defensa del consumidor y de abastecimiento que elevan los controles sobre los suministros de las empresas.

Diversas encuestas muestran que la presidenta argentina ha recuperado popularidad por su postura firme contra los fondos buitre, pero también señalan que la población teme que el impago de la deuda dañe la economía. Dentro de solo un año se celebran las primarias presidenciales, que serán clave para las generales, y en la disputa el kirchnerismo puro y duro debe encontrar un candidato para vencer en su Frente para la Victoria al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, un peronista fiel a los Kirchner pero que analistas sitúan más cercano en términos ideológicos a otros dos de los aspirantes con más apoyos, el diputado peronista opositor Sergio Massa y el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri.