México inicia su revolución petrolera

El parto de la reforma económica más importante en décadas en México no fue sencillo. El proceso dio inicio en diciembre pasado cuando el Congreso realizó una serie de modificaciones a la Constitución para permitir una apertura de la industria al capital privado y extranjero. Ocho meses después, los legisladores aún trabajaban en la letra pequeña de la reforma, las leyes reglamentarias, en un ambiente crispado que enfrentó al PRI, el partido en el Gobierno y sus aliados, el PAN, con los parlamentarios de la izquierda, que mostraron una oposición dura al cambio del sector.

La minoría de la izquierda en el Congreso no pudo boicotear la culminación del proyecto de reformas que se propuso Enrique Peña Nieto a su llegada a la presidencia, en diciembre de 2012. La reforma energética consta de 21 leyes que dibujan un esquema sui generis que bebe de los modelos colombiano y brasileño, un híbrido que permite la cohabitación de la inversión privada con empresas estatales. La reforma podría traer inversiones de entre 11.000 y 15.000 millones de euros en los próximos tres años, según la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (Amipe).

En la década de los noventa del siglo pasado México sorteó la ola reformista que marcó al sector en América Latina. Carlos Menem había privatizado la industria en Argentina, y Brasil había flexibilizado las normas en 1997 para permitir la participación de empresas privadas con Petrobras, la empresa estatal. Los Gobiernos del PRI se mantuvieron aferrados al nacionalismo revolucionario, que ensalzaba la expropiación petrolera de 1938, realizada por Lázaro Cárdenas.

Con la llegada de la derecha al poder en 2000 comenzaron a soplar los vientos de cambio. Los expresidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) intentaron modernizar el sector. Se encontraron aún con una fuerte oposición, liderada por el PRI, que rechazaba los cambios con la imagen de Cárdenas como estandarte.

Con el retorno del PRI a la presidencia en 2012 también volvió el pragmatismo. "A muchos líderes políticos les faltó una dosis de arrojo, de ir a por una reforma de hondo calado", dice el presidente del PRI, César Camacho, que reconoció que su partido estuvo "dispuesto a todo" para conseguir la reforma. La oposición se tomó al pie de la letra la oferta y le arrancó al Gobierno cuatro reformas "estructurales" (educación, telecomunicaciones y competencia, política electoral, financiera), en las que tocaron algunos intereses del partido gobernante.

El PRI tuvo que ceder en varias reformas estructurales para sacar adelante la ley petrolera

La derecha, el PAN, ha sido un artífice fundamental en la reforma energética que se ha aprobado en México. En 2008 el PRI rechazó el proyecto que presentaba el Gobierno de Felipe Calderón para modernizar el sector porque lo consideraba "privatizador". Fueron los legisladores del PAN los que ahora obligaron a ir más allá al Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya propuesta inicial fue menos ambiciosa de la que se ha aprobado. Durante toda la discusión legislativa que ha tenido lugar este año, la izquierda tachó a los diputados y senadores del PRI y el PAN de "traidores a la patria".

La reforma descansa en dos grandes pilares. El primero, resuelto en la Constitución, deja claro que el petróleo sigue siendo propiedad de los mexicanos. Con esto el Gobierno quiso evitar dar la espalda a la defensa de la soberanía que marcó al PRI por más de siete décadas. El segundo es que se permite la libre competencia entre el Estado y los particulares en la exploración, producción, transformación de los hidrocarburos y la electricidad.

El paquete de normas fuerza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) a transformarse en empresas productivas del Estado. Este acuerdo tuvo un colofón polémico porque convirtió en deuda pública el pasivo laboral (pensiones y cuotas a la Seguridad Social) de las empresas, que asciende a 1,2 billones de pesos (68.000 millones de euros, el 12% del PIB). La medida ha sido ampliamente rechazada por la sociedad porque beneficia al sindicato petrolero, una opaca organización.

"La reforma es una invitación a la inversión extranjera", dice Erik Legorreta, presidente de la Amipe. Asegura que empresas de Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Corea del Sur ya han puesto sus ojos en el territorio azteca, que cuenta con reservas 3P (probadas, probables y posibles) de 44.530 millones de barriles, la decimocuarta nación con más crudo en el mundo.

La exploración se podrá realizar en todo el territorio mexicano a excepción de las reservas naturales y protegidas. El mayor tesoro energético, el 52% del crudo, se halla en la parte profunda del golfo de México, según Pemex. Las empresas tendrán que pagar al Estado 1.150 pesos mensuales (65 euros) por kilómetro cuadrado los primeros 60 meses en los que busquen el oro negro. Del mes 61º en adelante la cifra asciende hasta los 2.750 pesos (155 euros).

Cuando comience la explotación el esquema que entra en vigor será el de las regalías, un canon variable que oscilará con el precio de los hidrocarburos. Si el barril de crudo se encuentra por debajo de los 48 dólares, la regalía será del 7,5% del total. Si es superior, el monto se calculará multiplicando la cifra por 0,125 y al resultado se le sumará 1,5. Para el gas, la cantidad se estimará dividiendo el precio entre 100.

El resultado de las subastas marcará el éxito o el fracaso de las reformas

"En comparación a otros países, las regalías de México comienzan muy bajo", dice Miriam Grunstein, una abogada petrolera y académica del reputado Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Esta experta en el sector coincide con ciertas acusaciones de la oposición, que en el debate legislativo habían señalado que en otros países se han fijado entre el 10% y el 25%. Pero advierte que un alza en los precios de los productos energéticos podría aumentar "sustancialmente" las regalías, "lo que podría llevar a las empresas a desinvertir".

Los terratenientes también cobrarán el 2% o 3% (depende de si se extrae gas o crudo) de las ganancias totales por la "ocupación temporal" de sus tierras. Con esta figura el Gobierno ha pretendido acallar las críticas de la izquierda, que acusó al Ejecutivo de dejar indefensos a los pequeños propietarios y arrendatarios agrícolas frente a las transnacionales.

Grunstein advierte de que la reforma "deja cosas que desear". Entre ellas, el poder de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, los órganos reguladores, que "han quedado débiles" porque la ley deja a sus consejos en una posición endeble. "La tentación de los próximos ministros de Energía de tratar de influir en las decisiones de los órganos será muy fuerte", señala. Otra de las preocupaciones es la falta de cuadros con experiencia en un mercado energético abierto. "El alto nivel de tecnificación del sector exige un diálogo equilibrado. Las empresas pueden ser perjudicadas con funcionarios que no saben nada. Urge que las universidades comiencen a formar cuadros desde ya", agrega la académica.

"El éxito lo vamos a ver en las licitaciones. Si no son competidas querrá decir que la reforma no gustó", señala Grunstein. Los primeros contratos podrían llegar antes de diciembre. Hasta ese entonces el destino de la reforma más ambiciosa de Enrique Peña Nieto aún está en el aire.