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Argentina agota el plazo de negociación sin acuerdo con los ‘fondos buitre’

Los bancos argentinos negociaron con los acreedores para evitar el impago

El ministro de Economía argentino después de sus negociaciones con los acreedores ayer en Nueva York. Atlas / Bloomberg

La coreografía era confusa y perfecta al mismo tiempo. Por un lado, el Gobierno argentino agotó el mes de gracia concedido por el juez Thomas Griesa para conseguir un acuerdo con los tres fondos litigantes o fondos buitre que reclaman el pago de 1.500 millones de dólares. Con lo cual, Argentina quedaba abocada a la suspensión de pagos. Sería el segundo desde 2002. Y aunque los efectos no se prevén tan traumáticos como los de aquella ocasión, uno siempre sabe cómo entra en una suspensión, pero nunca cómo se sale. Sin embargo, el Gobierno argentino no pareció en ningún momento temer las consecuencias.

Tras seis horas de reunión en el despacho neoyorquino del mediador asignado por el juez Thomas Griesa, el ministro de Economía, Axel Kicillof salió este miércoles con el pulgar levantado. El pulgar estaba en la tónica de lo que presagiaban los mercados a lo largo del día: que habría acuerdo. Se hablaba de la intervención de los bancos privados argentinos.

Pero la agencia crediticia Standard&Poor bajó su pulgar y declaraba en esos momentos una “suspensión de pago selectiva”. Pocos minutos después, Kicillof declaraba en conferencia de prensa pronunciada en el consulado argentino de Nueva York: “¿Pero quién cree en las agencias crediticias?”.

Mientras Kicillof contestaba a las preguntas el abogado mediador Daniel Pollack, asignado por Griesa, emitió un comunicado donde afirmaba: “Argentina entrará de forma inminente en una suspensión de pagos”. Y añadió: “No es una mera condición técnica, sino que es un evento real y doloroso que perjudicará a la gente, incluyendo a los ciudadanos argentinos, a los tenedores de bonos canjeados y a los inversores denominados holdout . El ciudadano común argentino será la víctima real y última. Las consecuencias totales del default no son predecibles, pero ciertamente no son positivas”, agregó.

Kicillof mostró su sorpresa en la conferencia de prensa cuando una periodista le interpeló sobre las palabras del mediador: “Yo me veo sorprendido, ingratamente sorprendido por ese comunicado. Parece escrito para favorecer a una de las partes”, señaló. Poco después, otro periodista le preguntó a Kicillof sobre el tema que había sido la comidilla durante todo el día: la posible intervención de las 27 entidades financieras que integran la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba).

Kicillof negó la suspensión de pagos que anunció la agencia S&P

En teoría, habían ofrecido a los llamados fondos buitre una garantía millonaria para que los buitre solicitaran al juez la suspensión de la sentencia. Pero Kicillof dijo también que se enteró por los diarios de esos intentos. Y recalcó que no había habido acuerdo. Con lo cual, el precipicio de la suspensión de pagos parecía más cercano, aunque Kicillof se niega a llamarla como tal. “Default técnico…, default selectivo…, no lo sé porque nadie sabe caracterizarlo. Porque es nuevo. Hablo con la letra de los contratos. Y los contrato hablan de cuando se incurre en default. Y esta situación no está ahí. (…) Default es no pagar”, aseveró.

Pero, en cuanto terminó la conferencia, el diario financiero argentino Ámbito Financiero titulaba que ya había habido acuerdo entre los bancos argentinos y los fondos buitre y que la suspensión de pagos sería efímera porque los banqueros argentinos pagarían a los buitre el 100% de la deuda, es decir, entre 1.500 millones y 1.600 millones de dólares.

El Gobierno se desmarca de posibles acuerdos entre privados

Si eso fuera así, el baile habría sido tan confuso como perfecto. El Gobierno se lava las manos ante cualquier acuerdo entre privados y así no tendría que responder jurídicamente ante las posibles exigencias de otros acreedores para que a ellos se les pague también el 100% de la deuda contraída.

El Gobierno de Argentina tenía el compromiso de pagar antes del 30 de junio 539 millones de dólares a bonistas que aceptaron una reducción en el cobro de la deuda durante las reestructuraciones de 2005 y 2010. Y el Gobierno argentino envió ese dinero en depósito al Bank of New York Mellon. Pero Griesa no permitió que se pagaran esos 539 millones sin que antes se abonara a los dos fondos litigantes los 1.500 millones de dólares que reclamaban (1.330 más intereses). Griesa concedió un periodo de gracia de un mes que se agotó el miércoles.

En una conferencia de prensa abarrotada en la que algunos de los asistentes llegó incluso a aplaudir, Kicillof atacó duramente al juez Griesa, según informa Vicente Jiménez desde Nueva York. El ministro concluyó: “Quiero dejar muy claro qué vamos a hacer: no vamos firmar ningún compromiso que comprometa el futuro de los argentinos. Vamos a defender el canje con el 92% de los bonistas. Vamos a tomar todas las medidas y acciones de nuestros contratos y del derecho internacional para que esta situación insólita no continúe. Vamos a buscar una solución justa equitativa y legal para el 100% de nuestros acreedores”. El baile seguía siendo confuso, alocado y perfecto… Siempre que la suspensión de pagos sea finalmente “efímera” y no deje millones de personas damnificadas en el camino.

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