Hacienda eleva a 180.000 euros la exención por despido en el IRPF

Se eximirá de tributar al 99,9% de las indemnizaciones, frente al 79% que se estimaba al principio

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. EFE

Casi desde que anunció, hace un mes, que la indemnización por despido improcedente pasaría a tributar en el impuesto sobre la renta —con un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado—, el Gobierno ya dio señales de que estaba dispuesto a modificar su planteamiento inicial, muy criticado por los sindicatos y la oposición. Y este lunes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, precisó la nueva propuesta, que limitará el gravamen a un grupo, muy reducido, de contribuyentes con sueldos muy elevados e indemnizaciones cuantiosas. “Vamos a elevar el umbral exento hasta los 180.000 euros, después de haber dialogado con los agentes sociales”, adelantó el ministro en la presentación del consorcio de la Zona Franca de Sevilla.

El nuevo esquema para hacer tributar a las indemnizaciones por despido más elevadas se incorporará al proyecto de ley que modificará la normativa del IRPF, dentro de la reforma fiscal que el Consejo de Ministros remitirá al Congreso este viernes. “Integraremos esta medida en el contenido de la propuesta de la ley y así eliminaremos debates innecesarios y nos dedicaremos a resolver lo que realmente importa a los ciudadanos”, puntualizó Montoro en un acto ante empresarios en el que estuvo acompañado por el alcalde de la capital sevillana, Juan Ignacio Zoido.

"Así eliminaremos debates innecesarios", dice Montoro al anunciar la medida

Hasta ahora las indemnizaciones por despido improcedente que no superaran los topes legales (45 días por año trabajado antes de la reforma laboral, 33 días desde febrero de 2012), estaban exentas de tributar en el impuesto de la renta, un beneficio fiscal que ha reducido la recaudación del Gobierno y las comunidades en unos 400 millones de euros al año en los ejercicios golpeados por la crisis (2008-2013), en los que se perdieron 3,7 millones de empleos. En su anteproyecto de ley, detallado el 23 de junio, el Gobierno planteaba hacer tributar esas indemnizaciones por el tipo marginal del IRPF (entre el 24% y el 45% según el nivel de renta del contribuyente), con una exención de 2.000 euros por año trabajado.

Según los cálculos de Hacienda, ese mínimo exento evitaba tributar al 79% de las indemnizaciones. Pero las críticas se desataron en cuanto fue anunciada la medida, por afectar a los ingresos de desempleados, hasta oscurecer muchos otros aspectos de la reforma fiscal, con mayor impacto económico. “Es indecente, se agrava la desgracia con un impuesto más”, afirmó entonces el portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura. “Es una penalización por partida doble, bastante problema tienen los trabajadores con el despido como para añadir la tributación”, advirtió el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

Los sindicatos reclamaron al Ejecutivo que acotara mucho más la medida para “no golpear al conjunto de los trabajadores”, en palabras del líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo: Comisiones estimó que los trabajadores que cobraban más de 1.300 euros brutos al mes, en 14 pagas, ya se verían obligados a tributar en caso de ser despedidos.

Los sindicatos y la oposición habían exigido al Gobierno de Rajoy que rectificase

Ante la polémica suscitada —algunos dirigentes locales del PP manifestaron su rechazo a la medida—, Hacienda recogió el guante y aseguró que elevaría el mínimo exento. “Me escandalizan las indemnizaciones millonarias”, dijo Montoro en una entrevista con EL PAÍS, para precisar que ese era el objetivo.

La propuesta de imitar la regulación de Navarra y la Diputación de Gipuzkoa —eximen de tributar los primeros 180.000 euros de indemnización—, que usaron las competencias que les otorga el régimen foral para poner el acento en las compensaciones de ejecutivos y profesionales muy bien remunerados, estuvo encima de la mesa casi desde el principio. Y, como asumió este lunes Hacienda, la decisión anunciada “supone un notable incremento sobre la cantidad establecida en el anteproyecto de ley”.

El ministerio calcula que, con este nuevo mínimo exento, “ya no tendrán que tributar el 99,9% de los potenciales afectados, según los datos de indemnizaciones por despido declarados en 2012”. Con el nuevo esquema, solo tributarán las indemnizaciones superiores a 180.000 euros, por el exceso sobre ese límite, aunque con una reducción del 30% por considerarse una renta irregular.

Se extiende el esquema fiscal ya adoptado por Navarra y la Diputación de Gipuzkoa

La diferencia con el anterior planteamiento es muy significativo: si con una antigüedad de siete años (la media en los despidos improcedentes), la exención iba a ser de 14.000 euros, ahora será de 180.000 euros, ya que el mínimo exento operará independientemente de la antigüedad.

Montoro avanzó también que, en el impuesto de sociedades, el límite a la compensación de bases imponibles negativas que antes disfrutaban las empresas se calculará sin tener en cuenta la aplicación de la nueva reserva de capitalización. Hacienda sostiene que así se ampliará “el aprovechamiento de este incentivo al ahorro, que permite a las empresas destinar un 10% de sus beneficios a la citada reserva de capitalización”, y no tributar en el impuesto de sociedades por esa cantidad.

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