Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

El juez Pedraz imputa a toda la cúpula de Gowex y a cuatro testaferros

Ordena el registro de la sede central de la compañía

La policía también entrará a inspeccionar un un despacho alquilado por la compañía

El magistrado imputa a la mujer de Jenaro García, consejeros de Gowex y supuestos testaferros

Las posibles responsabilidades penales derivadas de la confesión del fundador y expresidente de Gowex, Jenaro García, sobre la manipulación de las cuentas de la compañía empezaron a extenderse ayer con la imputación de otras nueve personas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz citó a declarar, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a la mujer de García, Florencia Maté Garabito, y a dos consejeros de la empresa de wifi, Francisco Manuel Martínez Marugán y Javier Solsona, que ocupan los cargos de director financiero y de director del área corporativa, respectivamente.

Todos ellos podrían ser acusados de los mismos delitos que se le imputan a García: delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas y delitos relativos al mercado de los consumidores y uso de información relevante.

Además, entre el 17 y el 28 de julio (fechas fijadas para las declaraciones), el magistrado interrogará también a un exdirectivo y al representante de la empresa encargada de la auditoría de las cuentas, así como a cuatro presuntos testaferros. En su declaración, el lunes, ante Pedraz, Jenaro García sostuvo que la manipulación de las cuentas comenzó, aproximadamente, en 2004, cuando empezaron a fabricar facturas falsas a empresas creadas ad hoc y a nombre de testaferros, ante los problemas económicos que comenzaban a tener. La confianza y los buenos augurios sobre la marcha de la empresa, dedicada a instalar zonas de conexión wifi gratuitas en espacios públicos, fue lo que hizo que engordaran, poco a poco y año a año, las trampas de la contabilidad, tal como expuso ante el juez.

Tras su declaración ante el magistrado, después de haber confesado el falseamiento de las cuentas en un escrito presentado ante el tribunal, el expresidente de Gowex quedó en libertad provisional con fianza y la obligación de depositar 600.000 euros en un plazo de 15 días para eludir la entrada en la cárcel. De lo contrario, se dictará su ingreso en prisión. El propio García desveló su capacidad económica para hacer frente a esta fianza al anunciar que tenía una cuenta en el Banco Popular de Luxemburgo con tres millones de euros a nombre de una de las sociedades que controla. Por ello, el magistrado decidió ayer librar una comisión rogatoria para que el banco informe de las cuentas, fondos de inversiones, préstamos, créditos, tarjetas, saldos y cualesquiera otros productos financieros que dispongan en la entidad el expresidente de Gowex, su mujer y la sociedad Arcole Venture.

Tras su “relato de hechos y conductas”, tal como lo calificó Pedraz, el juez determinó también ayer la entrada y registro de la sede de la compañía en Madrid, en el Paseo de la Castellana y a un local propiedad de la compañía de alquiler Regus, donde se guarda documentación de la firma especializada en wifi. El objetivo era encontrar información sobre las auditorías de los últimos años y documentación que acreditara el falseamiento de las cuentas en los últimos diez años. El juez también buscaba información sobre la red de hasta 20 empresas pantalla que el fundador de la compañía pudo haber utilizado para falsear facturas.

Por su parte, la defensa de los trabajadores de Gowex desveló ayer que está perfilando los detalles para solicitar la personación como acusación particular en el procedimiento, según explicó a Europa Press un abogado que representa a unos 70 trabajadores de los más de 150 que componen la firma. “Vamos a intentar comparecer en el procedimiento penal, opinar y pedir diligencias para que se averigüen los hechos y se garantice la información, documentación y activos de la compañía”, ha explicado el abogado.

Además de esta personación, Santiago Pedraz tiene pendiente de decidir si dos asociaciones, el Partido Político Perjudicados por las Preferentes (PPPR) y Activa Gowex Asociación de Afectados, y un perjudicado pueden personarse en el caso como acusación.