El juez procesa a 11 exdirectivos de Mutua Universal por un fraude de 200 millones
Les acusa de desviar dinero de la Seguridad Social a firmas asociadas y de los directivos El fiscal pide que paguen las grandes empresas que se beneficiaron con el sistema
El juez de Barcelona que desde 2007 instruye el caso de Mutua Universal ha concluido la investigación y acusa a 11 exdirectivos por un fraude de más de 200 millones de euros. Según el auto de procesamiento, contra el que cabe recurso, incurrieron en un delito continuado de malversación de caudales públicos, otro de apropiación indebida y/o administración desleal, falseamiento de cuentas y falsedad en documento mercantil. La mutua, que no tiene ánimo de lucro y maneja principalmente dinero público de la Seguridad Social, devolvía parte de las cuotas que recibía a grandes empresas asociadas (Peugeot, Dragados, Spanair, Carrefour, Manpower, La Caixa...). Además, señala que los directivos facturaban a la mutua mediante testaferros y empresas pantalla.
En agosto de 2007, la policía irrumpió en la sede de Mutua Universal tras una grave acusación de la Seguridad Social de que desviaban dinero público. Los directivos de la entidad “se habían concertado con el fin de expandir el negocio de la entidad a costa del patrimonio de la Seguridad Social”, según el titular del juzgado de instrucción 21 de Barcelona.
“Expandían el negocio de la entidad a costa de la Seguridad Social”
El auto, fechado el 3 de junio y notificado la semana pasada, señala como responsables al exdirector general Juan Aicart —“ejerció la máxima responsabilidad ejecutiva con un intenso cariz jerárquico”—, cuatro subdirectores generales, José Eduardo Villa, Alfredo Isidro Maciá, Francisco Javier Tobajas y Josep García Belaire, además de cuatro jefes de departamento. También enfilan el banquillo José Luis Pérez Digón, persona de confianza de Aicart, y un asesor jurídico.
La junta directiva, formada por representantes de empresas asociadas y presidida aún por Juan Echevarría, exyerno de Joan Laporta y fundador de un partido de derechas (Solidaritat Catalana) en 1980 junto al presidente de la CEOE, Juan Rosell, quedó eximida en la instrucción.
Según el juez, los 11 directivos “detrajeron fondos de carácter público que aplicaron a conceder beneficios a determinados asociados”. Se trata de los llamados extornos, devoluciones ilícitas de cuotas que daban a empresas y que suman 195 millones entre 1998 y 2007 (lo anterior ha prescrito). El informe pericial de la Intervención de la Seguridad Social detalla que se beneficiaron 1.185 empresas. De ellas, 29 lograron más de un millón. En el listado figuran PSA Peugeot-Citröen y Automóviles Citröen (beneficiadas con 17,6 millones), Urbaser (10,7 millones), Carrefour (9,7 millones), Manpower (6,2 millones) y La Caixa (3,1).
Las empresas solían obtener con cargo a la Seguridad Social “material informático, botiquines, material de prevención, pago de estancias en hoteles y viajes, chequeos médicos, mobiliario, reparaciones y obras, cursos de formación...) proporcionados a la mutua por parte de determinados proveedores pero cuyo coste era asumido ilícitamente por Mutua Universal”. Para camuflarlo, “el proveedor no facturaba a la empresa verdaderamente receptora del bien o servicio proporcionado sino que facturaba a la mutua por una prestación que no ha recibido y por un concepto distinto del real”.
El informe pericial señala que La Caixa tenía así pagado con dinero público “dotación de fisioterapia dedicada a la rehabilitación funcional del personal directivo” y “reconocimiento médico del personal VIP” en las clínicas Teknon de Barcelona y la Ruber de Madrid. Un portavoz de La Caixa afirmó ayer que la entidad desconocía que figurara en las diligencias. Lo mismo señalaron los portavoces de las empresas contactadas: Citröen, Manpower y ACS, que señaló que Urbaser y Dragados dejaron la Mutua cuando las compró ACS. Otras no respondieron.
Según el juez, no está acreditado que los responsables de las empresas beneficiadas “fueran cabalmente conscientes de la trascendencia final de lo que hacían”. Sin embargo, la fiscalía consideró en marzo que las empresas que se beneficiaron del desvío de dinero son “partícipes a título lucrativo”, lo que les convertiría en responsables civiles y deberían devolver el dinero. También hace responsable civil a Mutua Universal, por lo que tendría que afrontar la devolución del dinero defraudado. Un portavoz de la mutua, que en 2012 tenía 36,6 millones de patrimonio, consideró “prematuro e inapropiado” analizar esa posibilidad antes de que llegue el caso.
La mutua financiaba centros médicos deficitarios de sus empleados
Además de las cuotas que iban a empresas, el juez considera que hubo “desvío de fondos a un conglomerado de sociedades vinculadas” a estos directivos en las que figuraban testaferros. Esos casos generaban “un palmario conflicto de intereses que se resolvía en perjuicio de la mutua”, aunque el total no está cuantificado.
Mutua Universal financiaba con cuotas centros médicos deficitarios “que pertenecían mayoritariamente a trabajadores o extrabajadores” de la mutua, principalmente de los imputados. Estos tenían sociedades que facturaban a la entidad por reformas aunque no tenían personal para ello. Las obras las subcontrataban y se quedaban con un margen. Una de ellas, Rigos, facturó a la mutua 454.107 euros entre 2004 y 2006 por reparaciones y mantenimiento. A su vez, los subcontrató por 337.214, con “un margen injustificable del 34,66%”.
El abogado de Aicart, Emilio Zegrí, anunció ayer que ha recurrido y apuntó hacia arriba: “Es difícil que todas las operaciones se realizaran en la mutua sin conocimientos de todos los órganos de dirección. Mi cliente reportaba de manera detallada” a la junta directiva. “La investigación siempre ha ido de Aicart hacia abajo, nunca hacia arriba”. Aicart fue despedido con una indemnización de 600.000 euros. Según Zegrí, estas operaciones estaban entonces extendidas en el sector y de los extornos no se beneficiaban los directivos, sino las empresas.
Cotizaciones destinadas a negocios inmobiliarios
El entramado empresarial montado por los procesados, encabezados por Juan Aicart, exdirector general de Mutua Universal, se dividía en dos ramas. Una, con por una veintena de firmas, se dedicaba al sector sanitario y de prevención de riesgos “cuya actividad principal está relacionada principalmente con la propia mutua”, según el auto del juez.
La otra desarrollaba su actividad en el sector inmobiliario. Reston Conforting forma parte de esta rama. Con esta empresa, la trama construyó una promoción de viviendas unifamiliares en Guardiola de Berguedà, en Barcelona, “finalidad que resulta ajena a cualquier de los fines propios de la mutua”, según el juez. La promoción, acabada en 2007, le generó a Reston unos beneficios de 536.064,44 euros.
El negocio inmobiliario tenía otras empresas, Rigos Star y Asgenta, encargadas del mantenimiento y obras en los edificios de Mutua Universal. También lo hacía Reston. Para las tres eran fundamentales los contratos que firmaban con la Mutua, entre 2004 y 2007 el 90% de su facturación procedía de ella. Sin embargo, ninguna de estas firmas podía hacerse cargo del trabajo para el que se les contrataba. “Carecían de medios materiales y humanos para prestar estos servicios”, explica el auto, “se limitaron a una mera y prescindible labor de interposición entre la mutua y los verdaderos contratistas [...], incrementando artificiosamente la facturación en un porcentaje que utilizaban para financiarse”.
Con los beneficios, Aicart y sus subordinados creaban otras empresas, aumentaban el capital de las ya existentes o se los repartían. ¿Cuánto dinero supuso esto para las arcas de la Seguridad Social? “No ha resultado posible determinar qué cuantía de fondos públicos fue desviada a esta ilícita finalidad”.
