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Cataluña multa al portal Airbnb por comercializar pisos turísticos ilegales

La Generalitat considera pedir que se impida el acceso al portal si no los retira

Un grupo de turistas camina con sus maletas por la Rambla de Cataluña, en Barcelona.

El Gobierno de Cataluña ha decidido plantar cara al portal de Internet Airbnb al imponerle una multa de 30.000 euros por comercializar apartamentos turísticos ilegales. La sanción obedece a que la Generalitat ha constatado que la empresa norteamericana intermedia entre turistas y propietarios de viviendas que no han sido debidamente inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña, según explican fuentes del Ejecutivo catalán. Además, el portal ofrece habitaciones en domicilios particulares, lo cual está prohibido por la normativa catalana. En caso de que Airbnb no retire del portal las viviendas no habilitadas para ser alquiladas a turistas, la Generalitat se plantea iniciar un procedimiento para impedir que se pueda acceder a la plataforma desde Cataluña.

Nacido en 2008 en San Francisco, Airbnb se ha convertido en el portal más popular para hallar alojamiento vacacional. La firma ofrece habitaciones, viviendas, castillos —e incluso furgonetas y cuevas— en más de 34.000 ciudades de 190 países. La compañía, que ya ha alojado a más de 15 millones de personas, ha estado en el punto de mira de las autoridades de Nueva York (EE UU), Quebec (Canadá) o Ámsterdam (Holanda). Sin embargo, Cataluña ha sido la primera Administración de la Unión Europea en sancionar al portal de Internet. Este diario no pudo contactar con la empresa.

La infracción ha sido considerada “grave” por los responsables de Turismo, por lo que ha impuesto la multa máxima, de 30.000 euros, a Airbnb Online Services Spain. A esa calificación ha influido la concurrencia de varias circunstancias agravantes, según han detallado las fuentes consultadas. En concreto, el Departamento de Empresa y Empleo, que dirige Felip Puig, ha considerado los perjuicios causados al resto del sector reglado por competencia desleal, el beneficio ilícito obtenido, el volumen económico de la empresa y la trascendencia social de la actuación infractora para el interés turístico, puesto que el viajero cree que está contratando un servicio legal.

La compañía ha estado en el punto de mira de Nueva York y Ámsterdam

La última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) dejó al margen de la normativa estatal las viviendas que salgan al mercado a través “canales de oferta turística” con una “finalidad lucrativa” y estableció que esos alquileres fueran regulados mediante la normativa sectorial, que debían elaborar las comunidades. El sector turístico interpretó entonces que el Gobierno cedía a las demandas de los hoteleros, que veían con preocupación la oleada de sitios de Internet que promueven el consumo colaborativo en el ámbito turístico.

Cataluña fue la primera comunidad que puso coto a los apartamentos turísticos tras calcular que tenía un millón de camas ilegales. Desde la entrada en vigor de la normativa, la Generalitat ha legalizado cerca de 200.000 camas turísticas. El decreto permite las viviendas de uso turístico, siempre que sus propietarios hayan comunicado previamente su actividad al Ayuntamiento, se hayan inscrito en el Registro de Turismo de Cataluña y cumplan unos requisitos mínimos de prestaciones, higiene y atención. En cambio, el artículo 66.2 del decreto 159/202 prohíbe que se alquilen habitaciones. “Las viviendas de uso turístico se ceden enteras, y no se permite su cesión por estancias”, reza. Fuentes de la Administración indican que eso también pesó sobre la sanción a Airbnb, puesto que hay un grueso de su oferta que ni era legal ni podrá serlo nunca.

La resolución de la Generalitat obliga a Airbnb a cesar de forma inmediata en la comercialización de inmuebles que estén ubicados en Cataluña y que no estén habilitados. Fuentes del Ejecutivo afirman que la Administración está decidida a hacer cumplir la ley y que, en caso de que la compañía no obedezca, pondrá en marcha el procedimiento necesario para impedir el acceso al portal desde cualquier IP (la dirección del ordenador) situada en Cataluña. Para ello será necesaria la cooperación de las operadoras, ya que la Generalitat admite que no tiene competencias en la inspección y sanción en telecomunicaciones.

El Gobierno catalán detecta más de 11.000 plazas irregulares

La multa a Airbnb procede de una inspección de oficio que el Departamento de Empresa puso en marcha hace un año. Por un lado, se rastrearon 2.000 portales de Internet, de los que 253 recibieron un requerimiento formal de la Generalitat por cometer algún tipo de irregularidad. Finalmente, el Ejecutivo abrió 55 expedientes y cerró ocho con una sanción, entre ellos el de Airbnb. Por otro lado, los inspectores también rastrearon el mercado de apartamentos turísticos. Por ahora, han sido expedientadas 284 personas que gestionaban 1.780 viviendas, lo que suma más de 11.000 plazas ilegales.

Barcelona es uno de los destinos más demandadas por los usuarios de Airbnb, cuyos responsables afirmaban en una entrevista a este diario el año pasado que habían recibido en sus oficinas al alcalde Xavier Trias. Según la empresa, sus servicios solucionan la vida a la ciudad cuando hay congresos mundiales como el de móviles o festivales como el Sónar. La consultora Dwif Consulting ha elaborado junto a profesores de Iese y Esade un estudio que señala que la compañía genera 128 millones de euros y 4.210 puestos de trabajo en Barcelona. El informe indica, además, que el 75% de los propietarios que alquilan sus viviendas son ciudadanos con unos ingresos dentro por debajo o iguales a la renta española.

Coto a la economía colaborativa

Algunos sitios y aplicaciones de economía colaborativa se han convertido en un quebradero de cabeza para las Administraciones. Antes de Cataluña, Airbnb ya se enfrentó a una larga guerra con la Fiscalía General del Estado de Nueva York, que acudió al juez para solicitar información que había demandado a Airbnb y que esta se había negado a solicitar. La investigación de la fiscalía había empezado un año atrás, cuando detectó que muchos usuarios que ofrecían sus pisos o habitaciones por Internet no pagaban impuestos por los alquileres. Finalmente, Airbnb accedió a proporcionar datos de actividades y usuarios, pero sin desvelar información confidencial.

La polémica se ha extendido con otras aplicaciones. El portal de movilidad Uber mereció huelgas de taxistas y motivó la apertura de un expediente por parte de la Generalitat. La Administración autonómica consideró que esa página, que pone en contacto a usuarios y chóferes, debe considerarse como una forma de transporte público, lo cual hace que esté sujeta a un “régimen de autorización previa”. Esa aplicación no solo ha causado malestar en España. Varias ciudades francesas pusieron trabas a la aplicación, mientras que Bruselas fue tajante y decidió prohibirla directamente.

Los transportistas también se quejaron por la aplicación BlaBlaCar, que consiste en poner en contacto a ciudadanos para compartir coche. El Ministerio de Fomento tuvo que intervenir en el conflicto para advertir a los usuarios que paguen por estos servicios sin licencia que pueden ser sancionados con multas que van de los 401 a los 600 euros, mientras que las plataformas que presten esos servicios sin autorización pueden ser castigadas con una multa de entre 4.001 y 6.000 euros.

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