Impuestos a la baja

Casi por definición, una reforma fiscal debe armonizar dos objetivos contradictorios en apariencia: aumentar o reordenar la recaudación y facilitar la política económica. En el caso de España, la exigencia de ambos objetivos era incontestable, dada la debilidad del crecimiento económico, que incita a estimular el crecimiento de la demanda, y el persistente incumplimiento de los compromisos de déficit, que obliga a elevar los ingresos fiscales. En esta compleja situación, el camino fiscal no puede ser muy distinto del que ya trazó a grandes rasgos —con insuficiencias— la Comisión de Expertos. Es decir, bajar el IRPF para incentivar el consumo y el ahorro, bajar (poco) el impuesto de sociedades, eliminar gran parte de las desgravaciones —un coste probablemente inútil que esquilma las arcas del Estado— y reestructurar el IVA para que se aproxime a la media de recaudación europea. Era una apuesta correcta, con algún componente regresivo (favorecer la imposición indirecta casi siempre lo es), pero que podía defenderse en función de un cierto equilibrio entre estímulo y recaudación.

La propuesta del Gobierno no alcanza el grado de reforma y se queda en una simple rebaja de impuestos (IRPF y sociedades), saludable para los contribuyentes, pero difícil de entender tanto desde la perspectiva de la política económica como desde la del mantenimiento de la capacidad recaudatoria del Estado. La reducción del IRPF favorece bastante a las rentas bajas (muchas de las cuales no pagan impuestos) y mucho a las altas (que son las que sufrieron las subidas tributarias más altas con el cambio de Gobierno), pero poco a las rentas medias, las más numerosas, llamadas a impulsar el consumo. Como la rebaja fiscal costará en torno a 5.000 millones y nada se especifica sobre aumentos de ingresos (el recorte de desgravaciones) y se niega rotundamente la posibilidad de subir el IVA, el Gobierno debe una explicación de sentido común. ¿Cómo se van a cumplir los objetivos de déficit en 2015 y 2016 que exigen un ajuste superior a los 25.000 millones? Si la respuesta es que la recuperación económica proveerá esos ingresos —versión oficial del Gobierno—, la réplica es que esa hipótesis no es creíble.

Tampoco resulta creíble que se proponga una rebaja impositiva sin una sola mención al fraude fiscal. Al bajar los impuestos sin otras contrapartidas recaudatorias, el Gobierno está desarmando el esqueleto fiscal del Estado, es decir, limitando su carácter redistributivo y su capacidad para modular el crecimiento, en una fase económica extremadamente delicada y sin que se cambie la política contra el fraude. Según estimaciones conservadoras, en España existen unos 250.000 millones de bases imponibles ocultas. Si cada año aflorara entre un 5% y un 10% de ese fraude, habrían desaparecido los problemas de ingresos fiscales; porque, como se sabe, España es uno de los países de la UE con una capacidad recaudatoria más baja.

Donde el país necesitaba una reforma fiscal, el Gobierno le ofrece una rebaja con el fin poco disimulado de presentarse en las próximas elecciones con el eslogan “Hemos bajado los impuestos” a la espera de que pasen las elecciones y desaparezcan los temores a subir el IVA. La economía pide cambios de más alcance que un recorte tibio en renta y sociedades diseñado con el motivo confeso de “devolver los impuestos que se subieron” en 2011.