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Impuestos bajo mínimos y opacidad, las bazas de las Sicav luxemburguesas

El Parlamento Europeo usó este instrumento de inversión para gestionar el fondo de pensiones

Sesión plenaria del Parlamento Europeo, en febrero de 2014.
Sesión plenaria del Parlamento Europeo, en febrero de 2014.

Las Sicav (las sociedades de inversión de capital variable) son conocidas en España por su éxito entre las familias más adineradas, que suelen utilizar este instrumento de inversión para gestionar su patrimonio. Pero su origen debe mucho a Luxemburgo, ya que el Gobierno español las creó con el objetivo de evitar que esos patrimonios fueran al Gran Ducado, principal promotor de estos  vehículos financieros, que aúnan impuestos bajo mínimos y máxima discrecionalidad. Es el tipo de instrumento que ha llevado a Luxemburgo a ser considerado uno de los países más opacos, según el índice de Tax Justice Network, organización especializada en fiscalidad internacional. Y también el que utilizó el Parlamento Europeo para gestionar un fondo complementario de pensiones de sus parlamentarios entre 1994 y 2009, una decisión rodeada de polémica que ha forzado este miércoles la dimisión de Willy Meyer, europarlamentario por Izquierda Unida.

En una nota difundida por el Parlamento Europeo, tras la información publicada por infolibre.es, el servicio de prensa de la Cámara Europea defiende que "dicha fórmula es absolutamente legal y se utiliza frecuentemente para sistemas complementarios de pensiones" y aduce que "la sociedad se crea en Luxemburgo por estar en este país la sede de la Secretaría General del Parlamento Europeo, desde donde se gestionan los fondos financieros de la institución". Pero siendo legal, también es muy controvertido.

En España, las Sicav actúan en teoría como fondo de inversión colectivos, a los que se exige 2,4 millones de euros de capital mínimo y 100 accionistas. En la mayoría de los casos, sin embargo, las decisiones las toma uno solo de los accionistas, y los otros 99 son personas interpuestas o mariachis, como se les conoce en la jerga financiera. Como otros fondos de inversión, tributa al 1% en el impuesto de sociedades por sus beneficios (frente al 30% que se aplica a las empresas). Y las plusvalías solo se gravan (al 27% en el impuesto de la renta), cuando se retira el dinero. En España, más de 3.000 sociedades gestionan 28.000 millones invertidos en acciones y otros títulos financieros.

En Luxemburgo, el régimen es aún más beneficioso. Sobre todo desde 2007, cuando se cambió la regulación para crear los SIF (specialised investment fund). En solo seis años se constituyeron más de 1.500 de estas nuevas Sicav, que gestionan más de 300.000 millones de euros, según la asociación luxemburguesa de gestores de fondos. Estas SIF puede ser constituida por un solo accionista, con 1,25 millones millones de euros, y el supervisor luxemburgués no obliga a desvelar qué inversor está detrás de la gestora, como sí hace la CNMV.

En el flanco fiscal, las Sicav luxemburguesas solo cargan un 0,01% anual sobre el valor neto de los activos, aunque esta es la tributación vigente desde 2007. El Parlamento Europeo no aclara cuánto se pago en impuestos hasta ese momento, pero sí que "todas las prestaciones obtenidas a través del sistema complementario de pensiones deben declararse y están sujetas a tributación nacional". Si esto es así, la supuesta ventaja fiscal para los europarlamentarios desparece. Porque entonces las rentas que ingrese Meyer de este fondo de pensiones complementario tributarán como cualquier rescate de planes de pensiones en España (como rendimiento de trabajo en el IRPF). Además, las gestoras de fondos de pensiones están exentas del pago de impuesto de sociedades.