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Bruselas revela que Madrid no consultó la reforma fiscal

La Comisión recibe con escepticismo la rebaja de impuestos

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Olli Rehn y Wolfgang Schauble. AFP

La reforma fiscal no se ha pactado con Bruselas, aseguró este viernes la Comisión Europea, y esto genera cuando menos escepticismo en las instituciones comunitarias, según las fuentes consultadas. Y eso puede traer algún que otro quebradero de cabeza al Ejecutivo español, todavía bajo una tutela de baja intensidad por parte de Bruselas tras la salida del rescate bancario y en pleno procedimiento de déficit excesivo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó en Luxemburgo que la reforma fiscal española “está en línea con las recomendaciones de Bruselas” y “está hablada a fondo desde hace bastante tiempo” con las instituciones. Pero Bruselas le contradice. Apenas unos ministros después, el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, se mostró contrariado porque el Gobierno “no ha consultado a fondo” la reforma fiscal, que incluye una rebaja de impuestos con un efecto neto de unos 5.000 millones de euros, según el análisis del Ejecutivo.

La Comisión y el Fondo Monetario Internacional llevan tiempo haciendo continuas advertencias a España por la imposibilidad de bajar impuestos en un país que tiene una de las presiones fiscales (el resultado de dividir los ingresos públicos por el PIB) más bajas de Europa y un agujero en el déficit que se resiste a bajar del 7% del PIB a pesar de los recortes. A partir de 2015, además, España se verá obligada a rebajar la deuda pública a toda velocidad —unos dos puntos de PIB por año—, con la entrada en vigor del Compacto Fiscal. Eso deja poco margen para las bajadas, según Bruselas, a la vista de las potenciales dificultades de la economía española para alcanzar los objetivos de déficit el año próximo y en 2016.

“Cuando el Gobierno ha consultado o informado —nunca negociado—, se les ha expresado escepticismo”, aseguraron fuentes comunitarias. Aun así, España juega con tres bazas a su favor: por un lado, la debilidad política de la Comisión y del propio Rehn, en fase de salida tras las últimas elecciones europeas. Por otro, la incipiente recuperación, que puede dar algo más de margen a las arcas públicas. Y en último lugar, con las peticiones de flexibilidad de las reglas fiscales que llegan tanto de Italia con Francia, que beneficiarían de retruque a España.

Aun así, el Ejecutivo no contaba con las reticencias expresadas por Rehn en su última rueda de prensa como vicepresidente. El comisario de Economía no quiso avalar la reforma. Lo dijo en público —“la Comisión debe analizar y verificar la información disponible antes de pronunciarse”—, y aseguró después a este periódico que aún “es pronto para tener una primera impresión”. Pero, en privado, varias voces en Bruselas encendieron en la tarde de este viernes todas las alarmas. “Tiene que tratarse de un anuncio meramente electoralista, porque España no se puede permitir el lujo de bajar una media del 12% el IRPF con el consumo bajo mínimos (y por tanto la recaudación por IVA muy abajo), el empleo sin acabar de despegar (y por tanto las cuentas de la Seguridad Social sin margen) y unos ingresos procedentes del impuesto de sociedades aún muy limitados porque las empresas van a tener créditos fiscales por las pérdidas de estos últimos años. Y todo eso con un déficit aún muy abultado y la necesidad de rebajar la deuda a partir de 2015 por el fiscal compact”, según las fuentes consultadas en la Comisión Europea.

Esa postura contrasta con los anuncios en Madrid: “Ha llegado del momento de bajar impuestos para todos”, resumió el ministro Cristóbal Montoro. Esa era la frase que no quería oír Bruselas, que advierte desde hace tiempo de los agujeros del sistema fiscal español: con caídas del PIB similares a Italia recauda mucho menos. En las recomendaciones específicas que Bruselas remitió a España en junio, la Comisión pedía una subida del IVA, de los impuestos medioambientales (por ejemplo, los aplicados al combustible) y del IBI; la eliminación de deducciones en el impuesto de sociedades y en el IRPF y una reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de las empresas. Por contra, el Ejecutivo anuncia una rebaja media del 12,5% en el IRPF y devuelve el gravamen sobre al ahorro al nivel previo a 2011 para cantidades inferiores a 50.000 euros. Y rechaza una de las propuestas centrales de la Comisión para España: aumentar el IVA.