El boicoteo a Coca-Cola por los despidos recortó hasta un 49% las ventas
La sentencia que anula el recorte de empleo apunta el descenso en la zona centro
El boicoteo a Coca-Cola por los más de 750 despidos que su embotelladora española anunció a primeros de años tuvo un efecto muy tangible: las ventas bajaron un 48,6% hasta finales de febrero con relación al mismo periodo del año anterior en la zona centro de España. El dato, que hoy publica El Economista, aparece recogido en la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Coca-Cola Iberian Partners, que finalmente afectaba a 851 personas.
"Las ventas en la zona centro de productos de Coca-Cola, medidas en cajas físicas, sufrieron una reducción del 48,6% a fecha 28 de febrero de 2014 en relación con las realizadas un año antes, a 28 de febrero de 2013, lo que implicaba una menor necesidad de producto de la marca durante la huelga en dicha zona centro", recoge el fallo.
La explicación aparece en el momento en el que se relata la preparación de cara a la huelga iniciada en enero. "En la plataforma logística de CCIP en Madrid (Ecoplataform S.L.), que distribuye el producto en esta Comunidad Autónoma, existía stock suficiente para mantener el suministro durante la huelga hasta finales del mes de febrero, pero, dado que siempre había sido suministrado el producto desde Casbega, la permanencia en la situación de huelga determinaría que a partir de ese momento se producirían 'roturas' de stock de algunas referencias", señala.
El presidente de Coca-Cola España, Marcos de Quinto, ya dejó entrever hace unos meses los efectos del boicoteo que llevó por lema "si Madrid no produce, Madrid no consume" y reconoció que el ERE “no ayuda a la imagen de la empresa”. Las ventas, señaló, se estaban comportando “dentro de lo que era previsible”
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional anuló la semana pasada los despidos efectuados en abril y obligó a la readmisión de los extrabajadores pese a que ya se han cerrado las plantas en las que trabajaban Fuenlabrada (Madrid), Mallorca, Alicante y Asturias. El juez consideró que la compañía no realizó adecuadamente el proceso de fusión por el que ocho embotelladoras se unieron en una y no respetó el derecho a huelga.
