Deconstruyendo al notario

"¿Para qué necesito ir al notario, si lo único que hace es dar fe de lo que yo hago y firmar después?". Esta afirmación, u otras similares, suelen aparecer cuando se critica el trabajo del notario. Cuando me la hacen a mí, frecuentemente contesto que no solamente no es cierta, sino que, además, probablemente no la cree quien la ha hecho.

Vamos a comprobarlo con un ejemplo algo extremo. Imaginemos que usted, amable lector de este artículo, acude a un notario para adquirir un inmueble, firma la escritura correspondiente, y a cabo de un tiempo se entera de que el representante de la sociedad vendedora no tenía legitimación para vender, que el inmueble tenía un embargo que usted desconocía, y que además usted ha pagado el precio metálico en una cantidad que excede de la permitida por la ley, por lo que va a ser objeto de una sanción por parte de Hacienda. Un desastre, en definitiva. Lógicamente, usted acudirá a ese notario a pedirle explicaciones. Pero el notario le responde que la culpa es exclusivamente de usted, porque él se ha limitado a dar fe de lo que ustedes le decían, de modo que se lava las manos, le advierte de que debe asumir las consecuencias y le aconseja que tenga más cuidado la próxima vez.

¿Admitiría usted una respuesta de este tenor y se reprocharía a sí mismo por no haber indicado mejor al notario aquello de lo que debía dar fe? Tengo la completa seguridad de que la respuesta es negativa, y es muy razonable que así sea. Y, sin embargo, esta sería la única contestación coherente con la afirmación expuesta al principio: si el notario se limita a dar fe y firmar, no le pida otra cosa cuando han surgido problemas. No obstante, todos esperamos mucho más cuando acudimos a él, y por eso en realidad nadie cree en esa afirmación.

Cuando se otorga ante notario un negocio, sea cual sea, una compraventa, un testamento, una hipoteca o una fusión de sociedades, lo que se espera es que este compruebe y se asegure de que todo está bien. En general. Eso incluye, en primer lugar, que el negocio en cuestión cumpla todos los requisitos legales, sean civiles, administrativos, mercantiles, fiscales o de cualquier otra naturaleza aplicable al caso, tarea cada vez más ardua dada la velocidad con la que se legisla en la actualidad, solamente equiparable a la mala calidad técnica de las leyes que se publican. Y también se espera del notario un cierto consejo o asesoramiento sobre si el negocio pretendido es el más conveniente para los intereses del cliente, frente a otras posibilidades (por ejemplo, si hacer testamento repartiendo los bienes es mejor o peor que hacer donaciones en vida). En definitiva, se espera de él que controle la legalidad, que exija toda la documentación que sea necesaria o conveniente, que aconseje, oriente e informe, y que finalmente redacte el clausulado del negocio. Y, por cierto, también que dé fe de todo ello.

Los principales documentos notariales son las escrituras y las actas. Son documentos públicos, lo que quiere decir que tienen efectos muy potentes, porque así lo determina el legislador. Desde el punto de vista jurídico, son súperdocumentos. Uno de esos efectos tan especiales es, precisamente, que su contenido está amparado por la fe pública, de modo que si en una escritura o un acta consta que algo se ha dicho o se ha otorgado, a los efectos legales es así, y nadie lo va a discutir. La fe pública hace sencillas cosas que son bastante complicadas. Un ejemplo bastante frecuente: voy a derribar una casa antigua que tiene una ventana a la casa de al lado, en la nueva casa pondré de nuevo la ventana y quiero demostrar que esa ventana existía previamente, por si años después me demanda el vecino para que la cierre. Pues bien, basta con que se hagan fotos de la ventana antigua y el notario dé fe del día en que se hicieron. Nadie discutirá en el futuro que ese día y a esa hora, esa ventana existía.

Una labor poco conocida del notario pero que es muy apreciada y hasta admirada en los países anglosajones es la de archivero. Todos los documentos que salen de la notaría son copias, los originales quedan protocolizados, es decir, encuadernados en esos gruesos tomos que se pueden ver en cualquier notaría, preparados para que cualquier interesado pueda pedir una copia del mismo, días, meses, años o incluso décadas después de haberse firmado, sin haberse preocupado de conservarlo durante todo este tiempo y sin haber pagado nada por esa conservación. Otro ejemplo: una persona me solicitó en la notaría una copia del testamento de su abuelo y de una compraventa que había otorgado este, ambas del año…1955. Dos horas después, se las llevaba con un coste total que no fue superior a 100 euros. Ahora pidan a la administración o a un juzgado una copia de un documento de hace tres años y comparen.

Más allá de tópicos, el notario es una profesión realmente útil y eficaz. No obstante, si la enorme crisis económica de los últimos años nos ha mostrado que algo hemos debido hacer todos mal, y es necesaria no solamente la crítica, sino, e incluso más, la adecuada autocrítica. En todo caso, hay que situar los acontecimientos en perspectiva, a la hora de analizar los comportamientos no solamente de los notarios, sino de todos los que han tenido alguna parte o algún papel durante los años de la burbuja inmobiliaria.

Ahora mismo, la actualidad absoluta la tienen conceptos como transparencia, consumidor, cláusulas abusivas, protección en la ejecución hipotecaria, limitaciones al banco, etc. Sin embargo, recordemos cómo era la situación hace por ejemplo 8 o 10 años: inmuebles que se compraban y se vendían al poco tiempo con plusvalías increíbles (o incluso que simplemente se marcaban y se “daba el pase” al comprador final del promotor), gente haciendo cola frente a la caseta de la promotora para señalizar pisos, personas que sin ser expertas en el tema se dedicaban a promover y vender, compras de varias plazas de garaje para alquilarlas o venderlas pero sin necesidad real de ellas, hipotecas con intereses bajísimos en las que se decía al cliente que pidiera más “para amueblar la casa”, suelos rústicos que al ser recalificados eran las Minas del Rey Salomón para su afortunado propietario, ningún ahorro dinerario porque el verdadero ahorro era el inmobiliario aunque hubiera que endeudarse… En esa época desquiciada desde luego que podría haberse incidido más en cuestiones de información y transparencia, de garantías y límites, pero me temo que todo el mundo estaba “a otra cosa”: aquí había dinero a espuertas y oportunidades que no se podían dejar escapar, dado que el ladrillo nunca iba a dejar de subir, según se decía.

Una última cuestión: ahora que se habla tanto de recortar los gastos de la administración, hay que recordar que es más costoso para el erario público cualquier Observatorio, por minúsculo que sea, de cualquier autonomía, que los 3.000 notarios, sus oficinas, sus locales, su mobiliario y sus 25.000 empleados. Porque todos ellos tienen un presupuesto con cargo a las arcas públicas muy ajustado: cero euros. Toda la estructura notarial, así como la conservación de los protocolos a lo largo de los años se financia a través del arancel, y nada a través del Estado ni de los impuestos del contribuyente.