La Justicia argentina investiga si Cristina Fernández benefició a Chevron en YPF

La Justicia argentina investigará si es legal el decreto que firmó la presidenta del Gobierno, Cristina Fernández, en julio de 2013 mediante el que se facilitaba un acuerdo entre YPF y el gigante petrolero estadounidense Chevron para explotar el yacimiento de Vaca Muerta. El diputado opositor de la ciudad de Buenos Aires Alejandro Bodart, miembro del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y el abogado ambientalista Enrique Viale interpusieron en aquel momento una denuncia contra Fernández por “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa”. La denuncia recayó en la juez María Servini de Cubría, la misma que investiga en Argentina los casos de torturas contra víctimas del franquismo, quien remitió el caso al fiscal Eduardo Taiano para que decidiera si había razones para emprender la investigación.

El fiscal interpretó que no había delito en la firma del decreto y desestimó la denuncia. Pero Servini de Cubría anuló el dictamen del fiscal. Taiano recurrió ante la Cámara Federal de Buenos Aires. Y el martes la Sala II de esta Cámara decidió, con dos votos a favor y uno en contra, reactivar la denuncia. De momento, se trata solo de una china en el zapato del Gobierno. Pero una china que afecta a Vaca Muerta, el yacimiento de gas y petróleo no convencionales a través del cual el Gobierno espera superar el déficit energético que lastra la economía del país.

El Gobierno dice que hay quienes pretenden “minar la credibilidad del país” y que Argentina “no explote sus riquezas”

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, respondió el miércoles por la mañana a la decisión judicial: “Pueden investigar todo lo que quieran investigar. (…) No se vulneraron las leyes”. “Seguiremos promoviendo inversiones para garantizar la producción de petróleo y gas en la Argentina. Ésa es la riqueza que debe distribuirse. Ellos pretenden Gobiernos débiles sin capacidad regulatoria para que no haya distribución de recursos”. Añadió que hay quienes pretenden “minar permanentemente la credibilidad del país” y que Argentina “no explote sus riquezas”. “La verdad es que siempre resulta extraño en la República Argentina este tipo de acciones judiciales y sus agentes de promoción”.

Horas después, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, puntualizó en la emisora La Red que no existe ninguna acusación o imputación contra Fernández. “La denuncia que hay es una denuncia por la firma del decreto que reglamenta el régimen de las inversiones hidrocarburíferas en las áreas no convencionales (...) El fiscal Taiano la desestimó porque dijo que no había colisión entre el decreto y la ley. La jueza entendió que no era así y la Cámara lo que dice no es lo que dice Clarín, que dice que investigan a la Presidente por Chevron. Lo que dice es que investiguen si ese decreto está en colisión con la Ley de Hidrocarburos”.

Aunque la denuncia de Alejandro Bodart y Enrique Viale fue interpuesta “contra la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y/o contra aquel que resulte responsable por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, el secretario de Presidencia señaló: “La presidenta firmó un decreto, no firmó ningún acuerdo con Chevron. Quieren sembrar dudas y suspicacias para ensuciar a la presidenta. La Cámara simplemente dice que no se desestime la denuncia sin analizar el decreto”.

¿Un freno para el acuerdo con Chevron?

Por su parte, los denunciantes se mostraron confiados en que pueda frenarse el acuerdo con Chevron. El diputado Alejandro Bodart, indicó: “Temas tan graves sólo se deberían resolver mediante una consulta popular. Espero que no haya presiones políticas a favor de ninguna impunidad, como suele pasar”. Añadió que, con la firma del decreto que facilitó el acuerdo, Cristina Fernández violó las leyes nacionales de hidrocarburos y de residuos peligrosos. “Si a Chevron le permiten exportar el 20% de su producción sin pagar derechos; le autorizan la libre disponibilidad del 100% de las divisas; le garantizan un precio interno igual al internacional; le conceden las áreas por 25 años y prorrogables por 10 más; no paga arancel por importar maquinaria; y encima con el fracking [técnica para extraer gas y petróleo inyectando en el subsuelo agua a presión mezclada con sustancias químicas] daña en forma irreparable al ambiente y arrasa con los derechos de los pueblos originarios, estamos ante delitos escandalosos”.

Respecto a los posibles daños ambientales, Capitanich advirtió: “Quieren volver a una sociedad pastoril. Cuando dicen que se oponen a la minería, el petróleo y el gas, en realidad se oponen a andar en auto, avión o hablar por celular”.

El fracking es motivo de disputas políticas y judiciales en numerosos países. En la Unión Europea países como Reino Unido y Polonia la apoyan. Polonia ha llegado incluso a modificar su legislación medioambiental para permitir el desarrollo de esta técnica. Mientras tanto, en Francia se encuentra prohibida. En Estados Unidos, el pasado abril fue condenada por primera vez una empresa petrolera a indemnizar a una familia de Texas que enfermó por la proximidad a sus pozos de extracción de gas.