La Comisión aguarda nuevas medidas para facilitar la contratación estable

El Consejo Europeo, que reúne a los líderes de los Veintiocho, hará oficial el dictamen sobre el grado de seguimiento de sus recomendaciones en julio. Pero no hace falta esperar tanto para anticipar que volverá a reclamar al Gobierno de Rajoy nuevas medidas para facilitar la contratación estable. O que considerará muy insuficiente la apuesta del Ejecutivo español por las políticas activas de empleo.

La UE respaldó la reforma laboral de 2012, que abarató el despido y facilitó la devaluación salarial, pero instó al Gobierno a evaluar sus resultados y a “presentar modificaciones, si es necesario, en septiembre de 2013, a más tardar”. La evaluación, encargada a la OCDE, se presentó finalmente en diciembre. El club de los países industrializados, uno de los inspiradores teóricos de la reforma, le dio buena nota, pero puso deberes: abaratar aún más la indemnización por despido, afrontar el exceso de temporalidad y lograr unos “servicios de búsqueda de empleo más eficientes”.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció entonces “pequeños ajustes”, que se han concentrado en fomentar el empleo a tiempo parcial y en limitar a 100 euros la cuota empresarial de las cotizaciones a la Seguridad Social hasta tres años en las contrataciones fijas que se hagan en 2014.

Estos “pequeños ajustes” no parecen convencer a la Comisión Europea que hace mes y medio reclamó una nueva reforma, para profundizar en medidas contra “la dualidad” (fijos y temporales) en el mercado laboral español, para potenciar las políticas activas de empleo —medidas de orientación y formación que faciliten la reincorporación de los parados al mercado laboral—, y para extender el pacto de rentas entre sindicatos, patronal y Gobierno (caduca este año), que legitimó la moderación salarial.

Además de una “rápida reforma de las políticas activas”, las recomendaciones europeas del año pasado se extendían a la “modernización de los servicios públicos de empleo”, a la puesta en marcha “ya en 2013” de la colaboración entre las agencias privadas de colocación y los servicios públicos, a la creación del “portal único de empleo” y a extender las iniciativas de formación profesional dual (que combinan prácticas en empresas con enseñanza en centros educativos) “más allá de la actual fase piloto”.

En este ámbito, el contraste entre lo que se exigía a España y lo desarrollado por el Ejecutivo de Rajoy es notable. Báñez ha condicionado el 40% del reparto de los fondos que asigna a las comunidades en políticas activas de empleo al cumplimiento de los objetivos fijados en 2013, tal y como le reclamaba Bruselas. Pero la insuficiencia presupuestaria es llamativa: si en 2011, el presupuesto estatal destinaba casi 8.000 millones, este año apenas se llega a la mitad. El descenso es aún más acusado en la partida para modernizar los servicios públicos de empleo (de 90 a 15 millones).

La colaboración de las agencias privadas de colocación con los servicios públicos no ha pasado aún del papel. Algunas comunidades, como Andalucía, se negaron a firmar el convenio marco, por considerar que se privatiza la función de intermediación de los servicios públicos. Además, impugnaciones judiciales han retrasado la selección de las primeras agencias colaboradoras de las Administraciones autonómicas.

El portal web que unifica las ofertas de empleo que entran en los servicios públicos se ha puesto en marcha este mes, sin demasiada publicidad. Y la formación dual apenas escapa aún de la citada fase piloto. En este curso habrá casi 10.000 alumnos (el doble que en 2013) y 1.500 empresas colaboradoras (el triple). En Alemania, el referente para esta experiencia, los alumnos rondan el medio millón y las compañías que ofrecen prácticas, el millón y medio.