Las reclamaciones contra Hacienda se disparan por la crisis

Los tribunales reciben 223.417 quejas en 2012, casi el doble que cinco años atrás

Fuente: Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña

Las reclamaciones y quejas por discrepancias tributarias que presentan los contribuyentes ante los tribunales competentes se han multiplicado desde el comienzo de la crisis, según la Memoria del Tribunal Económico Administrativo Central, que recoge datos de todos los tribunales de este ámbito. En 2012, último año con datos disponibles, se presentaron 223.417 reclamaciones, un nuevo récord y un incremento del 83% respecto a la cifra de recursos presentados en 2007. El ritmo de entrada supera al de resolución de expedientes (190.374 en 2012), lo que evidencia que los casos se están acumulando en los tribunales.

 “Son 100.000 reclamaciones más que solo cinco años antes”, destaca el autor del informe Luis Alonso, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Barcelona y autor de un informe sobre la litigiosidad fiscal en España, para el Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña. Alonso descarta que este notable repunte en las quejas se deba en exclusiva a la crisis económica. “El problema es estructural. España tiene un sistema de autoliquidaciones masivo y la interpretación de las normas se deja en manos del contribuyente que puede cometer errores”, recalca.

Los contribuyentes españoles tienen que rellenar y cumplimentar los formularios de la Agencia Tributaria y de la maraña de impuestos regionales para presentar la liquidación de sus impuestos en el IRPF, IVA y Sociedades. Aunque la Agencia Tributaria ha progresado mucho a la hora de facilitar la presentación por Internet y la simplificación de la información a aportar, la complejidad de las normas tributarias, los frecuentes cambios normativos y la diferencia entre comunidades contribuyen a aumentar la litigiosidad. Además, las sanciones oscilan entre el 50% y el 150% de la cantidad defraudada, por lo que un error o despiste puede salir muy caro.

El fuerte aumento de las quejas se produce sobre todo ante los Tribunales Económicos Administrativos regionales (TEAR), donde se registran las reclamaciones inferiores a 150.000 euros. Para discrepancias que superen esta cantidad está el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). Tanto los TEAR como el TEAC dependen del Ministerio de Hacienda y no forman parte del poder judicial.

El 80% son por importes inferiores a 20.000 euros en el impuesto de la renta

En torno al 80% de las reclamaciones presentadas en los tribunales corresponden a deuda de menos de 20.000 euros y tienen que ver con el impuesto sobre la renta (IRPF), según el informe. “Es evidente que el sistema no funciona bien”, apunta Luis Alonso, que defiende un sistema de resolución de conflictos como el que tienen los países anglosajones.

En Reino Unido, por ejemplo, hay una relación fluida entre el fisco y las grandes empresas para solventar posibles dudas o diferencias de interpretación. Además, cuando se detecta una infracción tributaria —siempre que no sea por fraude premeditado— se produce un proceso de arbitraje y se facilita el cobro de las deudas aunque estas terminen siendo menores por el proceso de la negociación.

“¿Podría beneficiar este sistema a los defraudadores?”, se pregunta Alonso de forma retórica. “No”, contesta de forma categórica. “Una cosa es la deuda liquidada y otra es infringir una norma para no pagar”, subraya el catedrático de Derecho Tributario.

Hacienda admite que tiene por cobrar 25.200 millones por deudas impugnadas

De todas las reclamaciones que reciben los Tribunales Económicos Administrativos Regionales (TEAR) y el Central (TEAC), cerca del 40% de las impugnaciones resultan a favor de los contribuyentes. Este dato sirve a Alonso para abundar en su tesis de que se debería establecer un mecanismo de resolución de conflictos. “En Italia, que tiene un sistema parecido al nuestro fomentan espacios de solución antes de que surja el conflicto. En los países anglosajones consideran absurdo que la gente acuda con tanta ligereza a los tribunales”, prosigue Alonso.

Hace un par de semanas los economistas, organizados bajo el Registro de economistas asesores fiscales (REAF), organizaron unas jornadas sobre la reforma tributaria. Uno de los principales puntos de discusión fue la necesidad de establecer una “relación cooperativa” entre la administración y los contribuyentes.

La Fundación Impuestos y Competitividad (FIyC), una organización en la que participan los grandes despachos de abogados y tributarios del país, reclamó en su propuesta para la reforma fiscal medidas para mejorar la resolución de conflictos entre la Agencia Tributaria y los contribuyentes. Piden que se “establezcan mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos con la Administración que permitan aumentar la seguridad jurídica y reducir la litigiosidad, tales como el arbitraje, y adecuar las normas procesales para agilizar los procedimientos y establecer con rapidez y eficacia criterios de carácter general”, solicitan.

Una de las consecuencias de la litigiosidad es la acumulación de la deuda liquidada pero no cobrada. En 2012, la Agencia Tributaria admitía que tiene 25.200 millones de euros de derechos reconocidos no cobrados que corresponden a deudas impugnadas en los tribunales. La cantidad aumenta año tras año, ha aumentado un 25% desde 2010. “Esto apunta a un sistema fiscal que no satisface a los ciudadanos, que están dispuestos a defenderse en los tribunales con mayor vehemencia que nunca”, reflexiona Alonso.

Un reciente informe del Tribunal de Cuentas eleva la deuda pendiente de cobro de la Agencia Tributaria hasta los 48.674 millones —casi un 30% más que tres años antes—, pero esa cantidad incluye la deuda concursal sobre la que Hacienda no tiene capacidad de gestión. El Tribunal de Cuentas explica en su informe que solo se cobran unos 10.500 millones. Cada año las deudas con la Agencia Tributaria crecen en los tribunales. “En otros países de Europa se ofrece un descuento a quienes tienen deudas en litigación, para acelerar el proceso y reducir los costes de los tribunales”, explica Luis Alonso. Pera esta solución abre otro debate sobre el que no todos están de acuerdo.