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El Gobierno italiano nombra a Francesco Starace como sustituto de Conti en Enel

El exjefe de la filial de renovables de la firma será consejero delegado de la matriz de Endesa

El Gobierno italiano ha nombrado a los nuevos responsables de cuatro de las mayores empresas públicas del país: Eni, Enel, Finmeccanica y Post. En un comunicado el Gobierno anunció el nombramiento de Patrizia Grieco, hasta ahora jefa de la empresa de informática Olivetti, presidenta del proveedor de electricidad y gas Enel, matriz de la española Endesa. Francesco Starace, exjefe de la filial de renovables de esa misma firma (Enel Green Power) será consejero delegado, en sustitución de Fulvio Conti. El Estado italiano tiene 31,24% de Enel.

A la cabeza de la gigante petrolera Eni el Gobierno ha elegido como presidenta Emma Marcegaglia, expresidenta de Confindustria, y a su lado, como consejero delegado se sentará Claudio De Scalzi, que ya ocupa un cargo directivo en la compañía. En el caso de Eni, el Gobierno italiano es accionista con una participación directa del 4,34% e indirecta de hasta el 25,76%.

Según el Ejecutivo ninguno de los nuevos ejecutivos tendrá un sueldo superior a los 238.000 euros brutos 

En la Poste, la empresa italiana de correos y una empresa 100% pública, también ha sido una mujer la elegida para el cargo: Luisa Todini, actualmente en el consejo de la televisión RAI, será la presidenta. Pero el verdadero jefe de la compañía será Francesco Caio será, que ejercerá como consejero delegado.

Por último, Gianni de Gennaro, presidente de Finmeccanica, la aeroespacial participada al 30,2% por el Estado, ha sido confirmado en su puesto, aunque estará ahora acompañado de Mauro Moretti, antes jefe de Ferrovie dello Stato, los ferrocarriles italianos.

Tras el anuncio, el primer ministro italiano, Matteo Renzi, señaló que estaba "particularmente satisfecho con la fuerte presencia femenina" en las direcciones de las empresas estatales. Renzi también anunció que a partir de ahora los salarios de los funcionarios de estas cuatro empresas no excederían los 238.000 euros brutos al año, es decir, que estarán por debajo del sueldo del Presidente de la República.

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