El conflicto minero en Bolivia provoca la destitución del ministro del sector
Los enfrentamientos y bloqueos ocurridos en Bolivia la semana pasada tras la aprobación de la nueva Ley de Minería, en los que hubo dos muertos, motivaron hoy la destitución del ministro de la cartera, Mario Virreira.
El titular de Minería y Metalurgia fue reemplazado por César Navarro, designado por el presidente Evo Morales a primera hora de este martes.
Se trata de una decisión poco habitual en el mandatario, que suele dejar los cambios en su gabinete para cada mes de enero, cuando se conmemora su llegada al poder y rinde cuentas al país en un discurso ante el Parlamento.
Además de los dos muertos, un centenar de mineros y policías resultaron heridos en los enfrentamientos ocurridos la semana pasada, cuando miles de cooperativistas del sector bloquearon durante varios días las carreteras en cinco regiones del país en rechazo a cambios de última hora introducidos en la Ley de Minería durante su paso por el Congreso.
Durante la toma de posesión del nuevo ministro, el presidente Morales aludió a supuestos "intereses ocultos" del equipo técnico del ministro saliente.
Morales advirtió de que se investigarán los contratos entre cooperativistas y empresas privadas, después de que el Gobierno anunciara ayer que se habían detectado 42 contratos ilegales entre las cooperativas del sector y firmas internacionales.
Por ello, dijo el mandatario, una de las primeras tareas del nuevo ministro será la de realizar una auditoría a esas contrataciones para determinar si fueron ilegales.
Los mineros suspendieron sus movilizaciones a finales de la pasada semana a la espera de reunirse con Morales, que ha anunciado que los recibirá este jueves.
La protesta estalló con la reforma del proyecto de Ley de Minería, en la que el Congreso introdujo cambios en el último momento a pesar de que la normativa había sido concertada con el sector durante tres años.
Los parlamentarios habían detectado que el proyecto facultaba a las cooperativas a firmar contratos de asociación con entidades privadas, nacionales o trasnacionales, cuando la Constitución atribuye tal potestad al Estado.
Según el Congreso, el riesgo es que firmas privadas se aprovechen de las condiciones tributarias preferentes otorgadas a las cooperativas y se apropien de los yacimientos.
El otro cambio rechazado por las cooperativas es que sus contratos con el Estado deban ser aprobados en el Parlamento, ya que el proyecto inicial establecía que se refrendarían en una instancia inferior.
A raíz de estos enfrentamientos, el tratamiento de la norma fue suspendido en el Senado en busca de nuevos consensos con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).
