La ONU destaca el mayor reconocimiento a derechos indígenas, pero falta por hacer
Cada vez más Estados y empresas reconocen los derechos de los pueblos indígenas y que deben consultarles para realizar proyectos en sus territorios, aunque todavía queda mucho por hacer en la práctica, afirmó hoy en Bolivia el relator especial de la ONU para los derechos del sector, James Anaya.
El alto funcionario se refirió al tema en una conferencia organizada por Naciones Unidas y la Universidad Andina Simón Bolívar en La Paz, la sede del Gobierno de Bolivia, país que Anaya visita por primera vez en su gestión, próxima a terminar.
"Lo que estamos viendo es cada vez más un reconocimiento de las empresas y de los Gobiernos de que deben respetar los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas", dijo Anaya, al ser consultado sobre el "derecho a la consulta" de los indígenas.
Según Anaya, hay empresas trasnacionales petroleras y mineras que cuentan con políticas escritas sobre el respeto a derechos de las etnias y los inversores demandan cada vez más su aplicación.
"En mi trabajo de relator rara vez he escuchado a un Gobierno decir 'no tenemos que hacer caso de los derechos de los pueblos indígenas'. Eso no dicen los estados (...) Y rara vez las empresas trasnacionales dicen que pueden hacer lo que quieran", sostuvo.
Sin embargo, advirtió que una cosa es que lo digan y que los estados tengan una ley o reglamentos para hacer respetar los derechos, pero otra cosa es ver toda esa normativa en aplicación.
"Todavía vemos mucho por hacer. En mi trabajo como relator, más que ver éxitos en este sentido de respeto a los derechos humanos, he visto fracasos donde realmente no se han respetado", expresó.
Además, Anaya recomendó a los estados, empresas e indígenas dejar de hablar de forma abstracta para avanzar en concreto en la solución de los casos puntuales con buena fe de todas las partes.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los estados deben consultar a las etnias y obtener su consentimiento sobre medidas legislativas o administrativas que les afecten.
Anaya reconoció que hay una desigualdad de poderes y capacidades en el contexto de consulta por lo que ha planteado "la obligación de los estados y las empresas de no aprovecharse de esa desigualdad".
En su criterio, el Estado debe proveer de técnicos y de especialistas independientes a los pueblos indígenas, pero éstos también tienen la responsabilidad de preparar su capacidad técnica para que las conversaciones busquen decisiones consensuadas.
Las organizaciones indígenas, agregó, deben asegurar internamente una plena participación en los procesos de consulta para tomar decisiones sin excluir, por ejemplo, a las mujeres.
