El Gobierno ofrece rescatar las autopistas con una quita del 50% de la deuda

Hacienda y Fomento quieren agrupar los peajes en crisis en una firma pública

Los Ministeros plantean pagar a los acreedores con un bono y que no compute como déficit

Entrada a la autopista de peaje R-2, en Madrid. / uly martín

El Gobierno intenta cerrar cuanto antes un acuerdo con las concesionarias y la banca acreedora para rescatar a las autopistas en quiebra. La última propuesta de los ministerios implicados en la negociación, Hacienda y Fomento, establece la creación de una empresa de capital 100% público que aglutine a las nueve carreteras de peaje y su deuda, aunque tras imponer una quita del 50% sobre el pasivo, que asciende a más de 3.900 millones en manos de la banca, y otros 500 millones de las constructoras, según confirman fuentes cercanas a estas conversaciones.

La oferta fue analizada este martes en una reunión mantenida con representantes de las constructoras y de la banca nacional y a la que también acudió la responsable de Fomento, Ana Pastor, aunque no se la esperaba. Las entidades reconocen que la propuesta es un “mal menor” tras la irrupción de Hacienda en las negociaciones a finales de 2013 y el rechazo de este Miniserio a la propuesta inicial de la ministra.

Tras la reunión, la banca, que ya tiene provisionada por imperativo legal el 50% de los créditos concedidos a las concesionarias, tiene hasta el lunes para dar una respuesta al Ejecutivo. En caso de ser positiva, las partes darían un paso decisivo para superar el concurso de acreedores y evitar la liquidación de las concesionarias.

La propuesta, de salir adelante, prevé que los acreedores reciban un bono negociable a 30 años con una rentabilidad mínima del 1%. Este interés, añaden las mismas fuentes, aumentaría si se recupera el tráfico de los peajes. La banca aspira a negociar en los próximos días para lograr un aumento de esta rentabilidad, hasta acercarla al máximo a los intereses de los bonos del Tesoro a 30 años en el mercado, según fuentes financieras.

Por el otro lado, se calcula que la deuda que pasaría a ser responsabilidad del Estado es de 2.400 millones, una cifra que incluye los costes financieros de alargar los vencimientos. La empresa pública de autopistas sería constituida, además, con la deuda pendiente con los propietarios de los terrenos expropiados y que oscilaría entre 1.200 y 1.800 millones de euros, según la propuesta, que fue adelantada en su edición de este martes por La Vanguardia.

En su última propuesta, el Gobierno ha optado por una sociedad de capital 100% público, frente a la posibilidad inicial de que un 20% quedara en manos de las empresas. El motivo del cambio de planteamiento es que la solución mixta corría el riesgo de ser considerada por Bruselas como ayuda de Estado. La oferta, sin embargo, no gusta entre la banca extranjera, según recuerdan desde el despacho Olswang, uno de los representantes de este colectivo y que recuerdan que el acuerdo definitivo también de ellos en algunas de las concesionarias.

La nueva empresa 100% pública integraría a nueve vías que suman 748 kilómetros

En cuanto al anclaje de la solución en las delicadas finanzas públicas, obligadas a cumplir rigurosamente con los objetivos de consolidación fiscal, el dinero para rescatar a las autopistas no computaría como déficit al no ser un pago inmediato y único. Además, tampoco se sumaría al volumen de deuda del Estado, ya que cuelga de una empresa pública. Esto, sin embargo, no evita que sea la Administración quien tenga que pagar a los acreedores con dinero de los contribuyentes y los anémicos ingresos por el paso de vehículos.

La nueva sociedad de vías de pago integraría al menos a nueve empresas concesionarias que suman 748 kilómetros de autopistas, más de una quinta parte de la red de pago. Se trata de las radiales de acceso a Madrid, la autopista que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-la Roda, la Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.

Estas autopistas se encuentran en concurso de acreedores por el desequilibrio económico que les ocasionó el sobrecoste de las expropiaciones y un tráfico mucho menor del esperado. El problema para el Estado es que, en caso de liquidación, se activaría la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración, lo que obligaría a asumir el 100% de la deuda. Esta opción costaría 5.000 millones a las arcas públicas, según los cálculos del sector.

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