El Supremo ratifica que ‘los Albertos’ deben pagar 11 millones por las torres Kio
Los empresarios pidieron una aclaración a la sentencia que les condenó en enero
El Tribunal Supremo ha rechazado el intento de los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los Albertos, de esquivar la condena al pago de 10,8 millones de euros a sus exsocios en la venta de los terrenos donde se levantaron las Torres KIO. Los empresarios presentaron una solicitud de aclaración de la sentencia impuesta por la Sala de lo Civil que aprovecha el auto para recordarles que no se puede solicitar la fórmula de petición de aclaración para reclamar, de forma indirecta, una “reinterpretación de la sentencia”.
De esta manera, ratifica la pena en la que se amplió el pago de intereses, que ha de remontarse a la fecha en la que se firmó el contrato, el siete de enero de 1988, lo que elevó la cuantía a casi 11 millones de euros.
El mismo Supremo hizo pública la sentencia, el 15 de enero, cuando, después de que los Albertos quedaran exentos de responsabilidad penal, rechazó sus recursos contra el fallo que los declaraba responsables civilmente. Ambos habían sido condenados inicialmente por estafa y falsedad, pero el Tribunal Constitucional los absolvió al considerar los hechos prescritos.
La Sala de lo Civil considera ahora que “no existe concepto oscuro alguno” que precise ser aclarado, tal como pedían los empresarios. “Por esta razón, no puede existir duda de cuál es el principal de la condena”, según el Supremo, que recuerda además que "no es posible aprovechar la solicitud de aclaración para denunciar de forma indirecta una posible incongruencia de la sentencia, cuyo ámbito impugnatorio excede al de este remedio excepcional".
El empresario José Luis San Martín Abad y medio centenar de demandantes más, vinculados al grupo San Martín y herederos de esta familia, iniciaron el pleito para exigir una compensación después de que los entonces socios de los Albertos vendiera a 900 euros (150.000 pesetas de los noventa) el metro cuadrado de los terrenos que les correspondían de Urbanor. Posteriormente, los Albertos, principales accionistas de la sociedad, pactaron la venta de su participación a un precio de 1.388 euros (232.000 pesetas), que no se abonó en efectivo, sino en acciones de una entidad financiera.
