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Una reforma tributaria sin rebaja fiscal

El grupo de sabios plantea reducir el IRPF, Sociedades y eliminar patrimonio

A cambio exige subir el IVA, impuestos especiales, medioambientales y la vivienda

“Una reforma fiscal es cuando prometen reducir los impuestos sobre las cosas que se gravan desde hace tiempo y para ello crean nuevos impuestos sobre las cosas que no estaban gravadas”. La frase atribuida a Edgar Faure, intelectual y ministro de Finanzas de Francia a mediados del siglo pasado, refleja a la perfección en qué consiste la propuesta presentada este viernes por Manuel Lagares, el catedrático de Hacienda Pública que ha liderado el comité de expertos al que el Gobierno le encomendó la tarea de elaborar un documento con recomendaciones sobre una reforma tributaria.

Lagares aseguró que espera que, si se aprobasen todas las medidas, “los ciudadanos pagarán menos que hoy”

Los expertos proponen en una primera fase rebajar los principales impuestos (IRPF, sociedades y patrimonio) que se acompañaría con una subida del IVA —reclasificando bienes sometidos al tipo reducido del 10% al general del 21%—, con más impuestos mediambientales y un aumento de la tributación de la vivienda (IBI). Además, recomiendan suprimir deducciones, exenciones y bonificaciones en todos los impuestos lo que en la práctica supone una subida fiscal. No obstante, Lagares aseguró este viernes que espera que, si se aprobasen todas las medidas, “los ciudadanos pagarán menos que hoy”. Y añadió: “La propuesta no es la mera devolución de la subida del IRPF de 2011—aprobada por Rajoy nada más llegar al Gobierno—, es algo más. Desde el punto de vista de las rebajas, supone más”.

El efecto de las bajadas y el de las subidas será neutro para la recaudación, señala el texto de los expertos que estiman en unos 10.000 millones de euros (un 1% del PIB) el coste de las rebajas para las arcas públicas y la misma cantida de ingresos por las nuevas subidas.

La propuesta de Lagares es solo eso. Un completísimo informe con un amplio catálogo de recomendaciones impositivas que servirá al Ejecutivo para hacer la suya propia. Pero no es vinculante y el Gobierno ya ha manifestado que no acometerá algunas de las medidas recogidas en el texto.

El informe se presenta en un momento en el que la economía española aún le cuesta contener el resuello por el esfuerzo de la crisis y las cuentas públicas siguen haciendo aguas. La propuesta de los expertos debe contribuir a reducir el déficit público, repitió una y otra vez Lagares. La tarea no es sencilla porque en los dos próximos años las cuentas de las Administraciones tienen que reducir su agujero en 30.000 millones. Ese es el motivo por el que la reforma trata de conjugar rebajas de impuestos directos (IRPF y sociedades) que contribuyen a espabilar la economía con subidas de otros tributos (IVA, medioambientales y vivienda) para recaudar.

Los nueve catedráticos que han participado en el informe calculan que un incremento del IVA correspondiente a unos 10.000 millones (1% punto del PIB) servirá para financiar una reducción de los impuestos sobre el capital (patrimonio y rentas del ahorro) de unos 3.000 millones y los impuestos directos sobre las familias de unos 7.000 millones. Y concluyen que la reforma tendría un efecto positivo sobre el PIB de hasta un 0,3% en tres años y del empleo, de hasta un 0,2%. Y por tanto, añaden, sobre la recaudación, lo que permitiría una ligera reducción del déficit público.

Los sabios de Montoro apuestan por balancear el sistema tributario cargando más la imposición indirecta en detrimento de la directa lo que en principio podría perjudicar la progresividad del sistema. “El marco tributario será más progresivo”, remarcó Lagares. “Si quitamos bonificaciones y exenciones ganamos progresividad. Si conseguimos que el que no paga la haga por la lucha contra el fraude también ganamos progresividad...”, insistió.

El Ejecutivo tomará nota de la opinión de los expertos pero se fijará un calendario de implantación cómodo para sus intereses y no aplicará las 125 recomendaciones planteadas por el grupo de Lagares. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya avisó de que el informe de Lagares no será Ley. Aseguró tras el consejo de ministros que no “comparte” que se impute la vivienda habitual en el IRPF como plantean los expertos.

El informe no es vinculante y el Gobierno ya ha manifestado que no acometerá algunas de las medidas recogidas en el texto

Precisamente el impuesto sobre la renta es uno de los que sufrirá más cambios. Lagares opina que es conveniente rebajar el tipo mínimo del IRPF el 24,75% actual al 20% y el tipo máximo marginal del 52% al 45%. Además, plantea reducir el los tramos de gravamen de los siete actuales a cuatro. El texto incluye más reducciones en el IRPF —trasladar el mínimo familiar de la cuota a la base— pero las aplazan para cuando la situación económica lo permita.

El informe también plantea una devaluación fiscal —subida de dos puntos del IVA hasta situar el tipo general en el 23% a cambio de rebajar tres o cuatro puntos las cotizaciones sociales—. Pero aplazada a “cuando se termine de desarrollar la reforma de las pensiones y la economía mejore”, dijo Lagares, que explicó: “Tenemos una gran masa de paro, vergonzosa, en este país. Y algo tenemos qué hacer. Es una decisión para la sociedad española que no hay que tomarla ahora pero sí ir pensándolo”. La medida supondría una pérdida de recaudación en la Seguridad Social de unos 10.000 millones por la rebaja de cotizaciones que sería compensada por un aumento de los ingresos de la misma cantidad por la subida del IVA. “Tendría un efecto positivotanto sobre el PIB, de hasta un 0,7% en acumulado de tres años, como del empleo, de hasta un 0,7% en el mismo período, y en la recaudación”.

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