El bloqueo del fondo de rescate pone en peligro los plazos de la unión bancaria

La unión bancaria, el proyecto estrella para arreglar los defectos de construcción de la UE, no hace honor a su nombre. Al menos de momento. Ni hay verdadera unión, ni el proyecto esbozado consigue deshacer el círculo vicioso entre los riesgos del sector financiero y la deuda pública, ni pone sobre la mesa transferencias fiscales, ni crea un dique de contención creíble en caso de una crisis financiera hasta dentro de unos años. Y puede que tampoco llegue en los plazos fijados: el Eurogrupo —la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona— volvió este lunes a reunirse para buscar un acuerdo sobre el mecanismo de resolución bancaria (sobre el cierre de bancos y sobre quién paga cuando bajan la persiana), tras las desavenencias entre las capitales, la Comisión y el Europarlamento. No está claro quién debe apretar el botón nuclear: quién debe decidir cuándo y cómo cerrar una entidad.

La crisis de los bancos la deben pagar los bancos, dice Alemania

Y el tiempo apremia. Los ministros llegaron en diciembre a un acuerdo interno sobre los principales componentes y el modo de funcionamiento y financiación del mecanismo de resolución, pero el Parlamento Europeo, cuyo voto a favor es necesario para adoptar la legislación, se ha opuesto frontalmente al pacto, con el apoyo del Banco Central Europeo (BCE). En las últimas semanas han surgido diferencias incluso entre algunos países. Hasta el punto de que en febrero los ministros dieron más margen de maniobra a la presidencia rotatoria de la Unión, en manos de Grecia, para buscar un pacto. Parecía entonces que Berlín podía dar su brazo a torcer: el ministro alemán, Wolfgang Schäuble, aceptó que se acelere la creación del fondo mutualizado —de 55.000 millones de euros—, prevista inicialmente a lo largo de 10 años, hasta dejarlo en un plazo de cinco a siete años, siempre que las entidades financieras aceleren también el pago de las cantidades destinadas a crear el fondo de resolución. “Las crisis bancarias las tienen que pagar los bancos”; esa era y es la posición de Alemania.

Nadie discute que esa es la filosofía. Se discute cómo aplicarla: Alemania quiere acompasar la mayor brevedad de los plazos con el hecho de que los bancos paguen más rápidamente su contribución al fondo. Otros países creen que bastaría con que el fondo pudiera endeudarse: incluso Holanda, tradicionalmente partidaria de las tesis de Berlín, ha propuesto autorizar al fondo de resolución a emitir deuda, con aval público, aunque a condición de que a posteriori los bancos asuman el coste de cualquier liquidación de una entidad. Alemania sigue sin aceptar esa opción.

Hay consenso entre los socios europeos para acelerar los plazos. Una amplia mayoría de países, entre ellos España, apoya la solución propuesta por el presidente del BCE, Mario Draghi, que consiste en disociar el plazo de mutualización del fondo, que se reduciría a cinco años, del plazo para rellenarlo y alcanzar los 55.000 millones, que se mantendría en 10 años para no imponer una carga extra a las entidades. Alemania solo acepta acortar los plazos de mutualización si al mismo tiempo se aceleran las aportaciones de los bancos al fondo: la solución de compromiso podría ser la que ha propuesto el comisario Michel Barnier, que consiste en fijar en siete años el plazo tanto para mutualizar completamente el fondo como para llegar al nivel de 55.000 millones de euros. La contrapartida que sugirió Barnier es que el ritmo de mutualización no sea lineal, sino mucho más rápido al principio. Pero no se ve claro el consenso en ese aspecto. Ni en la posibilidad de que el fondo pueda contar con avales públicos para endeudarse.

Para que dé tiempo a aprobar el mecanismo de liquidación en el último pleno de la legislatura, en abril, el pacto con los eurodiputados debería cerrarse el miércoles, tras un acuerdo en el Eurogrupo de este lunes —que no había acabado al cierre de esta edición— y en el Ecofin de hoy. De lo contrario, el proyecto se retrasará, incumpliendo los plazos marcados por los jefes de Estado y de Gobierno.