Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los accionistas minoritarios plantean un arbitraje por el recorte a la eólica

Las asociaciones extranjeras deciden demandar al Estado español

Parque eólico de Calahorra (Granada).
Parque eólico de Calahorra (Granada).

Los pleitos contra España por los recortes de retribución a las energías renovables se acumulan. Hasta ahora, la mayoría de las demandas de arbitraje han sido planteadas por grandes firmas internacionales que habían realizado inversiones directas en plantas españolas, sobre todo fotovoltaicas y termosolares. Ahora, son las asociaciones extranjeras de accionistas minoritarios de grandes compañías españolas las que han decidido plantear un arbitraje contra España, según fuentes conocedoras de la decisión.

Se trata de un planteamiento novedoso. La decisión se tomó la semana pasada en Madrid con motivo de la asamblea de estas asociaciones, agrupadas en EuroFinUse, la Federación Europea de Usuarios de Servicios Financieros. El bufete Cremades & Calvo Sotelo ha elaborado un dictamen para dicha asociación en relación con la posibilidad de arbitrajes, especialmente en el caso de los recortes a la energía eólica, que han perjudicado a empresas como Iberdrola o Acciona.

España se ha convertido en el país con más demandas por violación de la Carta de la Energía

La idea es presentar un arbitraje ad hoc que se rija por las reglas de la Uncitral (comisión de Naciones Unidas para el arbitraje). El dictamen de Cremades & Calvo Sotelo admite que el planteamiento no es el habitual en este tipo de conflictos sobre inversiones, pues son los inversores y accionistas los que tienen la legitimación para instar un arbitraje de protección de inversiones. No obstante, las asociaciones de pequeños accionistas están decididas a ir adelante con su demanda y creen que puede ser un caso en que se haga una interpretación novedosa de la capacidad para litigar por esta vía. “Es un caso frontera”, señalan fuentes vinculadas a EuroFinUse. “En caso de admitirse, puede sentar un precedente importante”, añaden. Fuentes jurídicas admiten la dificultad de que el proceso vaya adelante.

Aemec, la asociación española miembro de la Federación Europea, no estaría legitimada para instar el arbitraje por ser española. Sería EuroFinUse y otras asociaciones extranjeras las que diesen el paso. La reclamación sería de cientos de millones a restituir a las firmas afectadas de las que los minoritarios son accionistas.

España se ha convertido en el país con más demandas por violación de la Carta de la Energía a raíz de los recortes en las retribuciones a las energías renovables. Grandes fondos de inversión, firmas financieras y empresas privadas y públicas de nacionalidad extranjera han planteado casos en diferentes organismos.

La empresa con más exposición al segmento eólico es Iberdrola, con una cuota del 24,2%; seguida de Acciona, con el 18,6%; EDPR, con el 9,2%, y Enel, con el 6,2%. Fue precisamente el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán quien anunció la semana pasada en Londres que frenaba las inversiones de la compañía en España en respuesta al impacto de la reforma energética sobre los resultados de la eléctrica. Algo parecido, sin tanta alharaca, pasa en Acciona. La compañía que preside José Manuel Entrecanales asegura que está llevando a cabo un plan de “economía de guerra”, que pasa por suspender el reparto de dividendos entre los accionistas, la emisión de deuda para cubrir sus necesidades de liquidez, la paralización de importantes proyectos de inversión e investigación y la venta de algunos activos del grupo familiar para hacer frente a la situación, ya que debe mantener un importante flujo de caja para hacer frente al pago anual de la deuda.

El recorte de las primas para las energías renovables que contempla la reciente reforma energética y, en especial, el recorte sobre el sector eólico que absorbe más del 60% del total, va a poner en riesgo los resultados de Acciona. Los analistas cifran el impacto de los cambios legislativos para la empresa entre 200 y 250 millones por año, a lo que habría que añadir otros 170 millones anuales como consecuencia de medidas anteriores que empezaron a entrar en vigor en 2013. En total, unos 400 millones que restar a la cuenta de resultados para una compañía que en 2012 ganó 189,4 millones. Si se confirmaran esos números, la empresa entraría en pérdidas. Acciona presentará resultados este jueves.

Más información