El fiscal exige cárcel para dos directivos por saquear la CAM

Serán los primeros ejecutivos de una gran caja en el banquillo

Acusan al ex director general y al expresidente de la comisión de control de apropiación indebida

El Ministerio Público también les atribuye un delito de simulación de contrato laboral

Roberto López Abad urdió supuestamente una trama para multiplicar las dietas a los directivos

El ex director general de la CAM, Roberto López Abad, a su llegada a la Audiencia Nacional en julio de 2012.

Crearon una comisión ficticia con el único objetivo de ganar dinero. Y una vez creada, cada año se duplicaron las dietas por asistir a ella. 8.200 euros en 2005, 16.400 en 2006, 32.800 al año siguiente... Todo ello sin que ese órgano decidiera nada porque no tenía ninguna función. Ese es, en esencia, el relato que sigue Anticorrupción en su escrito de acusación. La fiscalía ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuatro años de cárcel para el exdirector de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, y dos años y seis meses para Juan Ramón Avilés, el expresidente de la comisión de control de la entidad, rescatada en 2011 con 5.200 millones de euros, aunque la factura total puede rondar los 15.000 millones.

López Abad y Avilés son los primeros directivos de una gran caja de ahorros que afrontan la apertura del juicio oral por sus desmanes, una situación en la que ya se hallan ejecutivos de Caixa Penedès. En este proceso, que es solo una de las piezas del caso CAM, el fiscal acusa a Avilés de usar su cargo para su beneficio concediendo a su propia constructora préstamos ruinosos para la caja y de simular la venta de esta para mantenerse como directivo. A su vez, acusa a López Abad, que fue director de febrero de 2001 a diciembre de 2010, de un delito continuado de apropiación indebida.

El órgano fue “un burdo instrumento” para cobrar más de lo permitido

El exdirectivo fue el urdidor de la trama para multiplicar los ingresos de los responsables de la entidad. Para ello recurrió a una sociedad participada casi al 100% por la caja, Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP). López Abad promovió el 23 de diciembre de 2005 la creación de una comisión de control en el seno de TIP de la que formarían parte todos los miembros de la comisión de control de la propia CAM. El acuerdo por el que se creó fijó para 2005 una “dieta anual única” de 8.200 euros —aunque en ese momento solo le quedaban ocho días para que acabara el año— y del doble, es decir 16.400 euros, para 2006.

Pero en junio de 2006, TIP decidió duplicar esa retribución. Así, además de los 16.400 recibidos ese año, los miembros de su comisión de control recibirían otros 16.400 el segundo semestre. Y para los años sucesivos, la dieta anual quedaba fijada en 32.800. En abril de 2007 se volvió a establecer que los “cargos internos” cobrarían el doble. Con la llegada de Avilés a la comisión de control en 2007, siguieron multiplicándose las dietas de los directivos. En marzo de 2008 se acordó que el presidente cobraría 80.000 euros al año y 40.000 el secretario y el vicesecretario. El resto de miembros, 20.000 euros.

Esa escalada retributiva contrasta con la escasa actividad del órgano. En sus seis años de historia, la comisión de control de TIP se reunió solo 16 veces justo antes o después de que se celebraran las comisiones de control de su matriz, la CAM. “En todas estas reuniones (...) la actitud de sus miembros fue meramente pasiva, limitándose a escuchar las informaciones facilitadas por el administrador de la sociedad”, explica Anticorrupción.

Esa comisión de TIP “fue un mero y burdo instrumento ideado por el acusado Roberto López Abad (...) para permitir que los miembros de la comisión de control de la CAM cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho”. De esa manera, Avilés y otros 20 directivos se llevaron casi 1.5 millones en total.

El escrito relata también la utilización que Avilés, como presidente de la comisión de control de la CAM, hizo de su propio cargo para beneficiarse personalmente. Era el encargado de que la gestión de la caja se llevara con respeto a la legalidad, pero supuestamente hizo la vista gorda en lo que tocaba a sus negocios para los que la entidad concedió varios préstamos ruinosos. La CAM otorgó un crédito de 16,2 millones a la sociedad La Vereda de Sucina, propiedad de Avilés, para la construcción de una urbanización de 174 viviendas, garajes y locales en Sucina (Murcia). La sociedad del directivo de la CAM, tuvo evidentes dificultades para vender la promoción y, desde 2009, dio síntomas de problemas de liquidez. Pese a ello, la caja refinanció la operación aumentando las cantidades prestadas. Sin esa ayuda de la entidad, de la que él era directivo, el préstamo se habría calificado como dudoso y Avilés, por aplicación de la normativa de cajas, debería haber dejado su cargo.

Avilés fingió la venta de su sociedad a su hermana para seguir en el cargo

A principios de 2011 la situación financiera de La Vereda de Sucina se hizo insostenible con un agujero de 30.000 euros, pero la caja volvió a renegociar su préstamo en condiciones muy ventajosas. Esa renovación debía contar con la autorización del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el organismo de inspección de la Generalitat valenciana. Según Anticorrupción, Avilés era consciente de que la operación podía ser frenada por ese órgano, por eso organizó supuestamente la venta ficticia de su sociedad a su hermana.

La operación simulada se gestó por 90.000 euros, aunque a la hermana de Avilés no se le conocían ingresos. El dinero se lo cedió la esposa del directivo, según el fiscal. Ese dinero, además, procedía de la propia empresa, La Vereda de Sucina. Así pues, la sociedad de Avilés se estaba comprando a sí misma y el directivo permaneció al mando.

Las penas solicitadas por el fiscal son muy inferiores a las que pide el abogado de la CAM, designado por el FROB. El letrado solicita seis años para López Abad por apropiación indebida y 10 para Avilés. Al delito de contrato simulado de este último, la actual dirección de la caja suma el de administración desleal.

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