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La deducción por vivienda divide a los expertos fiscales de Montoro

Un sector del comité de sabios defiende que hay que eliminarla con carácter retroactivo

Hacienda recela de hacerlo ya y estudia suprimirla de forma gradual

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la convención del PP de este fin de semana.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la convención del PP de este fin de semana. EFE

El comité de expertos escogidos por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, para que diseñen la reforma tributaria debate si suprimir la deducción por vivienda con carácter retroactivo —el Ejecutivo ya la eliminó para los que compraran vivienda a partir de 2013—, lo que supondría un ahorro de 3.500 millones y permitiría profundizar en la rebaja del IRPF para rentas medias y bajas. El Gobierno no ve con buenos ojos la propuesta porque coincidiría con año electoral (2015) y prefiere aplazarla para más adelante y hacerlo de forma escalonada.

En un par de semanas Montoro tendrá sobre su mesa la propuesta elaborada por el comité de expertos. El ministro tiene su propia hoja de ruta mientras deja hacer a los sabios. El plan del Gobierno es que la reforma entre en vigor en 2015, coincidiendo con año electoral, lo que provocará que la reforma quede rebajada sobre las expectativas iniciales. No obstante, el ministro ya ha advertido de que el plan fiscal se implantará en varias fases entre 2015 y 2017. Este calendario le daría la posibilidad al Gobierno de aplazar las medidas más polémicas —suprimir la deducción por vivienda con carácter retroactivo, limitar módulos o subir el IVA mediante la reclasificación de productos gravados a tipo superreducido al reducido y al general— hasta después de las elecciones.

Desde el pasado otoño, el grupo de sabios se reúne cada lunes para avanzar en la propuesta. Pero hasta hace poco no han empezado a trabajar con datos para comprobar el impacto de las medidas que proponen, según varias fuentes próximas al comité que coinciden en que hay tensiones entre algunos miembros. Existe un bloque conservador liderado por Manuel Lagares que aspira a presentar una reforma suave, al gusto de Montoro, y posponer las medidas más radicales. Hay otro bando de ideología más liberal que pide dar un paso adelante y defiende una bajada de impuestos más ambiciosa. Entre ambos bandos existen diferencias.

Por eso, el comité aún no tiene un informe con medidas concretas aunque manejan un documento que recoge los diferentes planteamientos. No obstante, en Hacienda aseguran que la propuesta que presente el grupo servirá de referencia pero admiten que se modificará con las opiniones del Ejecutivo al igual que ocurrió con la reforma de las pensiones. Fuentes próximas al comité consideran que en Hacienda tienen claro cuales deben ser las claves de la reforma y asumen que el plan que presenten será retocado.

Una de las ideas es imputar la vivienda en el impuesto sobre la renta

Uno de los principales puntos de conflicto en el seno del comité de sabios es qué hacer con la deducción por compra de vivienda en el IRPF para los que aún la disfrutan. Algunos expertos del comité abogan por suprimirla con carácter retroactivo. Pero la medida es controvertida y enfrentaría a una parte de la clase media con el PP en pleno año electoral. Así que la idea es mantenerlo o reducirla de forma escalonada —mantenerlo para rentas bajas y limitarlo para las altas poco a poco—. Esa solución concordaría con lo que dijo el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, hace unas semanas: “No tendría sentido eliminar la deducción por vivienda de golpe y porrazo”. A cambio algunos de los expertos defienden la imputación de la vivienda, incluida la habitual, como renta presunta. Esta fórmula permitiría gravar la riqueza en forma de vivienda. Sería un gran cambio y supondría un coste para los ciudadano. La base imponible del IRPF incluiría sumaría la cantidad resultante de aplicar un porcentaje mínimo, cerca del 2%, al valor catastral y permitiendo la deducción de los gastos asociados a la vivienda, como los intereses de la hipoteca. Sería recuperar un modelo parecido al que estaba en vigor con la ley de la renta de 1991. Otra de las soluciones que están sobre la mesa para elevar la recaudación y permitir una bajada de tipos es una fuerte subida del IBI.

Lo que está claro es que el documento definitivo debe cumplir el principio de suficiencia para generar los ingresos suficientes y no descuadrar las cuentas públicas. Por ello, cada rebaja de impuestos debe ir acompañada por una supresión de desgravaciones.

Otro de los principales puntos de discusión tiene que ver con la dualidad del impuesto en el IRPF. Actualmente el impuesto sobre la renta tiene tratamientos diferenciados para las rentas del trabajo y de actividades económicas por una parte; y del capital y el ahorro por otra. Algunos de los expertos defienden la idea de unir en una sola base imponible todas las rentas pero otros piden diferenciar aún más ambos sistemas. Este sector, en el que están los más liberales, aspiran a acabar con la progresividad en las rentas de capital —actualmente existen tres tramos en función del nivel de renta— y crear un tipo único sobre los rendimientos del capital que sería próximo al de sociedades. Para determinar la base imponible de esta renta del ahorro se crearía una cuenta única en el que se incluirían dividendos, acciones, fondos de inversión e incluso planes de pensiones. Esta fórmula incentivaría el ahorro, según los expertos, en un momento de exceso de deuda. El ministro se resiste a este modelo porque rebaja la recaudación en un momento en que hay que priorizar el ajuste de las cuentas públicas.

En cualquier caso, el ministro de Hacienda ha dejado claro que el IRPF sufrirá importantes cambios: “Vamos a hacer un impuesto completamente nuevo. Será equitativo, se contribuirá según la renta, según la capacidad económica, y estará acorde con los sistemas más avanzados de nuestro entorno”. Los continuos retoques sobre este tributo lo han convertido en una figura compleja —para presentarlo hay que rellenar más de 40 páginas— y difícil de calcular. Los expertos coinciden en que hay que simplificarlo pero también reducir los tipos marginales, entre los más altos del mundo si se tiene en cuenta el tramo autonómico —en comunidades como Cataluña alcanza el 56%—. La idea es que el IRPF refleje de forma más precisa la situación personal de los contribuyentes para que cada uno pague por su capacidad económica real. Por eso, el Gobierno pretende elevar el mínimo personal. Además, el mínimo personal no se actualiza con el IPC desde hace años lo que supone un alto coste al ciudadano.

También se reducirá el número de tramos del impuesto. Actualmente existen siete escalas que van desde los 17.707 euros a los 300.000 euros. La idea es dejarlos en tres o cuatro y revertir la mayor parte de la subida aprobada por el Gobierno en 2012, aunque no toda. La bajada de tipos se centrará en una primera fase en las rentas más bajas y se prolongará más adelante a las altas cuando la economía mejore. Los expertos deben calcular bien el efecto de la rebaja porque los primeros tres tramos del impuesto —los contribuyentes que cobran entre 17.707 y 53.407 euros— aportan más del 80% de la recaudación.

El grupo aplaza la devaluación fiscal

J. S. G.

No habrá una nueva subida de los tipos del IVA. Pero el impuesto sobre el consumo volverá a subir. Este galimatías se explica porque el Gobierno prepara una reclasificación de productos gravados a tipo superreducido (4%) a reducido (10%) y de este al general (21%). No hay mucho margen porque el Ejecutivo pretende preservar de este rediseño del IVA a sectores clave para la economía española como el turismo y la hostelería. Además, este tributo cuenta con ocho regímenes especiales —simplificado, agricultura, ganadería y pesca, bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, operaciones con oro de inversión, agencias de viajes, recargo de equivalencia, servicios prestados por vía electrónica y grupos de entidades— que será revisados en la propuesta del comité de expertos. Precisamente el grupo de sabios considera que la subida del IVA debe ir acompañado por una rebaja de las cotizaciones sociales, un movimiento que provocaría una devaluación fiscal: suben los precios interiores y bajan el coste de las exportaciones lo que impulsaría la economía. Pero esta devaluación fiscal tendrá que esperar porque las cuentas de la Seguridad Social no pueden digerir en estos momentos una bajada de cotizaciones. La idea es aplazar la medida hasta 2016 o 2017 o acompañarla con un impuesto vinculado al IVA —similar al modelo francés— que ayude a financiar las pensiones.