Bruselas alerta del riesgo para España de la crisis en los países en desarrollo
Bruselas advierte de que el banco malo cerró el pasado año con pérdidas Alerta de que se enfrenta a “grandes desafíos” ya que las ventas no cubren previsiones
El Gobierno defiende que España apenas tiene exposición a los países emergentes. En Argentina, que amenaza con un segundo efecto tango una década después, la presencia española es “muy reducida”, según el ministro Luis de Guindos. Ocurre que 10 de las 35 empresas del Ibex tienen intereses en aquel país, incluidas Telefónica, Santander y BBVA. Y que, por datos como ese, la Comisión Europea y el BCE no piensan lo mismo que el Gobierno. Del quinto y definitivo informe sobre el rescate financiero se desprende una impresión muy positiva, salpicada con al menos media docena de riesgos, que se resumen en uno: viene una recuperación pálida, y lo que es más importante, quebradiza por varios flancos, uno de ellos el de los países emergentes. “La reactivación de España será frágil y está sujeta a riesgos externos: un cambio en las condiciones financieras internacionales y una desaceleración en los mercados emergentes, especialmente en América Latina, un área a la que las empresas españolas están particularmente expuestas”, resume el informe.
España ha cumplido con creces las condiciones del programa de rescate. Ha hecho reformas y recortes, ha conseguido una indiscutible mejoría en los mercados, ha disipado las dudas sobre sus entidades financieras, muestra un puñado de indicadores prometedores. Y sin embargo, en todo análisis serio sobre España hay que poner como caución el adverbio de duda “quizá”. El informe de Bruselas y el Eurobanco está plagado de quizás. Un ejemplo: la banca mejora, pero “pese a los brotes verdes, el alto nivel de paro y la debilidad del mercado inmobiliario seguirán poniendo en dificultades la rentabilidad del sector (ante la caída de los márgenes y el creciente deterioro de la calidad de los activos) y el esfuerzo de recapitalización”. De momento la cosa funciona, pero quizá pueda darse la vuelta.
La recuperación está ahí, pero el crédito aún no toca fondo —lo hará a lo largo de 2014— y es “imperativo” seguir con los ajustes y reformas. Quedan varias por hacer: la Comisión critica el retraso de la ley de liberalización de servicios profesionales y reclama celeridad en la reforma de la Administración pública, la revisión del sistema fiscal y “un esfuerzo adicional en las políticas laborales”.
Las 35 páginas del informe son una larga lista de tareas pendientes. Y en muchos casos urgentes, pese a que los miedos de los hombres de negro no siempre están justificados: la ley andaluza para frenar los desahucios llegó a ser considerada un “riesgo sistémico” en informes anteriores, y ahora apenas aparece de soslayo, por la “inseguridad jurídica” que pueden provocar algunas legislaciones autonómicas.
A pesar de los pesares, la tesis en las instituciones europeas es que el rescate ha sido un éxito. Ese es el mensaje al que se ha agarrado el Gobierno, que ha puesto a funcionar toda su batería propagandística para tratar de sacarle el mayor partido a la salida limpia del programa. Del informe se deduce que desde el punto de vista del sector financiero las cosas pueden torcerse si la recuperación no se consolida por el jaleo en los emergentes, pero también por alguna otra razón: un agujero mayor en alguna de las cajas nacionalizadas o por las dudas sobre el banco malo.
Sareb cerró 2013 en pérdidas. Sus ventas van por debajo de lo esperado. El modelo de negocio presenta riesgos, hasta el punto de que varios ejecutivos están a punto de dejar la entidad. La Comisión pone el acento en los conflictos de interés por la competencia de los bancos que forman parte de su accionariado, y en los efectos del deterioro del mercado inmobiliario y la subida de la morosidad. Recomienda que Sareb “siga adaptando sus estrategias de desinversión” a la luz de esos riesgos. Y pide al Gobierno que mantenga la vigilancia para “minimizar el coste para los contribuyentes”. Esa última frase se presta a distintas interpretaciones: una de ellas es que Sareb puede necesitar futuras inyecciones de capital, y el Estado concentra el 45% de las acciones; el contribuyente puede tener que volver a rascarse el bolsillo.
Polémica por la regulación bancaria
La normativa financiera que aprobó la Comisión Europea este miércoles es, según su máximo responsable, Michel Barnier, “la última pieza del engranaje” que evitará que los grandes bancos europeos sean “demasiado grandes para quebrar, demasiado costosos para ser rescatados o demasiado complejos para ser liquidados”. Pero la propuesta ha recibido las críticas de los que la consideran demasiado conservadora y acusan a Bruselas de no haberse atrevido a forzar a los gigantes financieros a separar sus negocios de inversión de la banca minorista. Al mismo tiempo, Gobiernos como el francés y el alemán —que ya habían aprobado normas menos ambiciosas— y el sector financiero rechazan la iniciativa por ir demasiado lejos.
Barnier, comisario europeo de Servicios Financieros, propone prohibir la negociación por cuenta propia en instrumentos financieros y materias primas, aquella cuyo único fin es especulativo. Se trata de impedir estas actividades por el alto riesgo que implican. Pero Bruselas ha sido menos radical en la principal medida que se esperaba: la separación entre banca comercial y de inversión para proteger algo tan sensible como los depósitos. Serán los supervisores nacionales los que tengan la capacidad, y en algunos casos la obligación, de tomar esta decisión que podría afectar a unas 30 entidades en toda la UE, entre ellas el Santander y el BBVA. “[Estas medidas] han sido calibradas cuidadosamente para asegurar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la estabilidad financiera y la creación de condiciones propicias para prestar a la economía real”, añadió Barnier.
La Comisión prevé que estas reglas, que aún deben ser aprobadas por los Gobiernos y el Parlamento Europeo, entren en vigor entre 2017 y 2018.
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