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Casi 700.000 hogares carecen de cualquier tipo de ingreso

Unos 3,5 millones de parados llevan más de un año sin trabajar

Una oficina de empleo del Paseo de las Acacias de Madrid EFE

Seis años de desplome laboral arrojan un saldo desolador. El paro de larga duración ha alcanzado cotas que amenazan con enquistarse en la sociedad española por muchos años. El número de hogares en el que todos sus miembros están desempleados ha llegado hasta los 1,8 millones. Y de la mezcla de ambos datos, surge un cóctel demoledor: las familias en las que ninguno de sus miembros tiene ingresos se ha duplicado desde que comenzó la crisis, ya son 686.600, según la encuesta de población activa.

El paro de larga duración se convertirá, probablemente, en una de las heridas de esta crisis que más tardará en cicatrizar. Conforme ha pasado el tiempo y la caída laboral no revertía, la cifra crecía. Quienes llevan más de un año sin trabajar ya suman más de 3,5 millones de desempleados, el 61% de todos los parados. El problema se agudiza porque de este colectivo más de 2,3 millones están en esa situación más de dos años.

Pasar mucho tiempo sin trabajar, es uno de los peores lastres que tienen los parados para volver a incorporarse al mercado laboral. A la hora de contratar, las empresas prefieren optar por alguien que se acaba de incorporar al mercado laboral o quien ha perdido su empleo hace poco tiempo. No facilita la salida que muchos de los parados provengan de la construcción, un sector que sigue sin levantar cabeza y que probablemente no volverá a tener su antiguo vigor. Tampoco ayuda la escasa formación de muchos de quienes integran este colectivo. De ahí que los expertos adviertan de que el paro de larga duración generado durante esta crisis precisará mucho tiempo y muchos recursos —léase dinero— para que se pueda solucionar.

Hablan de políticas activas, de formación, de orientación laboral y también de extender la protección (prestaciones y subsidios). También lo hacen los sindicatos. Porque la falta de oportunidades laborales es solo una de las caras del paro de larga duración. La otra es el agotamiento del seguro de desempleo, tanto en su parte contributiva como en la asistencial, que abocan a buena parte de este colectivo al riesgo de exclusión social.

1,8 millones de familias tienen a todos sus miembros en paro

Este peligro lo afrontan buena parte de los 1,8 millones de hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja. Pero no todos, ya que esto no quiere decir que ninguno de ellos tenga ingresos. Puede darse el caso de que al menos uno de sus integrante perciba la prestación por desempleo, una pensión o algún tipo de renta, como un alquiler.

Quien seguro que afronta el riesgo de exclusión son las 686.600 familias en las que ni uno solo de sus miembros percibe algún tipo de ingreso. Al comienzo de la crisis, a mitad de 2007, este colectivo suponía justo la mitad. El paso del tiempo ha hecho que el problema se duplique. Sobre todo en los últimos años, debido fundamentalmente a la propia estructura del seguro por desempleo, que en un primer momento amortiguó el impacto.

El paro de larga duración amenaza con enquistarse durante varios años

Desde 2009, el peor año de la crisis, el gasto del seguro de desempleo asciende a unos 30.000 millones anuales. Casi tres puntos del PIB. Pero esto no implica que quienes perdieron su trabajo a comienzos de la crisis mantengan algún tipo de ayuda, ya que la prestación por desempleo (la parte contributiva de la ayuda y la primera que se percibe) tiene una duración máxima de dos años y el subsido, excepto en algunos casos, no se cobra hasta la jubilación. Además los recortes aprobados en 2012 endurecieron el acceso al subsidio para la mayor parte de sus ponteciales beneficiarios.

Además del dato de hogares sin ingresos que proporciona el INE, hay otro que apunta en la misma dirección: la tasa de cobertura de las ayudas al desempleo. Según el Ministerio de Empleo, el pasado noviembre, último mes con datos disponibles, el 61,4% de los parados registrados en las oficinas de empleo disponían de algún tipo de ayuda, una porcentaje muy inferior al máximo que se marcó años antes, cuando se llegó a superar el 80%.

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