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Sacyr busca acuerdos parciales para evitar parar las obras en Panamá

La constructora asegura que seguirá con la ampliación del Canal, pero no retira su amenaza de suspensión

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El presidente de la constructora española Sacyr, Manuel Manrique, durante la rueda de prensa.

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, se mostró hoy convencido de que el consorcio que lidera la compañía para llevar a cabo la ampliación del Canal de Panamá finalizará el proyecto pese al conflicto abierto con el administrador de la infraestructura a cuenta de unos sobrecostes que la constructora reclama y Panamá, hoy por hoy, no admite. Manrique recalcó que el consorcio trabaja en “diferentes escenarios que mejoren la situación de cash flow” de la empresa y así se evite la paralización de la obra.

La crisis estalló el pasado 1 de enero, cuando el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) envió una carta a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la que le advertía de que, como consecuencia de los sobrecostes, el grupo agotaba su flujo de caja y paralizaría los trabajos a partir del 21 de enero, a no ser que la ACP asumiera esas cargas adicionales. La constructora los valoraba en 1.625 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros), casi el 50% del total del presupuesto.

“Estamos trabajando en varios escenarios que mejoren el cash flow. La situación está mejor que hace unos días”, señaló el presidente de Sacyr en su primera rueda de prensa en Madrid desde que se hizo público el conflicto. La entrega de avales por parte del Estado, señaló, no es una de las posibilidades, ya que, según explicó el presidente de Sacyr, la ministra de Fomento, Ana Pastor, “lo denegó en su visita” al país el día de Reyes.

Lo único que explicó Manrique respecto a esos “escenarios” que otorguen liquidez al GUPC es que intentarán resolver las discrepancias de menor cuantía de forma urgente. Es decir, dentro del global de sobrecostes cifrados por el consorcio hay partidas muy cuantiosas (como las discrepancias por el uso del basalto, que se eleva a 500 millones de dólares) y otras de menor volumen económico (10, 20 o 50 millones) que podrían desbloquearse antes.

Hasta ahora, dijo, el problema de costes imprevistos se había ido solventando con los anticipos que entregaba Panamá, pero conforme el proyecto avanza (su finalización está prevista en 2015, con ocho meses de demora) estos ingresos bajan. La ACP lleva ya pagada más del 60% de la obra.

Para Manrique, no hay un “conflicto” con Panamá, sino un problema de “decalaje” en el tiempo entre la liquidez que necesitan las obras y la resolución de las discrepancias por los costes, de las cuales unas se dirimen en arbitrajes internacionales y otras en una junta de mediación específica contemplada en el contrato.

“Hay ofertas encima de la mesa”, recalcó el ejecutivo español. La última jugada que trascendió, el pasado 7 de enero, fue la propuesta del GUPC para que Panamá entregase un adelanto de 400 millones de dólares (unos 293 millones de euros) y, por su parte, la constructora aportaría 100 millones de dólares con el fin del bloqueo. La oferta de la ACP consistía en entregar 183 millones de dólares a cambio de que el consorcio pusiera los 100 y retirase su amenaza de paralización de los trabajos.

Este “preaviso”, en palabras del Manrique, no se ha retirado todavía, aunque el ejecutivo no dejó de reiterar a lo largo de su comparecencia ayer un mensaje optimista respecto al desenlace de la negociación: “Las obras van a seguir, solo contemplamos en el escenario de un acuerdo, las obras se van a acabar”, fue repitiendo.

En cualquier caso, aseguró que la solvencia financiera de Sacyr “no se verá comprometida” como consecuencia de este proyecto, que no resulta “determinante” en la estabilidad económica de una compañía que, recalcó, “es solvente y sólida financieramente”.

Lo emblemático de la obra —el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá es la obra más emblemática del país— ha puesto la disputa en el foco de ambos países. Sacyr y sus socios ganaron el concurso frente a otros dos rivales con una oferta económica que resultaba 1.000 millones de dólares más económica que la siguiente más baja. Esta diferencia llevó a unos de los perdedores, el consorcio liderado por los estadounidenses Bechtel a afirmar que ese precio “no daba ni para pagar el hormigón”, una frase desvelada en los cables de Wikileaks de la Embajada de EE UU en Panamá. Manrique replicó ayer que la oferta “no era temeraria” y destacó que su propuesta logró “la mayor puntuación de la parte técnica, que supone el 55% del total”, aparte de vencer en la rama de precio. Además, apuntó que “en su día ningún competidor puso una reclamación formal”.

 

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