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TRIBUNA

Falta voluntad política contra el fraude fiscal

Crece el porcentaje de ciudadanos que creen que ha aumentado el fraude fiscal en la última década.

El último barómetro fiscal del Instituto de Estudios Fiscales no deja lugar a dudas en cuanto a las opiniones de los ciudadanos sobre el fraude fiscal, ya que el porcentaje que cree que se ha incrementado el fraude fiscal en la última década ha pasado del 79% al 89%. Sin embargo, y en línea con las encuestas de años anteriores, la valoración de la asistencia que presta la Agencia Tributaria al contribuyente supera el 86% de satisfacción.

Lo que resulta aún más preocupante es que en ese barómetro fiscal es que el 49% de los encuestados consideran que la causa principal del fraude se debe a causas de índole administrativa: impunidad de los grandes defraudadores, la gente que más tiene es la que menos paga, e ineficacia de la lucha contra el fraude.

Dado que los datos se refieren al año 2012, es de esperar que en la encuesta del próximo año las opiniones sean aún más negativas, debido a la pérdida brutal de imagen que ha padecido la Agencia Tributaria en los últimos meses como consecuencia de su actuación en determinados expedientes, y de la inestabilidad de su estructura directiva, con el baile continuo de nombramientos y ceses, que ha aumentado la percepción por parte de los ciudadanos de su utilización política.

Los sucesivos Gobiernos repiten de forma machacona que una de sus misiones prioritarias es la lucha contra el fraude fiscal, pero los que estamos al pié del cañón no nos dejamos engañar por las palabras, salvo que vayan acompañadas de hechos, lo que hasta ahora no ha ocurrido. La única conclusión posible es que falta voluntad política para luchar contra el fraude fiscal, a pesar de las manifestaciones en sentido contrario.

Así, recientemente se ha aprobado, en palabras del Ministro, la "ley contra el fraude más dura de la democracia", pero la experiencia nos dice que las medidas positivas que contiene no van a servir para mucho si no se solucionan los graves problemas que tiene el órgano encargado de aplicarla: la Agencia Tributaria.

Igual que con el fraude fiscal, la situación de la Agencia Tributaria no se soluciona con una medida milagrosa, sino que además hay que dotarla de los medios suficientes y acometiendo reformas en su estructura, en su forma de trabajar; dar solución a la nefasta política de recursos humanos, y aislarla de las influencias políticas. Además, se debería acometer otras reformas legales, como abordar la creación de la policía fiscal, reformar el delito fiscal, modificar los procedimientos para poder perseguir con eficacia a los defraudadores recalcitrantes, o establecer responsabilidades y duras sanciones para quienes inciten o colaboren con el fraude.

Por lo que se refiere a la falta de medios, en la Ley de Presupuestos para el año 2014 se comprueba que no se soluciona uno de los graves problemas que tiene la Agencia Tributaria: la falta de medios humanos en la lucha contra el fraude fiscal, ya que en dicha ley se dispone (lo mismo que en años anteriores) que solo se puede reponer 10 de cada 100 funcionarios que se jubilen, y no hay que olvidar que se prevé en los próximos años una pérdida importante de efectivos como consecuencia de las jubilaciones. Además, un dato a tener en cuenta es que la Agencia dispone de la mitad de efectivos en la lucha contra el fraude en comparación con países como Francia, Reino Unido o Alemania.

Otro tema regulado en la Ley de Presupuestos es el presupuesto de la Agencia, compuesto por un importe fijo, igual al año anterior, pero que ya había sido recortado de forma importante en los últimos años. Además, la institución percibe un 5% de las liquidaciones que efectúa, por lo que resulta incomprensible que, con la que está cayendo y siendo la Agencia el organismo encargado de gestionar el sistema tributario, no se haya hecho un plan especial de lucha contra el fraude fiscal, como los Inspectores de Hacienda llevan demandando en los últimos años y con el que se podría aportar importantes recursos a las arcas del Estado, y ello sin coste adicional, ya que los mayores recursos necesarios para aplicar dicho plan se obtendrían de ese 5%, mayor cuantos mayores ingresos se liquiden.

En mi opinión, la falta de voluntad política de luchar contra el fraude fiscal obedece a diferentes causas. Una de ellas es de carácter cuantitativo, ya que los 10.000 millones de ingresos que se obtienen de media anual en la lucha contra el fraude resultan insignificantes en relación con los ingresos tributarios totales del Estado. Es importante tener en cuenta, además, que una parte importante procede de cobros de liquidaciones de años anteriores y que fueron recurridas en su momento. El político siempre mira a corto plazo y no demuestra interés en abordar reformas estratégicas, o planes cuyos resultados se puedan alargar en el futuro, y la lucha contra el fraude fiscal no puede abordarse nunca con políticas a corto plazo.

Una segunda causa es que en la lucha contra el fraude se tendría que abordar el cometido por las grandes empresas y grandes fortunas, habiéndose demostrado hasta ahora que no hay mucho interés. Prueba de ellos es que cuando los inspectores ponen el dedo en la llaga, como ocurrió con las Sicavs, les quitaron las competencias para comprobarlas.

Los ciudadanos responden en las encuestas que no defraudan más debido al miedo a una Inspección y esa respuesta le resulta suficiente a los políticos para no hacer más. No se debería olvidar que con el tiempo y con la falta de medidas adecuadas, ese miedo que los ciudadanos dicen tener a la Inspección desaparecerá porque los defraudadores se darán cuenta de las nulas posibilidades de que el fraude sea descubierto, salvo que se refiera a rentas controladas, que eso funciona como un reloj.

José María Peláez Martos, Inspector de Hacienda del Estado