El ‘tarifazo’ de la luz se modera al 2,3%

El Gobierno fija por decreto la tarifa por primera vez desde la liberalización

Buscará un nuevo método para el cálculo del recibo a partir de marzo de 2014

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La luz subirá el 1 enero, como todo los años, pero el aumento se moderará hasta el 2,3%, alejando el fantasma del tarifazo que amenazaba con un incremento del 11% tras la subasta eléctrica que tuvo lugar la semana pasada. Presionado por el clamor social contra esta nueva y disparatada subida, el Gobierno ha decidido moderar el aumento vía decreto ley, aprobando un aumento del 1,4% para la parte liberalizada del recibo y de otro 0,9% para el tramo regulado. En conjunto, un aumento del 2,3% que deberán afrontar los consumidores.

EL PAÍS

Como reconoció este viernes el presidente Mariano Rajoy, el conflicto eléctrico ha sido el tema “más complicado” al que se ha enfrentado hasta ahora su Gobierno, y que le ha llevado finalmente a intervenir los precios cuando estos se han disparado. La contestación social y política que ha levantado el anuncio del tarifazo, ha forzado al Ejecutivo a optar por una fórmula “transitoria” y de urgencia de decretar la subida del primer trimestre de 2014. Y se da un plazo tres meses para encontrar un método definitivo que sirva para cálcular la tarifa a partir de abril del próximo año.

Rajoy descarta que se vaya aumentar el déficit de tarifa

En una decisión inédita desde la liberalización completa del sector en 2009, el Gobierno ha utilizado el decreto ley (aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes) para fijar este aumento lo que, en la práctica, supone la intervención de los precios de la energía. Conocedor de que esta situación no se puede prolongar en el tiempo, porque ni la regulación nacional ni la comunitaria lo permiten, el Ministerio de Industria se ha comprometido a buscar otro mecanismo que sustituya al actual de subasta Cesur en función de precios de futuros, y en la que participan eléctricas y agentes financieros, y cuya anulación el pasado día 19 desató el conflicto.

Para cubrirse legalmente en esta intervención, el Gobierno ha optado por hacer suya la propuesta de subida más moderada de las dos que le ofrecía la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): la del 1,4% en el tramo liberalizado del recibo, que toma como referencia los precios de la energía del último semestre de 2013, frente al aumento del 2,9% que usaba el último trimestre.

Tras este parche, y a la espera de conocer el nuevo método para fijar la tarifa de último recurso (TUR), a la que están acogidos más de 16 millones de usuarios, el consumidor seguirá sin saber que le deparará el recibo de la luz en 2014. Los precedentes no son nada alentadores. Con el incremento de enero, la luz habrá subido cerca del 10% en nueve meses tras las revisiones que tuvieron lugar en octubre (3,1%), agosto (3,2%) y julio (1,2%). Desde 2006, el aumento supera el 70%.

Rajoy dio a entender, en su balance de fin de año, que su Ejecutivo intentará parar esa escalada: “No podemos tener la tercera electricidad más cara de Europa porque eso es contrario a la competitividad de las empresas españolas y es malo para la creación de empleo al ser uno de los costes más importantes. Porque además podemos producir el doble de energía eléctrica que la que consumimos. Esto no tiene explicación. Y hay que corregirlo”.

Pero en Industria ni siquiera se atreven a dar un pronóstico sobre cómo evolucionará la factura en 2014. Y hasta sus cálculos sobre la evolución que ha sufrido hasta ahora resultan indescifrables. Pese a los citados aumentos de la tarifa en 2013, el Ministerio que dirige José Manuel Soria estima que la factura anual para una familia media con dos hijos ha caído un 3,1% en este año, y que el impacto de la subida de enero del 2,3% solo les supondrá un aumento del gasto del 0,2%.

Respecto al nuevo mecanismo para fijar la parte liberalizada del recibo se abren todas las incógnitas. En fuentes de Industria solo se asegura que seguirá habiendo revisiones trimestrales y aunque se evita la palabra “subasta” se insiste en que se basará en “sistemas de mercado”. Entre las opciones que se baraja, está la de tomar como referencia una media de los precios que cotizan en el mercado diario durante un periodo o realizar más de una subasta Cesur para compensar las desviaciones y evitar la especulación. La parte del recibo regulada, la que compensa los peajes eléctricos (costes como transporte, distribución, primas a las renovables y deuda eléctrica), se congelará.

El consumidor deberá compensar a las eléctricas si los precios se disparan 

Otra incógnita es si con las últimas medidas se aumentará el déficit de tarifa, la diferencia entre lo que les cuesta teóricamente producir la energía a las eléctricas y lo que cobran por el recibo, y que ya acumula 29.000 millones de euros. Rajoy negó tajantemente que fuera a aumentar pero habrá que echar cuentas. Por lo pronto, Industria ha reconocido que si el aumento fijado para enero resulta menor que los precios reales de la electricidad los consumidores deberán compensar la diferencia en el siguiente recibo.

El último fleco del dislate eléctrico es el judicial. Las compañías están estudiando medidas legales contra el decreto del Gobierno. Las eléctricas, a su vez, y los 36 participantes en la última subasta, están bajo sospecha de manipulación (el ministro Soria las acusó tajantemente hace unos días aunque ahora ha suavizado sus declaraciones). Si la CMNC confirmara esas sospechas en la investigación que elabora debería aplicarles fuertes sanciones. E Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha presentado una denuncia contra las eléctricas ante el Fiscal General del Estado por presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de la luz y el de las subastas y concursos públicos.

La inversión en electricidad estará ligada al PIB

El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos sobre el transporte y la distribución de electricidad en los que limita la inversión máxima anual en esas actividades al 0,065% y al 0,013% del PIB, respectivamente, y se establece una retribución ligada a la deuda pública.

Conforme al PIB actual, la inversión al año reconocida a la distribución ascenderá a 130 millones y la del transporte a 650 millones, mientras que la retribución en ambos casos será del 6,5 % (obligaciones más 200 puntos básicos), si se toma el coste actual de las obligaciones del Estado.
Las empresas que hacen estas actividades deberán elaborar planes anuales y plurianuales de inversión, que deberán ser aprobados por este departamento, y presentar a las comunidades autónomas afectadas sus planes de actuaciones en las áreas que sean de su competencia.

El transporte y distribución forma parte de la parte regulada del recibo de la luz y se paga mediante las tarifas. Sin embargo, la nueva normativa estipula que si hay sobrecostes en estas actividades derivado de normas autonómicas o locales no se sufragarán con la tarifa. Asimismo, la norma propone una limitación de desviaciones y reconocerá solo parte del sobrecoste en el que incurran las empresas, incrementos que deberán estar debidamente justificados y auditados.

Se hará un control de la inversión realmente realizada debiendo presentar
las empresas un informe de auditoría externo y, en caso de incumplimiento
de los planes previstos, se reducirá el volumen de inversión autorizado. El conjunto de parámetros técnicos y económicos previsto en ambos reales decretos se revisará cada seis años.

La distribución (redes de media y baja tensión) se realiza principalmente por las empresas asociadas en Unesa —Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON—, mientras que el transporte (redes de alta tensión) lo hace prácticamente en exclusiva Red Eléctrica de España (REE).

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