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Empleo plantea limitar el papel de sindicatos y patronales en la formación

El Gobierno pretende que los agentes sociales dejen de ser “juez y parte” en el nuevo sistema que quiere pactar con ellos antes de acabar febrero

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, entre el presidente de la CEOE, Juan Rosell, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

El Gobierno quiere darle un vuelco a la formación de los trabajadores. Quiere que los sindicatos y las patronales dejen de ser “juez y parte”, y en las negociaciones que acaban de comenzar les ha planteado limitar su papel en el nuevo sistema de formación. La estructura actual se asienta sobre un pacto, el cuarto, prorrogado desde 2010. El Ministerio de Empleo quiere sacar adelante uno nuevo antes de febrero, según un documento titulado Avanzando hacia un nuevo modelo de formación.

“Se considera indispensable eliminar el doble papel de los agentes sociales como participantes en la planificación, programación y diseño del subsistema y, en paralelo, como ejecutores de la formación y perceptores de los fondos”, desarrolla el informe fechado el 25 de noviembre al que ha tenido acceso este diario. Al menos los sindicatos ya han presentado sus alegaciones. Hasta el momento, las tres partes solo han mantenido una reunión. La segunda se iba a celebrar el pasado viernes, pero fue suspendida a última hora.

El documento de Empleo también plantea “definir claramente el marco competencial a la vista de las sentencias del Tribunal Constitucional, donde se refuerza el liderazgo que debe ejercer la Administración General del Estado”. En el último año, el alto tribunal ha emitido, al menos, seis sentencias sobre este asunto, varias de ellas por conflictos de competencias entre la Administración central y las comunidades.

La actual estructura de formación se asienta sobre un complejo sistema en el que participan el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente de Empleo, la Fundación Tripartita (integrada por el mismo SEPE, los sindicatos estatales UGT y CC OO y el gallego CIG, y las patronales CEOE y Cepyme) y las comunidades autónomas. Su presupuesto total asciende a 2.125 millones, procedentes en su mayor parte de la cuota de formación que se paga en el conjunto de cotizaciones a la Seguridad Social (1.860 millones). De este dinero, poco más de 1.100 se destinan a cursos y ayudas a parados y 953 a formación de ocupados. De todos estos recursos, 787,3 millones —todos en la parte destinada a los empleados— los gestiona la Fundación Tripartita y, de ellos, 181 millones se destinan a los cursos subvencionados.

En sentido estricto, el papel de “juez y parte” de sindicatos y patronales del que habla Empleo se da en esta última parte, la estatal. Los agentes sociales participan en el diseño de los programas formativos a través de la citada fundación. Colaboran en la adjudicación de los mismos, al asesorar al SEPE en este paso a través de la misma fundación. Y, finalmente, reciben financiación para impartir los mismos cursos que han propuesto. No obstante, esto no excluye que en las autonomías los agentes sociales también jueguen un papel y reciban fondos.

Los sindicatos están dispuestos a dejar la ejecución directa de cursos

La intención del Gobierno de cambiar el sistema no es nueva. Explican en Empleo que, pese a las últimas polémicas —las facturas falsas de UGT en Andalucía en formación de parados y el del supuesto fraude de los cursos del empresario José Luis Aneri han puesto en la picota a este sistema—, no se trata de derribarlo todo. Su intención es más bien “abrirlo a la concurrencia”, es decir, que la impartición de la formación se adjudique en concursos en los que puedan participar centros de formación públicos, privados y de agentes sociales. El Gobierno ya dio algunos pasos en este sentido en la reforma laboral de 2012, pero hasta ahora se ha aplicado a programas que suman unos 40 millones. Si finalmente estos planes se llevan a cabo, es previsible que, al repartirse los fondos de los cursos subvencionados entre más participantes, se reduzca la cuantía que reciben los agentes sociales.

Los sindicatos, acuciados —como la patronal— por la constante acusación de que usan la formación para financiarse, se han mostrado dispuestos a dejar la impartición directa de cursos. Explican en UGT y CC OO que quieren que los centros públicos, como los de Formación Profesional ganen protagonismo. No obstante, advierten de que su intención es acudir a los concursos que se abran a través de las fundaciones formativas creadas hace años (IFES, en el caso de UGT, o FOREM, en el de CC OO). La patronal, en cambio, no se opone a que haya concurrencia en la formación, pero rechaza retirarse de los concursos directamente.

Un sistema bajo constante sospecha

“Ignorar que ha habido fraude, es inútil”. Esta frase la pronunciaba un alto cargo de la patronal sobre el sistema de formación hace un par de semanas. Aunque a continuación matizaba: “No es generalizado, para nada. Es un buen sistema y es necesario. Además, es el sistema más analizado buscado e inspeccionado”. Pero esto no evita que cada cierto tiempo surjan casos como sucedió la semana pasada con el empresario José Luis Aneri, que supuestamente ha cometido fraude en la organización de cursos o el de las facturas falsas de UGT en Andalucía, en este caso en cursos de parados.

Cada vez que surge un nuevo episodio de esta clase, cunde la sospecha y revive el rumor de que los agentes sociales se financian con estos cursos. Sindicatos y empresarios lo niegan. Y se defienden afirmando que el sistema está fiscalizado y controlado por la Inspección de Trabajo y el Tribunal de Cuentas. Otro argumento habitual es que ellos no gestionan los más de 2.000 millones que consume la formación, que, en el ámbito estatal, la cifra de subvenciones para ofertar cursos para ocupados es de unos 200 millones. De ellos, en 2013, los planes de formación de la CEOE y la Cepyme han recibido 51 millones; los de UGT, 24,7; y los de CC OO, 23,6. También reciben dinero organizaciones de autónomos y los sindicatos minoritarios (13 millones).

Pero esta es la parte más pequeña de la formación. En los últimos años se ha desarrollado lo que en el argot del sector se conoce como “formación de demanda”, que este año se prevé que consuma 575 millones. Esta es una modalidad que se creó en 2003 que consiste en que las propias empresas organizan o participan en los cursos que creen conveniente y pueden deducirse parte de su cuota a la Seguridad Social para formación (0,7% sobre la base de cotización). El porcentaje a bonificarse varía en función del tamaño de la empresa: desde 50% en el caso de las empresas con más de 250 trabajadores hasta una ayuda de 420 euros para las que tienen menos de cinco empleados.

Precisamente, este último tramo de ayudas ha tratado de ser eliminado por el PP en las enmiendas a los presupuestos con el argumento de que hay “ineficiencias” y que ha impulsado la creación de cerca de 7.000 entidades que imparten formación. Al final, el PP ha rectificado. Pero eso no impide que el SEPE denuncie en ocasiones “malas prácticas”.