Más impuestos que recortes en 2013
Las medidas adicionales para generar ingresos pesan este año más que el tijeretazo al gasto público en el ajuste presupuestario, según estima el Gobierno
El Ejecutivo de Mariano Rajoy defiende una y otra vez haber primado en el ajuste presupuestario las medidas de reducción de gasto, que la troika —el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE)—, consideran menos lesivas para el crecimiento. Pero el ajuste hecho este año, que debería acortar el déficit público del 6,8% al 6,5% del PIB, descansa más en las subidas de impuestos que en los recortes, según cálculos del propio Gobierno.
El Ejecutivo insiste en que prima la austeridad, pero este ejercicio no es así
Bruselas permitió a España este año relajar algo el ritmo del ajuste. Aun así, achicar el déficit del 6,8% al 6,5% requiere un esfuerzo extraordinario, ya que los recortes y las subidas de impuestos deben compensar que la crisis haya disparado el gasto en prestaciones por desempleo e intereses de la deuda pública, o que haya mermado la recaudación. Las medidas adicionales dispuestas por las Administraciones en 2013 equivalen al 3,7% del PIB, según detalla el último informe del Tesoro para inversores internacionales, divulgado la semana pasada.
De la política fiscal, el informe del Tesoro reitera que está “centrada en los ajustes por el lado del gasto con menor impacto en el crecimiento”. Un mensaje que se incumple este ejercicio: solo las subidas adicionales de impuestos (el alza del IVA, a diferencia de 2012, se aplica todo el año, y se han eliminado más deducciones del impuesto de sociedades) elevan los recursos del Estado en un 1,7% del PIB (unos 17.000 millones), más de lo que suponen este ejercicio todos los nuevos recortes presupuestarios (1,5% del PIB, unos 15.000 millones).
Más allá de las subidas de impuestos, el ajuste en el lado de los ingresos debería llegar en 2013 al 2,2% del PIB, según el documento, que retoma datos enviados a Bruselas en octubre. Aunque eso dependerá de que se cumplan los planes de privatizaciones de las comunidades autónomas.
La vertiginosa subida de impuestos (incluido el alza del IRPF o del IBI) acometida por el Gobierno para atajar el déficit no solo erosiona la popularidad del PP, como hacen los recortes, sino que también incita las críticas de la troika. “Hay que evitar las medidas fáciles, como las subidas de impuestos en países que ya los tienen muy altos. Hay que bajarlos y recortar el gasto improductivo”, aseguró en junio pasado el presidente del BCE, Mario Draghi. “Las cifras no acreditan de ningún modo que el ajuste se haya hecho sobre la subida de impuestos”, replicó entonces el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Pero las cifras a las que se refería Montoro eran las de 2012, no las de este año. Al ejercicio pasado se refirió también el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, cuando aseguró que “el esfuerzo se ha hecho por la vía del gasto público y no por la vía de los ingresos”. Si el balance se hace con los dos primeros años de legislatura y 2014, ya presupuestado, el resultado es que las medidas para aumentar ingresos aportan al ajuste tanto (un 4,8% del PIB, unos 48.000 millones) como los recortes presupuestarios. Y aquí queda por ver cómo van a lograr las Administraciones españolas otros 2.500 millones de ajuste que Bruselas exige en 2014 para que las cuentas cuadren.
Solo cuando se incorpora la estimación del Gobierno para 2015 se podría concluir que el ajuste de toda la legislatura deberá algo más a las medidas de recorte de gasto (5,8% del PIB), que al recargo en los ingresos (5,1%). Pero la incógnita presupuestaria para 2015 es mayúscula. En año electoral para comunidades, se concentra el recorte de gasto en sanidad y educación, de competencia autonómica. Además, queda por revolver la reforma fiscal que el Gobierno quiere poner en práctica ese año. Entre otras cosas, porque las atropelladas subidas de impuestos casi nunca lograron sus objetivos recaudatorios.
Como es habitual, el informe del Tesoro sintetiza el resto de la política económica del Gobierno. Cuando los destinatarios son inversores internacionales, el Ejecutivo cambia el lenguaje y el énfasis. No hay empacho aquí en llamar “contrato de crisis” a lo que Empleo insiste en catalogar como contrato de apoyo a emprendedores. Ni tampoco en subrayar que el empleo por cuenta propia vuelve a pesar más que el empleo público, gracias a que se han destruido unos 400.000 puestos de trabajo en las Administraciones.
Si en el Congreso se martillea con que el gasto en pensiones públicas es insostenible, para justificar la reforma del sistema, aquí se destaca que el aumento de gasto previsto en pensiones hasta 2030 es uno de los más bajos de la zona euro. Se elude el problema de los ingresos, o que esa misma estimación sí anticipa un incremento significativo para 2060. Y menudean las alusiones a los efectos de la devaluación salarial, con comparaciones llamativas: la remuneración por hora trabajada, en su pico, solo llegó al 75% de la media de la zona euro. Ahora ha vuelto al 71%. Y bajando.
