Palestinos e israelíes buscan la paz a través de los negocios
La creación de una corte de arbitraje trata de dinamizar la economía de Cisjordania y Gaza
Dos décadas de negociaciones políticas entre israelíes y palestinos han dado pocos resultados tangibles. Las conversaciones se han eternizado y el escepticismo impera en ambas partes. Los territorios palestinos son cada año más dependientes de Israel y de la comunidad internacional, mientras los asentamientos residenciales y empresariales de colonos judíos en Cisjordania se expanden sin excesivas trabas y comen tierra y recursos.
Lo que los políticos y activistas no han conseguido hasta ahora lo quieren intentar los empresarios. Un plan de dinamización económica en Cisjordania y Gaza respaldado por Estados Unidos y una nueva corte de arbitraje para empresarios israelíes y palestinos trata de sentar los cimientos de una fuerte economía palestina sobre la que se sustente la independencia y la prosperidad de un futuro Estado en paz con Israel.
El lunes se presentó la nueva Corte Internacional de Arbitraje de Jerusalén, formada por empresarios palestinos e israelíes, con el respaldo de la Cámara Internacional de Comercio y los Gobiernos de ambas partes. Su objetivo es mediar de forma privada en disputas empresariales, en un proceso al que se deben someter voluntariamente los afectados. Hasta ahora las disputas entre empresarios israelíes y palestinos se decidían a través de un farragoso procedimiento definido por el acuerdo de paz de Oslo en 1993. Las listas de espera y la falta de confianza solo han incrementado el recelo empresarial entre ambas partes. Según Nadia Darwazeh, secretaria general de la nueva corte arbitral, su objetivo es “garantizar un proceso independiente e imparcial entre empresarios israelíes y palestinos”. Espera admitir al menos una decena de casos en su primer año.
Dos mundos, dos economías
El plan de dinamización de la economía palestina no es un plan de paz ni tiene como objetivo dar paso a soluciones políticas. Lo que busca es crear prosperidad en Cisjordania y Gaza para que puedan comenzar a caminar solos si logran la independencia. “Es un buen plan”, explica Zahi Khouri, un empresario palestino que además sirve en la nueva corte de arbitraje. “Pero hay que reforzar los elementos facilitadores, que hagan los proyectos posibles, y estos están en un 95% en manos de Israel. El acceso de los ciudadanos a los bienes, las licitaciones para explotar los depósitos naturales de agua, el conseguir frecuencias para cobertura móvil 3G y muchas otras cosas. Si Israel no lo permite, ¿quién va a invertir aquí?”.
El año pasado la economía de Israel creció un 3,3%. En agosto, la tasa de desempleo llegó a su nivel más bajo en 20 años, un 6,1%. Cisjordania, por su parte, sufre un desempleo del 19% y un déficit presupuestario que se estima que a finales de año alcanzará los 1.400 millones de dólares. Allí tiene su sede la Autoridad Palestina, a la que Occidente e Israel consideran un interlocutor válido en el proceso de paz. Gaza controla desde 2007 el grupo islamista Hamás, aislado y con pocos aliados. Cada año las instituciones internacionales y los Gobiernos extranjeros inyectan unos 1.500 millones de dólares a la economía palestina. Estiman los expertos que desde la firma del Acuerdo de Oslo se han invertido en Cisjordania y Gaza 20.000 millones de dólares, que en su mayoría han ido a parar para pagar salarios de los funcionarios y a tapar los déficits presupuestarios, y no a las necesarias inversiones que podrían dinamizar la economía y sentar los cimientos de una paz duradera.
Hay una gran asimetría económica entre Israel y los territorios palestinos. El comercio entre ambos alcanza un volumen, en este momento, superior a los 4.300 millones de dólares anuales. Israel exporta 3.500 millones de dólares al año a la zona palestina e importa de esta solo unos 800 millones. Gaza, extremadamente empobrecida, sufre un bloqueo de Israel, que cada año permite la entrada allí de unos 50.000 camiones con bienes como material de construcción, comestibles y medicamentos. Cisjordania, aún ocupada, se halla en un 61% bajo control civil y militar israelí. En el primer semestre de este año vio cómo su producto interior bruto se redujo en un 0,1%, según el Banco Mundial. Es la primera ocasión en que sufre una contracción de su valor en la producción de bienes y servicios desde 2003, durante la segunda Intifada.
Cisjordania sufre además el crecimiento de asentamientos de colonos judíos, residenciales y empresariales. Varias empresas israelíes han tomado parcelas en zonas fértiles como el valle del Jordán, donde cultivan, por ejemplo, dátiles. Según Saeb Erekat, negociador jefe palestino, los palestinos solo pueden cultivar un 4,7% de la tierra del valle, y los colonos judíos que operan allí obtuvieron en 2012 al menos 612 millones de dólares en beneficios por explotarla. Erekat dijo en septiembre que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha exigido un acuerdo de paz que pase porque Israel mantenga el control del valle durante 40 años. “Por supuesto. Con unos beneficios como estos puede quererlo hasta 400 años. Esto no es un problema de seguridad. Es un problema de robar tierra y sacar provecho de ella”, según Erekat.
La nueva corte de arbitraje espera crear entendimiento entre empresarios israelíes y palestinos para generar prosperidad y sentar las bases de un entendimiento comercial si se llega a un acuerdo definitivo de paz. Tendrá nueve miembros, dos de ellos elegidos por las divisiones de la Cámara Internacional de Comercio en Israel y en Palestina. Al resto los elegirá el presidente del tribunal, el empresario turco Rifat Hisarciklioglu. Como ambas partes deben someterse al arbitraje voluntariamente, no habrá riesgos de politización del proceso. Para ello, además, la Corte Internacional de Arbitraje y la Cámara Internacional de Comercio han cambiado sus normas para permitir que, en el caso de israelíes y palestinos, el arbitraje excluya a Estados o entidades públicas.
“Durante muchos años un 10% o un 15% de los casos de la Corte Internacional de Arbitraje provienen de Estados o entidades públicas. De hecho, en 2012 cambiamos nuestras normas para dejar absolutamente claro que no solo tratamos disputas estrictamente en el sector comercial privado”, explica el presidente de esa corte, John Beechey. “En este caso hemos hecho lo opuesto. Hemos destacado que este proyecto tratará exclusivamente con comercios en el sector privado. La última cosa que queremos es quedar enredados en política, porque creemos que el proceso ya está lo suficientemente politizado. Si esto va a funcionar, debe ser sobre una base comercial”, añade.
En ese espíritu de buscar entendimiento a través del sector privado, en septiembre el llamado Cuarteto de Madrid —EE UU, Rusia, la Unión Europea y Naciones Unidas— presentó un plan de inversión económica en los territorios palestinos por valor de 4.000 millones de dólares. Incluye proyectos respaldados con fondos extranjeros en sectores tan diversos como el turismo, la extracción de gas natural y potasio, la generación de energía eléctrica y la agricultura. Lo supervisa el enviado especial de ese cuarteto a la zona, el ex primer ministro británico Tony Blair. Según se dice en el informe donde se detalla del plan, “hay una gran necesidad de negociaciones políticas para lograr un acuerdo final, pero también para que la credibilidad de esas negociaciones se vea respaldada por una serie de cambios robustos, visibles y prácticos en la vida de los palestinos”.
