La expresidenta de la Comunidad de Madrid y el exalcalde de Getafe declaran en la Audiencia

Los cooperativistas que confiaron en la gestora PSG, dirigida y administrada por David Moreno Pingarrón han sabido siempre dónde vive y por eso no entendían bien que los diferentes juzgados ante los que era demandado sucesivamente tuvieran dificultades para localizarle.

Ahora saben también donde está a las horas de comer: ha sido condenado a ayudar en la cocina de la prisión. Según el Grupo Independiente de Cooperativistas (GIC) que, junto con Unexco, agrupa a los afectados, Moreno Pingarrón "ha ingresado en régimen abierto para pernoctar y ocuparse, entre otros, del servicio de comidas, en el Centro de Inserción Social Victoria Kent, tras ratificar la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 16, la sentencia que le condenaba a dos años y medio de prisión, inhabilitación y a una indemnización de 142.298 euros, por apropiación indebida cuando se ocupaba de mensajería registral y tramitación de escrituras en PSG".

Quienes han atravesado el drama que supone sentirse estafado y soportar dificultades económicas severas, esperan mayor sanción. Son 1.800 cooperativistas de las sociedades Getafe Capital del Sur y Getafe Cuna de la Aviación, que han desembolsado una media de 30.000 euros.

Por una causa diferente, presunta estafa inmobiliaria, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid se sigue otro juicio en el que, como informa Europa Press, van a declarar como testigos los que, cuando se produjeron los hechos, eran presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consejera de Vivienda, Ana Isabel Mariño, y alcalde de Getafe, Pedro Castro.

Moreno Pingarrón, en su defensa, alega que si no hay viviendas se debe a la financiación ilegal de los partidos y acusa tanto a Pedro Castro como a las políticas responsables del gobierno regional, en este último caso por el precio de expropiación del suelo.

El gestor con el dinero de los cooperativistas compró un suelo que se sabía iba a ser expropiado. Estaba situado en el consorcio Los Molinos-Buenavista. La fórmula del consorcio formado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento ha operado expropiando el suelo para después adjudicarlo en concurso público, una vez urbanizado.

A pesar de la reconocida opacidad del mercado del suelo, esta fórmula permitía un mejor control a la hora de garantizar que el suelo para vivienda protegida se vendiera al precio fijado; a diferencia de lo que sucedía en el caso de los PAU, con gestión privada y sobreprecios generalizados. Otra cosa podían ser algunos procesos de adjudicación del suelo en concurso pero de lo que se trata es de si los cooperativistas fueron o no estafados por Moreno Pingarrón.

Por apropiación indebida el administrador único de PSG se enfrenta a seis años y seis meses de prisión. Se suman tres más por un delito societario, inhabilitación especial, según Europa Press.